La convivencia, la complementariedad de los idiomas debería ser la norma a establecer. Pero nos encontramos con varios territorios —varias comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi, Valencia, Baleares y Galicia— que imponen políticas lingüísticas que relegan, rechazan e, incluso, repudian al castellano convirtiendo al español en un idioma proscrito condenado al destierro.