José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, declara hoy en la Audiencia Nacional en calidad de imputado. El expresidente intentó retrasar parte de su declaración ante el juez Calama, pero nada ha impedido que, llegada la fecha, tenga que explicar no solo su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, sino también el origen de las joyas encontradas en su oficina. 

El juez imputa a Zapatero por liderar una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" destinada a "la obtención de beneficios económicos". Se trata de un total de cuatro delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando. Ninguno de ellos es baladí y, mucho menos, tratándose de quien ha presidido el Gobierno de España y ha ostentado la secretaría general del PSOE.

La imputación de Zapatero ha causado en muchos un trauma del que parecen no saber recuperarse. Ciertamente, el perfil que el expresidente se había construido no se corresponde con los delitos que se le imputan. Pero no es eso lo que se juzga.

 Si Zapatero es mejor o peor persona no es objeto de juicio en un Tribunal de Justicia. Sobre Zapatero pesa un reproche penal que, además, tiene importantes consecuencias políticas. Y estas afectan al Gobierno de España. Sánchez podrá guardar silencio, negar la realidad y apelar a la teoría de las manzanas podridas, pero la investigación de la Audiencia Nacional tiene el objetivo de sacar a la luz una trama de corrupción de la que se ha servido el poder político por acción o por omisión.