La hora líquida

Por Eduardo Anguita

La noticia salió al aire como quien impulsa un cohete hacia la estratósfera. El domingo 16 por la noche, en un programa de C5N, se dijo que el gobierno había decidido privatizar ARSAT. Según el zócalo del programa de Roberto Navarro, se llevaba a cabo “la primera privatización de Macri”. Una carta de intención de la estatal ARSAT (Argentina Satelital, 100% de las acciones en manos del Estado nacional) con la empresa estadounidense Hughes, firmado el pasado 29 de junio, según el programa El Destape, se convertía en el primer paso para privatizar la explotación de los satélites geoestacionarios argentinos. El martes, ARSAT, a través de un comunicado difundido por la agencia Télam, afirmaba que la carta de intención le otorga a Hughes el 51% de la empresa Newco, destinada precisamente a la fabricación y explotación del ARSAT-3. El 49% restante quedaría en manos de la estatal ARSAT. El comunicado agregaba que “nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con los impuestos de los argentinos”. En verdad, una frase muy poco afortunada que lejos de aclarar, oscurece la idea de cómo pueden obtenerse beneficios de la explotación de un satélite geoestacionario destinado a brindar servicios de datos para soportes tales como televisión, telefonía e internet. Un satélite como el mencionado -sea privado, estatal o mixto- es capaz de recibir señales desde ciertas antenas transmisoras y enviarlos en una determinada frecuencia a los dispositivos en cuestión, teléfonos, televisores, computadoras. Eso es un proceso muy complejo y sofisticado, que escapa al conocimiento de este cronista. Sin embargo, cualquiera sí puede entender dos cosas. La primera es que la ley de desarrollo satelital, votada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2015, prohíbe expresamente la transferencia del 51% de las acciones clase A que el Estado tiene en ARSAT sin previa autorización de los dos tercios del Congreso. Lo segundo, más prosaico, es que las empresas que contratan satélites geoestacionarios pagan por ello. Y lo suficientemente bien como para que sea rentable, más allá de que la operación comercial esté en manos privadas o estatales.

Por coincidencia, el Ministerio de Comunicaciones dejó de estar en manos de Oscar Aguad, de modo que tiene su portal desactivado y no brinda información oficial. A su vez, el portal de ARSAT, que está en la grilla de ese ministerio, tampoco brinda información oficial. En las radios y los portales, en consecuencia, se escuchan versiones de todo tipo y color. Varios hablan de que para privatizar una empresa pública es preciso una ley del Congreso.

Un poquito de historia

Los satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y sobre la franja del Ecuador. Dado que el espectro es finito, hay un organismo bajo la órbita de Naciones Unidas -la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- que establece qué países pueden aspirar a tener posiciones orbitales. Hace ya 20 años, la Argentina obtuvo las posiciones geoestacionarias 72 y 81 grados longitud oeste. Es decir, quedó una reserva en el espectro para que el Estado nacional pusiera en órbita y explotara esos satélites. En caso de no hacerlo, podía perder las posiciones y algún otro país sería beneficiario. En 2006, Néstor Kirchner creó Argentina Satelital (ARSAT) y asumió el desafío de construir los satélites y ocupar los espacios. Así, se logró en 2013 y 2015 poner el ARSAT-1 y el ARSAT-2 respectivamente en esas posiciones. A través de la construcción con una participación destacada de la empresa de tecnología INVAP (una SA cuyo capital accionario está en manos de la provincia de Río Negro que se autofinancia, y tiene sus laboratorios principales en Bariloche).

En el mundo de los satélites los grandes jugadores son privados, aunque se alimentan también de las agencias estatales. Empresas como AT&T,

El 58,6% de las personas entre cero y 18 años que viven en la Argentina es pobre. Dicho de otro modo, sólo cuatro de cada 10 pibes tienen en sus casas al menos algo más que lo indispensable para comer, vestirse, acceder a la educación, cloacas en sus casas y padres que trabajan lo suficiente como para mantener el hogar. Seis de cada 10 pibes en la Argentina afrontan limitaciones en áreas críticas como alimentación, educación y salud, además de problemas de hábitat tales como el acceso al agua potable y cloacas.

Pobreza, exclusión, falta de oportunidades. Como el debate por años fue el fraude estadístico del INDEC parece que acá lo importante es no mentir. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos con la verdad?

Biafra, en los años sesentas, fue sinónimo de la vergüenza de la desigualdad, la pobreza, la desnutrición y los asesinatos en masa. Pasaron muchos años y es preciso ponerlo en contexto. En 1970 Biafra perdió su independencia y de a poco dejó de ocupar un espacio en los medios de comunicación de los países centrales. Incluso de la Argentina, que pese a vivir bajo una dictadura, tenía algo así como un 4% de personas pobres.

Medio siglo después, los pobres, los desnutridos, los que mueren de hambre son muchísimos más. Y no es porque el crecimiento exponencial de la población haya dejado atrás la producción de alimentos. Por el contrario, los avances tecnológicos y las fronteras agropecuarias permitirían alimentar a muchos más de los 7.000 millones de habitantes de la Tierra.

Por Eduardo Anguita

"Este es un país de boludos. Producimos alimentos para 500 millones de habitantes y tenemos un tercio de la población bajo la línea de la pobreza". La frase, aunque no resulte original, sonaba muy apropiada en la voz de Reynaldo Sietecase después de haber buscado palabras que mejor definen a los distintos pueblos de este bendito subcontiente sudamericano. Le faltó decir que, además, es un país de canallas. Pero Reynaldo está eximido porque él es canaya, hincha de Central, así, con ye, como lo escribía el Negro Fontanarrosa.

La Argentina produce soja y girasol en tal cantidad que efectivamente estamos en los primeros puestos de exportación mundial de oleaginosas, tanto en granos como en harinas y aceites. Nuestro principal comprador es China, un país que prefiere comprar la materia prima sin procesamiento industrial para hacerlo en su propio territorio. Pese a las inundaciones y los calores, pese a la falta de un debate serio sobre las inconveniencias de la prominencia de los commodities, las exportaciones agropecuarias resultan una rueda de auxilio fundamental para nuestra balanza comercial. Una balanza que, dicho sea de paso, en 2016 resultó deficitaria. Con una caída pronunciada de la producción y el consumo, con más estímulos para la exportación, el año pasado, la Argentina compró más de lo que vendió a sus clientes.

El desempleo crece. Según los especialistas en temas laborales, por el crecimiento vegetativo, para mantener las cifras de empleo, la Argentina debería incorporar a 200 mil personas por año al mercado laboral. Sobre un total de 44 millones de personas, tienen empleo formal sólo 12 millones. Unos seis millones tienen trabajo en negro. Los desocupados son 1.700.000 y representan el 9,2% del total de personas empleadas. Si se cotejara la cantidad de personas que buscan trabajo con quienes tienen un empleo en blanco, la cifra de desocupación treparía al 14%.

Eduardo Anguita analiza el desempleo en un contexto global de desigualdad, en el que las comunicaciones y las herramientas de trabajo avanzan permanentemente pero no se reflejan en más y mejores empleos.

El 8 de junio se cumplen 44 años de la firma del Pacto Social promovido por Juan Domingo Perón. Dos semanas antes de su regreso desde España, el gobierno de Héctor Cámpora, a instancias del propio Perón, promulgó este acuerdo con la Conferedación General del Trabajo, representada por José Ignacio Rucci, y la Confederación General Económica, para definir la política económica, en pos de incrementar la participación de los trabajadores en la distribución del Producto Bruto Interno.

Esta semana en Pasado Presente, Eduardo Anguita recuerda las condiciones políticas, económicas y sociales de aquel entonces, y traza una línea hacia el día de hoy, momento en que la situación institucional es infinitamente mejor, pero el panorama económico aún no ha hecho grandes avances.

En octubre de 2011, el entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunciaba que cuatro años después, es decir en octubre de 2015, se inauguraría el primer tramo del Ferrocarril Sarmiento que iría bajo tierra. Lo que quedó enterrado, en verdad, fue la gran mentira de la obra pública vinculada a algo tan sensible como el transporte público. Además, si hubo algo que sucedió en el Sarmiento fue la Tragedia de Once, precisamente cuatro meses después del anuncio de De Vido. Y fue por la falta de inversión o por la inversión pensada para el minúsculo grupo de empresarios y funcionarios que sacaron réditos personales mediante sobreprecios y giros de dinero a los paraísos fiscales.

Eduardo Anguita analiza en su espacio Pasado Presente la trama de impunidad y corrupción de la obra pública, que no discrimina signos políticos ni gestiones.

No es preciso ser experto en etimología para saber que Patria remite a la tierra de los padres, a los orígenes, a una identidad colectiva. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia a una Nación, a un conjunto de tradiciones, a una bandera y a un pueblo, es muchas veces también una elección. Cada cual tiene, llegado un momento, derecho a preguntarse cuál es su lugar en el mundo, más allá de que tenga las condiciones para mudarse.

En la Semana de Mayo, Eduardo Anguita reflexiona sobre el cada vez más volátil, pero no por ello menos importante, concepto de Patria en Pasado Presente.

El pasado lunes, el periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, universalmente reconocido por sus investigaciones sobre narcotráfico, fue asesinado en Culiacán por el Cartel de Sinaloa. Es es el quinto asesinato a un periodista por parte de los narcotraficantes en México en lo que va de 2017.

Hoy en Pasado Presente Eduardo Anguita hace un breve racconto de la evolución del narcotráfico en países clave como México y Afganistán y su potencial e historia incipiente en Argentina, subrayando fragmentos del libro Qué hacer con las drogas, de Juan Gabriel Tokatlian.

En su columna Pasado Presente, Eduardo Anguita reflexiona sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que posibilitaría la reducción de penas y otorgaría la libertad prematura a condenados por delitos de lesa humanidad.