A propósito de cumplirse este 21 de abril un mes de los primeros enfrentamientos armados entre militares venezolanos e irregulares en la población de La Victoria y otras zonas de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez, ubicado en la frontera del Alto Apure, el activista de derechos humanos Walter Márquez y la ONG PROVEA denuncian otras presuntas ejecuciones extrajudiciales en la zona.
En el caso del ex diputado tachirense afirma que tras realizar una nueva visita a ese eje fronterizo que separa al estado Apure con el Departamento de Arauca y luego de conversar con los familiares de las cuatro personas que resultaron muertas el pasado 25 de abril en la locación de El Ripial aseguró que «los miembros de la familia Ramírez Remolina trabajaban como agricultores en la finca Los Caracaros, en las cercanías de La Victoria, pero fueron detenidos y hechos prisioneros en su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio de La Victoria, donde los funcionarios militares y policiales cometieron destrozos».
Márquez aseveró que «el argumento para detener a la familia Ramírez Remolina era que tenían doble cédula, venezolana y colombiana, cuando esa es una realidad permanente debido al constante intercambio económico, cultural y social en la frontera, y es un derecho constitucional desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Constitución de la República de Venezuela desde 1999».