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Con la inundación del 7M, la institución perdió una de sus principales sedes, sufrió la destrucción de instrumentos y materiales y, ahora, enfrenta serias dificultades para garantizar el dictado de clases.
La Justicia Federal dictó la medida por el delito de encubrimiento, aunque se investigan al menos otros tres hechos.
Las fechas y los recuerdos funcionan como disparadores emocionales para una comunidad que aún procesa lo ocurrido en marzo.
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