Un informe de la UCO señala que Santos Cerdán y Leire Díez lideraron una supuesta trama delictiva destinada a proteger los intereses procesales del Gobierno y de Pedro Sánchez. 

Tras levantarse parte del secreto de sumario de la causa que investiga el juez Pedraz, hay indicios que señalan a Cerdán, a Gaspar Zarrías o al todavía diputado Juan Francisco Serrano. Aún más preocupantes son los indicios que apuntan a que desde Ministerio del Interior se pudo ordenar a la UCO no investigar los casos cercanos al Presidente. Si desde el PSOE se organizó un entramado criminal destinado a desacreditar las investigaciones judiciales que afectan al jefe del Ejecutivo, cuesta concebir que Sánchez no estuviera al tanto. Durante meses, dirigentes socialistas intentaron convertir a Leire Díez en una mera militante, pero a la vista del contenido de la causa esa versión resulta ya insostenible.

En el caso de que Leire Díaz hubiera maniobrado a espaldas del partido, tanto el PSOE como Sánchez deberían querellarse. 

Que hasta la fecha no se haya tomado ninguna medida es un indicio más que apuntala la tesis de que el funcionamiento de la red sería, cuando menos, tolerado. Desde que imputaron a su mujer, Pedro Sánchez ha intentado extender la posibilidad de que hay una guerra sucia contra él. Pero a la vista de la información contenida en el sumario, cabe pensar que fue el PSOE quien inició una campaña de intoxicación y chantaje para proteger sus intereses ante los tribunales.