Este lunes 15 de junio se abre el plazo para decidir el destino de 10,5 millones de euros en nuestros barrios. Sin embargo, la Federación de Asociaciones Vecinales emite un aviso de alarma: decepcionados por los fallos técnicos, la brecha digital y el uso del dinero para mantenimiento ordinario, han decidido no posicionarse sobre si los vecinos deben o no participar.

Imagínate que en tu comunidad de vecinos os reunís para decidir en qué gastar los fondos comunes. Tras debatir y votar, elegís arreglar los columpios del patio. Sin embargo, cuando llega la hora de pagar a la empresa de reformas, el administrador os dice que se ha gastado el dinero en otra cosa, que la hucha está vacía y que si queréis columpios, tendréis que volver a votarlo el año que viene.

Algo muy parecido es lo que las asociaciones vecinales de Valladolid denuncian que ocurre con los presupuestos participativos de la ciudad.

A las puertas de que este lunes arranquen las votaciones para elegir los proyectos de los años 2027 y 2028 (donde hay en juego 10,5 millones de euros de dinero público), el ambiente en el tejido social es de profunda desgana. La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales acaba de publicar una valoración extraordinariamente crítica en la que denuncia desorganización y un desequilibrio que favorece a los barrios con mayor capacidad para movilizar clics digitales, en detrimento de las zonas más envejecidas de Valladolid .

Para comprender la gravedad de esta crisis, hay que mirar el mapa completo de un proceso que se ha desgastado tanto en los despachos como en las pantallas de nuestros teléfonos.

El problema más grave no es cómo se vota, sino qué pasa después con lo votado. Las asociaciones vecinales reclaman claridad sobre el estado de ejecución de los presupuestos de años anteriores, un seguimiento que consideran opaco .

Detrás de esta queja se esconde el conflicto judicial que arrastra el proceso. En la primavera de 2025, la Federación tomó una decisión inédita: llevar al Ayuntamiento a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo porque el equipo de Gobierno municipal no incluyó en los presupuestos generales la partida suficiente para ejecutar las obras que los vecinos ya habían elegido democráticamente en 2023 .

Margarita García, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, aclara que la vía judicial sigue su curso lento. “De momento está todo parado en el juzgado, estamos pendientes de sentencia” , explica, y detalla que aquel recurso sirvió al menos para frenar un reglamento de participación que aún no estaba cerrado. “El hecho de presentar la demanda hizo que se remitiera otra vez a asesoría jurídica y a otros órganos de control del propio Ayuntamiento para garantizar que ese reglamento nuevo cumpliera todos los requisitos legales”.

Aun así, la sombra de la duda planea sobre las votaciones de este lunes: ¿Qué garantías reales hay de que los proyectos más votados se vayan a ejecutar de verdad?

Cuando la Federación alerta de “dificultades técnicas y desequilibrio territorial”, no habla de teoría, sino de números muy concretos. Desde la concejalía de Participación Ciudadana se ha defendido históricamente este sistema de voto telemático y de verificación por SMS como una medida necesaria para modernizar el proceso, evitar duplicidades y garantizar la seguridad de las votaciones. Sin embargo, la realidad de los barrios demuestra que esta digitalización forzosa ha terminado por beneficiar a las zonas más jóvenes en perjuicio de las más envejecidas.

La presidenta de la Federación pone un ejemplo numérico muy revelador de lo ocurrido durante la fase de recogida de apoyos. En la zona antigua de Delicias , un barrio tradicional con una densidad de población enorme pero con una media de edad alta que sufre la brecha digital, solo han conseguido pasar el filtro 5 propuestas vecinales . En cambio, en Pinar de Jalón , una zona residencial nueva con mucha menos población pero con perfiles más jóvenes y habituados a la tecnología, se han seleccionado 10 propuestas .

“Pinar de Jalón tiene una población más joven que ha sido capaz de movilizarse para que las propuestas salieran con mucha puntuación por el tema de los apoyos online”, matizan desde la Federación. “Esto está generando muchos problemas y malestar en los barrios más envejecidos” .

Este abandono tecnológico fue tan evidente al inicio de la convocatoria que los propios vecinos tuvieron que auto-organizarse. El pasado mes de enero, ante las dificultades para buscar y entender las propuestas en la web municipal, la comunidad vecinal online Aldea Pucela tuvo que programar y lanzar un portal paralelo con un mapa interactivo para que la ciudadanía pudiera localizar fácilmente las necesidades de sus calles de forma voluntaria.

Los presupuestos participativos de Valladolid no son una concesión del Ayuntamiento de turno; son una conquista histórica del tejido vecinal que costó años de reivindicación . A la falta de ejecución de las obras y las barreras digitales se suma, según la Federación, el “abandono sistemático” del Grupo Motor.

Este órgano mixto (donde representantes vecinales y técnicos municipales debían revisar, filtrar y coordinar juntos todo el proceso) ha quedado vaciado de funciones por el control unilateral del Ayuntamiento . A esta pérdida de peso vecinal se añade el último jarro de agua fría de esta convocatoria: que el Ayuntamiento esté utilizando este dinero reservado para inversiones en realizar labores ordinarias de mantenimiento de la ciudad que se deberían pagar con los impuestos comunes .

“Estamos bastante decepcionados”, confiesa Margarita García. “Buena parte de las propuestas que se llevan a votación ni siquiera corresponden a inversiones. Son de mantenimiento, cosas que se podrían sacar perfectamente adelante a través del servicio de atención 010 o que el propio Ayuntamiento debería hacer dentro de su gestión municipal corriente”.

Por este cúmulo de razones (los proyectos antiguos sin ejecutar, las barreras digitales y el desvío de fondos a parches de mantenimiento) la Federación ha tomado una postura insólita de cara al lunes: “No nos vamos a pronunciar con respecto a si hay que votar o participar en esta edición” .

A partir del lunes, las pantallas oficiales volverán a estar abiertas para recoger los votos de los vallisoletanos. Decidir si registrarse y participar para visibilizar las necesidades de tu calle, o dar la espalda al proceso como protesta, queda esta vez en manos de la reflexión individual de cada vecino .

¿Has intentado votar en tu barrio y has tenido problemas con la plataforma? ¿Cómo ha quedado la lista de propuestas en tu zona de Valladolid? En La Otra Pucela queremos tejer esta historia con tu experiencia real. Cuéntanos tu caso en la sección de comentarios.

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La Asociación Vecinal Reina Juana de La Farola solicita a la Junta y al Ayuntamiento que intervengan un tramo de 450 metros de tubería privada que transcurre por la calle Goya. De prosperar la reclamación, la empresa se enfrentaría a dos opciones: reformar por completo la calle Goya o retomar su proyecto suspendido para desviar los vertidos por el polígono.

Detrás de la eterna crisis de malos olores que afecta a decenas de miles vecinos del sur de Valladolid hay un debate técnico bajo el suelo. La asociación vecinal ha registrado dos escritos ante el Ayuntamiento y otro ante la Junta que destapan un vacío de control: AquaVall mide el agua a la salida de la fábrica de Findus, desentendiéndose de los 450 metros de tubería privada que cruzan el barrio hasta conectar con el colector municipal.

Al exigir que este tramo cumpla con la estricta normativa ambiental europea, el vecindario abre un nuevo escenario que obligará a la empresa a renovar esta red o a recuperar el proyecto de desvío directo de sus aguas.

Para las decenas de miles de personas afectadas en barrios como La Farola, Cuatro de Marzo, La Rubia, Delicias o el entorno de la Plaza de Toros, el olor “a fritos” o “a huevo podrido” no es una novedad . Es un vecino incómodo que se cuela en las casas por las noches, impide abrir las ventanas en verano y desgasta la paciencia de un vecindario que lleva años reclamando una solución real ante la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento.

La crisis estalló con fuerza a principios de 2024, cuando la administración autonómica se vio obligada a abrir un expediente sancionador contra la planta de Findus por las molestias de los malos olores.

La apertura de este proceso coincidió con una grave revelación por parte de la oposición: la Junta había estado ocho años seguidos sin realizar inspecciones periódicas ambientales a la planta, a pesar del goteo constante de denuncias en el barrio.

Desde entonces, la compañía de congelados ha defendido sus inversiones en filtros y ha atribuido los picos de hedor a fallos mecánicos o averías puntuales en sus depuradoras de residuos. Pero la tregua nunca llega a ser definitiva. Cansados de parches, los portavoces de la Asociación Vecinal Reina Juana de La Farola han decidido cambiar el enfoque.

La respuesta oficial de la Junta de Castilla y León el pasado 25 de mayo fue archivar las quejas de los vecinos al considerar que la depuradora de la empresa funciona de forma “habitual” y dentro de los límites.

Ha sido precisamente esta resolución la que ha empujado a la asociación vecinal a registrar su réplica técnica solo cinco días después. Su argumento es claro: de nada sirve que el vertido cumpla el límite legal de contaminación si la tubería donde se arroja no es capaz de soportarlo .

Hasta ahora, la versión oficial era sencilla: AquaVall mide los vertidos industriales justo a la salida de las instalaciones de Findus y, si los parámetros están en regla, no hay nada que reclamar.

Sin embargo, los vecinos revelan el truco: desde ese punto de medición hasta el gran colector municipal de la Carretera de la Esperanza hay un tramo de 450 metros de tubería que es de propiedad privada de la fábrica, pero que pasa por debajo de una zona densamente poblada.

Esa tubería, construida en la década de 1960, es obsoleta y no es estanca. El gran vacío reside en que, desde el año 2007, todas las licencias y controles ambientales de la Junta a Findus se han limitado a las instalaciones del otro lado de las vías del tren, ignorando por completo este desagüe privado que discurre bajo el barrio de La Farola.

Durante casi medio kilómetro, el vertido viaja caliente y cargado de materia orgánica sin que nadie controle qué ocurre dentro de esa vieja conducción .

Para entender por qué huele la calle, hay que comprender que una alcantarilla no es solo un tubo pasivo por el que corre agua. Cuando se dan las condiciones adecuadas, se convierte en un laboratorio químico.

Según los propios datos de monitorización de Findus, registrados durante un pico de olores la noche del 10 de abril de 2026 a las 23:25, el vertido se introduce en la red a una temperatura de 28,2 ºC y con una concentración de materia orgánica (el “alimento” que pudre el agua) de 368 mg/l .

La presión de estos gases acumulados encuentra una vía de escape muy fácil. Los vecinos han localizado cinco tapas de alcantarilla perforadas con agujeros de forma improvisada en un tramo de 400 metros de la calle Goya. Estas tapas, pertenecientes a la red privada de Findus, actúan como chimeneas pasivas que liberan los gases industriales directamente a la acera a ras de suelo, en plena zona residencial.

Bajo tierra, la situación es compleja porque una inspección interna con cámara robotizada detectó tres conexiones no documentadas enganchadas a este tubo privado de Findus. Estas entradas, reconocidas por la empresa y el Ayuntamiento pero ausentes de los expedientes ambientales, arrastran vertidos desconocidos y provocan retenciones de agua dentro del colector, lo que frena el flujo y acelera todavía más la fermentación de los residuos.

La petición de fondo de la asociación vecinal busca acabar con este limbo legal. Al exigir que este tramo privado de 450 metros se incorpore formalmente a la Autorización Ambiental de la fábrica, el escrito sitúa la red bajo los exigentes estándares de la normativa europea sobre prevención y control de la contaminación.

Si la Junta atiende la reclamación, la ley obligará a que esta tubería que pasa bajo las viviendas sea completamente estanca, esté debidamente aireada y garantice un control estricto de la temperatura del vertido . En la práctica, este nuevo marco técnico plantea a la multinacional dos únicas alternativas viables para resolver el problema:

Con este nuevo paso técnico ante las administraciones, la movilización de la zona sur traslada el debate más allá de las simples quejas por el hedor. Ahora, la resolución del conflicto depende de cómo decidan gestionar el Ayuntamiento y la Junta una infraestructura obsoleta que condiciona la salud y el bienestar de sus barrios.

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Entre la añoranza de los comercios perdidos, la falta de mantenimiento de la Esgueva y el reto de construir nuevas redes de apoyo para una población envejecida.

La Pilarica convive a diario con el gran debate sobre su futuro urbanístico. Sin embargo, para los vecinos que habitan sus aceras, el aislamiento real no se mide solo en planos ferroviarios, sino en la distancia al centro de salud, el abandono de la limpieza en el río o la falta de espacios de encuentro. Frente a la desconexión generacional, los residentes más jóvenes empiezan a plantear la necesidad de organizarse para cuidar de un barrio que envejece.

Caminar hoy por La Pilarica es transitar por un barrio lleno de contrastes. En la Plaza Rafael Cano, el paso peatonal que sustituyó al antiguo paso a nivel se ha convertido en un punto de encuentro habitual. Tiene rampas, bancos donde los vecinos charlan a la sombra y un ascensor que facilita el tránsito diario. Para los jóvenes y las familias que se mudan a la zona, estos pasos supusieron un cambio positivo en cuanto a seguridad y comodidad. Sin embargo, a unos metros de allí, la realidad se vuelve más compleja cuando se escucha a quienes llevan toda la vida sosteniendo el barrio.

Para las vecinas que nacieron aquí en los años treinta y cuarenta, la geografía cotidiana se ha vuelto cuesta arriba. No es un rechazo a la modernidad; es una cuestión de movilidad de los cuerpos. “Me siento más aislada desde que quitaron el paso de la vía”, explica una vecina nacida en el barrio en 1940. Para ella, tener que bajar y subir, o depender de la disponibilidad de un ascensor para realizar tareas tan cotidianas como la compra, se ha convertido “en un mundo”.

Pero el verdadero problema de este aislamiento no es solo el obstáculo físico del desnivel; es el destino del viaje. Las vecinas señalan que la progresiva pérdida de servicios de proximidad en sus calles las obliga a desplazarse cada vez más lejos. El centro de salud de referencia (Pilarica-Circular, en Doctor Montero) queda a una distancia difícil de asumir para quienes tienen peor movilidad. A esto se suma el cierre paulatino de locales comerciales que antes daban vida a las calles del barrio, como el emblemático bar QB en la Plaza Ventura Alonso, que cerró sus puertas en 2017 y que muchos aún recuerdan como un punto clave de reunión vecinal.

Esta falta de dotaciones básicas se extiende también a la movilidad peatonal del día a día. Un ejemplo histórico es la acera de la calle Salud, que continúa bloqueada. Desde la Asociación de Vecinos Pilarica señalan que, aunque parte de la solución depende de ADIF, esto “no puede servir como excusa para la inacción” y reclaman “coordinación y voluntad política entre administraciones” para resolverlo.

El proyecto de la calle Salud era uno de los que ya estaba financiado y planificado por el convenio de integración de 2017 que firmaron todas las administraciones. El 10 de octubre de 2024 (página 5 del PDF) ADIF recordaba al ayuntamiento que estaba incumpliendo con la terminación los trámites administrativos del proyecto de urbanización, dándole un plazo de un mes para hacerlo, algo que el Ayuntamiento no realizó. Este, junto con otros incumplimientos del convenio, desembocó en la resolución del mismo, dejando todas estas actuaciones paralizadas.

Para la asociación vecinal, el tema de la calle Salud se suma a otras intervenciones recientes en la ciudad que consideran que aumentan la brecha física, como el proyecto para el túnel del apeadero universitario, el cual se pretende zanjar con una rampa en forma de “U” en lugar de corregir lo que califican como un “error histórico” de diseño. Una reclamación que varias asociaciones enviaron a finales de 2025 y que no ha tenido respuesta.

Mientras los debates sobre las grandes infraestructuras ferroviarias monopolizan la atención política, los problemas a ras de suelo se acumulan en el día a día. Desde la Asociación de Vecinos Pilarica el diagnóstico es rotundo: existe un “déficit sostenido de mantenimiento” en calles y zonas verdes del barrio. Para la asociación, no se trata de incidencias puntuales, sino de una situación prolongada que afecta a espacios como la Plaza de la Lonja, la Plaza Rafael Cano o el Parque Madre Amadora, donde denuncian de forma constante elementos de juego deteriorados y “aceras levantadas que suponen un riesgo” para los viandantes. Esta dejadez, explican desde la asociación, alimenta una “sensación creciente de abandono institucional y trato desigual” en comparación con el mantenimiento que presentan otros barrios de la ciudad.

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el estado de conservación de la Esgueva. Concebido en su día como un paseo verde para el disfrute familiar, los vecinos denuncian un mantenimiento muy desigual. Una vecina nacida en el barrio en los años 80 señala una contradicción que se percibe a simple vista: "Hicieron un paseo muy bonito para tenerlo abandonado de la vía hacia nuestro barrio. La limpieza del cauce se hace en el primer tramo, pero de la vía hacia el Paseo del Cauce, en dirección a Renedo, está totalmente descuidado".

Esta acumulación de maleza y vegetación asalvajada no es solo un problema estético; atrae insectos, malos olores y plagas de roedores. Diego, vecino del barrio, relata un episodio gráfico: "El año pasado se me coló una rata en casa, y vivo en un segundo piso. Tuvimos que poner mosquiteras en todas las ventanas". Ante las quejas enviadas por canales municipales o aplicaciones oficiales, la respuesta suele ser el silencio administrativo o la justificación de que las normativas medioambientales impiden realizar desbroces profundos en el cauce.

Sin embargo, la responsabilidad sobre el estado de este tramo urbano está muy clara sobre el papel. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dictamina de forma firme que la limpieza ordinaria de los ríos a su paso por los cascos urbanos es una competencia exclusiva de los Ayuntamientos, y no de las confederaciones hidrográficas. A pesar de ello, el mantenimiento de este cauce ha sido motivo de constante disputa política. A finales de 2024, la oposición municipal reclamó formalmente una intervención urgente por razones de salubridad ante el volumen de quejas ciudadanas. Más recientemente, la polémica ha girado en torno a cómo financiar estos trabajos, tras las críticas al equipo de gobierno por intentar costear las obras de restauración ambiental de la Esgueva detrayendo fondos de la empresa pública de agua, Aquavall, en lugar de asumirlos directamente con el presupuesto general del consistorio.

Otro de los focos de preocupación diaria se sitúa en los accesos al CEIP Miguel Hernández. Aunque el centro educativo se encuentra físicamente en el colindante barrio de Los Pajarillos, muy cerca de la zona del 29 de Octubre, un área que quedó a medio rehabilitar en la anterior legislatura y que así continúa, su entorno es una zona de tránsito y preocupación compartida por las familias de Pilarica. Desde la Asociación de Vecinos Pilarica reconocen que este punto, junto con la cercana Plaza del Encuentro de los Pueblos, ha sido históricamente una zona de venta de drogas al por menor. Aunque constatan que la policía tiene últimamente “más celo en la vigilancia” de estos espacios, coinciden con las familias en que el entorno escolar dista mucho de estar en las condiciones óptimas y seguras que todos desearían.

Tradicionalmente, La Pilarica ha sido un barrio combativo y con una identidad muy marcada, fuertemente vinculada a sus tradiciones culturales y folclóricas. Como ocurre en muchos barrios con tanta solera, compaginar el peso de las grandes batallas históricas con las nuevas sensibilidades vecinales es uno de los grandes retos de futuro. En este escenario, la Asociación de Vecinos Pilarica mantiene como una de sus banderas principales el soterramiento ferroviario, una reivindicación defendida con firmeza por la directiva de la entidad desde hace décadas.

No obstante, en las calles de La Pilarica conviven hoy distintas visiones: mientras que para el sector histórico de la asociación este gran proyecto sigue siendo clave para que el barrio no quede “encajonado”, una parte significativa del vecindario (que en zonas como Pajarillos y Pilarica alcanza el 58% según sondeos de GAD3 para El Norte de Castilla) prefiere priorizar la consolidación y agilización de las obras de integración en superficie ya existentes para poder centrar los esfuerzos en solucionar las carencias del día a día.

Para la asociación, ambas dimensiones, las grandes demandas estructurales y las deficiencias cotidianas, son inseparables y complementarias. De hecho, en declaraciones a este medio, la AAVV comparte el diagnóstico vecinal de que existe un “déficit sostenido de mantenimiento” y detalla que exigen de forma constante equipamientos muy demandados por los propios jóvenes y mayores, como un nuevo consultorio médico, un centro de día o espacios culturales y deportivos. Sin embargo, a pie de calle, la inmensa carga mediática y política que rodea a la cuestión de las vías a menudo hace que estas pequeñas gestiones diarias queden en un segundo plano en la percepción vecinal, generando una sensación de desconexión entre la agenda pública y el portal.

A veces, la inercia de las estructuras tradicionales, aunque fundamentales para sostener el tejido social del barrio durante décadas, puede resultar difícil de transitar para quienes se acercan por primera vez con otras inquietudes cotidianas. “Hace unos años pensé en arrimar el hombro en la asociación”, comenta Diego, “pero cuando ves dinámicas tan asentadas y con tanta trayectoria, es normal que dé cierto reparo entrar uno solo a proponer cosas diferentes”. La juventud del barrio, que a menudo opta por trasladarse a la zona de Santos Pilarica por la falta de vivienda adaptada y accesible en el barrio histórico, busca también canales más ágiles y directos para abordar sus necesidades.

Ante esta situación, el verdadero reto para el futuro de La Pilarica no pasa por la confrontación, sino por sumar fuerzas y reconstruir el tejido comunitario desde la colaboración y la complementariedad. Sin necesidad de enfrentarse a las estructuras existentes, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de aportar su empuje tejiendo redes de apoyo informales y cooperativas utilizando las herramientas de comunicación actuales. Canales de chat o foros para organizar compras conjuntas, grupos de apoyo mutuo para los vecinos más mayores, redes de alerta para reportar incidencias de limpieza o iniciativas para dinamizar los parques son formas de participación que pueden convivir y enriquecer la andadura del barrio, logrando que ninguna voz quede fuera.

Es en esa búsqueda de soluciones prácticas y diarias donde el diálogo y el entendimiento mutuo se vuelven esenciales. En su escrito, la propia asociación hace un llamamiento directo que apela a todo el vecindario: “Es momento de dejar la bronca política y pensar en la ciudad”, reclaman, exigiendo a los responsables políticos de todo signo que sean capaces de “apartar la confrontación partidista y trabajar juntos por el bien común” para que el barrio no sea rehén de desacuerdos ajenos. Esta petición de consensos y de priorizar a las personas por encima de las siglas conecta de lleno con el deseo de los vecinos de centrar los esfuerzos en el bienestar de su entorno inmediato.

Al final, cuando se apagan las luces de las campañas electorales y los representantes políticos de distintas siglas terminan sus visitas al barrio para hacerse la foto de rigor, la realidad de La Pilarica sigue siendo la misma. Las promesas de grandes transformaciones a décadas vista no barren las hojas que obstruyen los desagües, no acercan la consulta del médico a quien apenas puede caminar, ni evitan que una rata suba a un segundo piso. Cuidar de La Pilarica, tal y como demandan sus vecinos, empieza por atender lo que ocurre hoy mismo a pie de calle.

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El pleno del pasado lunes escenificó un fuerte contraste: mientras se pacta reducir los tributos municipales, la implantación de la tasa de residuos perpetúa una presión fiscal histórica en los barrios. Al mismo tiempo, el consistorio bloquea proyectos clave en vivienda social y las mejoras de movilidad de Ariza y Arco de Ladrillo.

Para el bolsillo directo de los vallisoletanos, la sesión plenaria dejó una de cal y otra de arena en materia de impuestos. La coalición de gobierno aprobó una reducción adicional del 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, la oposición no tardó en calificar esta rebaja de mero espejismo publicitario, recordando que la carga impositiva en la ciudad ha alcanzado cotas históricas tras la implantación obligatoria de la tasa de basuras. El grupo municipal socialista insistió en que el Ayuntamiento rechazó la propuesta de compensar de forma equivalente este “tasazo” mediante una bajada del IBI verdaderamente sustancial. Por su parte, desde Valladolid Toma la Palabra (VTLP) se criticó con dureza el diseño de la nueva tasa de residuos al no tener en cuenta criterios de progresividad social, lo que acaba castigando con especial severidad a los hogares más pequeños y a los comercios de barrio con escaso volumen de desechos.

Esta contradicción fiscal coincide con un debate de cuentas en el que se constató una preocupante desconexión respecto al control del dinero público. Los informes de intervención revelaron un incremento del 14% en la contratación menor, con picos del 46% en el área de Alcaldía, y una subida del 250% en los procedimientos negociados sin publicidad, que superaron los cinco millones de euros. Se alertó de que entidades dependientes del consistorio fraccionan contratos para eludir los límites legales.

La parálisis en las políticas de vivienda centró otro de los grandes choques del pleno. VTLP y el PSOE exigieron la reactivación urgente del Programa ALVA, un plan de intermediación pública que durante la anterior legislatura facilitó el acceso a un alquiler asequible a jóvenes y familias de rentas medias al ofrecer a los propietarios de pisos vacíos garantías municipales de cobro e incentivos fiscales. El equipo de gobierno decidió suspender el programa, argumentando que la ley estatal de vivienda de ámbito nacional generaba incompatibilidades jurídicas con la duración de los contratos. Para los miles de demandantes de vivienda protegida de Valladolid, el rechazo a reactivar este plan de choque supone perpetuar la asfixia del mercado de alquiler libre en los barrios.

En lugar de movilizar el parque residencial libre, el pleno aprobó la iniciativa de Vox para crear un servicio de asesoramiento contra la okupación ilegal de viviendas dentro de la sociedad municipal VIVA. La oposición criticó duramente que se destine presupuesto y personal a un problema que según los datos apenas afecta al 0,06% del parque de la ciudad, en su inmensa mayoría inmuebles de entidades bancarias. Del mismo modo, el bipartito rechazó una enmienda para que el Ayuntamiento, que posee el 37% de los terrenos de La Florida, lidere de manera directa a través de VIVA la construcción de 1.500 viviendas protegidas en dicho sector, prefiriendo aprobar una moción genérica que pasa la competencia al Gobierno central para que este agilice los desarrollos privados del suelo.

El debate de las infraestructuras ferroviarias y de movilidad urbana escenificó cómo la renuncia a la integración en superficie afecta de lleno a la vida de los barrios. VTLP y el PSOE exigieron retomar de manera urgente el convenio de integración ferroviaria firmado entre el Ministerio de Trasportes, ADIF, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Dicho convenio contemplaba obras cofinanciadas al 75% por la administración central y autonómica, lo que implicaba que Valladolid solo debía aportar 20 millones de un total de 90 presupuestados para ejecutar pasos subterráneos vitales como los de Unión-Pelícano o el nuevo túnel de conexión para vehículos en la zona de Ariza. Al rechazar el equipo de gobierno de PP y Vox avanzar en estas actuaciones para no interferir en su promesa electoral de soterramiento total, zonas residenciales como La Farola y la Ciudad de la Comunicación continúan con grandes problemas de movilidad.

Esta parálisis y falta de proyecto definitivo tiene en coma a dos viaductos estratégicos de la ciudad. Por un lado, el viaducto de Arco de Ladrillo seguirá en pie a pesar de presentar nuevas grietas estructurales solo unos meses después de una rehabilitación de emergencia que costó más de dos millones de euros de dinero público. Por otro lado, los socialistas acusaron al Ayuntamiento de abandonar el viaducto de Daniel del Olmo, una arteria crucial para la conexión de Argales que permanece cerrada al tráfico de vehículos pesados desde 2023 por su grave estado de conservación. El propio concejal de Tráfico del PP admitió que para mejorarlo habrá que demolerlo, justificando que no realizarán ninguna intervención urgente en el viaducto para no perjudicar planes de soterramiento futuros. El resultado es un viaducto en Argales al borde del colapso y sin partidas presupuestarias reales ejecutadas para resolver la movilidad de los trabajadores.

El pleno ordinario de mayo también sirvió para aprobar una propuesta de Vox orientada a crear un protocolo estricto que controle administrativamente el padrón municipal para perseguir empadronamientos supuestamente fraudulentos. La oposición denunció que se trata de un protocolo innecesario y discriminatorio que dificulta la regularización de familias vulnerables e inmigrantes. Además, desde el Partido Socialista afearon la contradicción del alcalde Carnero, señalando que estuvo empadronado de forma presuntamente irregular en la capital para concurrir a las elecciones municipales mientras su domicilio real se ubicaba en una urbanización de Simancas.

Por último, el debate del transporte público y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desnudó por primera vez de forma abierta las discrepancias internas del bipartito local. Tras declarar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que es nula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Vox instó al pleno a suspender inmediatamente las multas y el régimen sancionador. Sin embargo, la abstención del PP frustró la medida del que es su socio en el gobierno municipal, dejando a los conductores en un limbo de multas que se siguen tramitando a pesar de la nulidad de la ordenanza. Para colmo de contradicciones, mientras se debate una movilidad sostenible de despachos con un foco institucional desplazado hacia la política nacional, los usuarios de la bicicleta pública BIKI dividen su experiencia entre la alta demanda y la precarización real del servicio, al encontrarse de forma constante con fallos de anclaje, baterías muertas o peligrosas ruedas desgastadas que el gerente de AUVASA restó importancia definiendo como un problema simplemente estético.

Al apagarse las luces del consistorio, la realidad que espera a los vallisoletanos al salir a la calle sigue siendo de asfalto y vía muerta. Entre rebajas fiscales que se diluyen ante tasas obligatorias, proyectos habitacionales bloqueados y viaductos estratégicos en coma, el día a día revela una desconexión vecinal cada vez más evidente. Valladolid corre el riesgo de congelar su presente a la espera de quimeras futuras: una ciudad gobernada con un foco institucional desplazado hacia la política nacional, pero donde los vecinos, al salir de sus portales en La Farola, Argales o la Ciudad de la Comunicación, se siguen topando con las mismas grietas, las mismas goteras y las mismas barreras de siempre.

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Valladolid arrastra una desconexión histórica entre los grandes espacios del centro y la cultura de los barrios. La inminente apertura del Lope de Vega evidencia la necesidad de modernizar la gestión.

Para entender cómo hemos llegado a esta desconexión actual en la gestión cultural de Valladolid, conviene hacer un poco de memoria. Hubo un tiempo en el que se trabajó en otra dirección: creo que en la etapa tan ilusionante que va desde 1979 a 1990 se hizo una gran labor conjunta en la ciudad. Hay que recordar de dónde veníamos: hasta el 79 no hubo más que una simple concejalía de festejos, y en fecha tan tardía como 1977 el responsable “de la cosa cultural” apenas contaba con medio millón de pesetas para ferias; el resto dependía de patrocinios o de Alcaldía.

Aquel impulso inicial fue muy fuerte, animado también por un Estatuto de Autonomía que empujó a la ciudad a posicionarse. En aquellos años se asumieron grandes riesgos: la escuela de teatro y música, la orquesta sinfónica, la Muestra Internacional de Teatro, el apoyo a grupos locales, la creación de la Fundación Municipal de Cultura o la construcción de los primeros centros cívicos como el Teatro Canterac en el barrio de Las Delicias. El camino, uniendo el centro y los barrios, quedaba trazado.

Sin embargo, con el paso de los años, aquel empuje se fue diluyendo hacia una cierta “normalidad” institucional. A partir de los años noventa se apostó fuerte por el “contenedor” cultural, con hitos como el Patio Herreriano o el heredado Teatro Calderón, pero esa gran inversión contrastó con una paulatina desinversión en la cultura de base . En aquella época se llegó a vivir, por ejemplo, un fuerte choque administrativo con la música emergente y las salas de conciertos.

A partir de 2015 se intentó revertir esa tendencia dotando de más fondos a los programas municipales, acercándose al ocho o diez por ciento del presupuesto (cifras más próximas a las de urbes como Barcelona). Pero el esfuerzo económico chocó con un lastre organizativo que seguimos arrastrando hoy: la falta de coordinación . La cultura “de centralidad” y la “de proximidad” pasaron a depender de concejalías diferentes y, pese al esfuerzo desde áreas como Participación, sumar ambas realidades sigue siendo una asignatura pendiente.

Esa es la herencia con la que llegamos a la actualidad, donde la visión municipal corre el riesgo de estancarse en modelos del siglo pasado: oscilando entre el afán puramente patrimonialista y un modelo centrado únicamente en el gran espectáculo. En el camino, se entra muy poco en revalorizar la “democracia cultural” . Más allá de la vieja idea de que “cada persona es un artista”, el problema en nuestras calles es que estamos dejando la difusión en manos de la inercia del mercado, creando grandes ausencias. Faltan programas pensados específicamente para jóvenes, mayores, población migrante y minorías , así como espacios para los grandes debates de este siglo: ecologismo, feminismo o diversidad.

Más allá del debate de ideas, esta falta de cohesión cristaliza en un problema de gestión pura y dura en el día a día. Hoy podemos ver cómo las sinergias entre los grandes equipamientos de artes escénicas de Valladolid brillan por su ausencia: el Teatro Calderón y el LAVA van cada uno por su lado en cuanto a difusión y centralización de compra de entradas. Un caos organizativo que, con total seguridad, se agravará con la inminente entrada del rehabilitado Lope de Vega en escena.

En muchas ciudades medias de Europa la solución a este problema ya es una realidad a través de la “taquilla única” para todos los acontecimientos culturales, públicos y privados. Un reciente viaje a Bonn y Koblenz (Alemania) me lo confirmó: todo está centralizado en el mismo edificio y la misma plataforma, desde el teatro de la ciudad a la visita al castillo.

A nivel interno, referentes como Barcelona ya integran en una misma área las artes y la participación mediante centros cívicos. La red de centros en Valladolid es mejorable, pero tiene mucha implantación. Un uso conjunto y coordinado de la gestión cultural, con herramientas como una taquilla única que conecte por fin el centro con los barrios , multiplicaría las oportunidades tanto para creadores (aficionados y profesionales) como para el gran público. Ese, y no las guerras culturales partidistas, debería ser el verdadero foco para la ciudad.

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En el último debate del estado de la ciudad antes de las elecciones, el equipo de gobierno situó el eje del mismo en la confrontación política nacional, dejando en un segundo plano la emergencia de la vivienda, el transporte o la limpieza que denuncian las asociaciones.

Si uno se queda con el resumen oficial sobre el Debate del estado de la ciudad celebrado este lunes, la estampa de Valladolid es la de un bastión institucional. Titulares que hablan de rebajas en el IBI, reproches cruzados con la oposición y un alcalde erigido en “la resistencia frente a Sánchez”. Sin embargo, si uno bajaba el volumen del ruido político y escuchaba a los colectivos sociales y vecinales al inicio del pleno, el diagnóstico es radicalmente distinto y mucho menos amable: Valladolid no avanza, se frena y retrocede.

Este debate extraordinario, el último antes de la cita con las urnas en mayo de 2027, escenificó el profundo abismo que existe entre la agenda de la Plaza Mayor y las aceras de los barrios. Frente a un gobierno de PP y Vox que consumió su tiempo justificando la inacción por la “herencia recibida” y los agravios del Ministerio de Transportes, la calle exigió soluciones de gestión a problemas que afectan al bolsillo y al día a día del vecino.

El choque más evidente se dio en el modelo urbano y la salud pública. Mientras el equipo de gobierno sacaba pecho por la compra de nuevos autobuses y un “plan de choque” con 41 vehículos de limpieza para tapar las quejas diarias por la suciedad, Carmen Duce, en representación de Ecologistas en Acción, puso una cifra demoledora sobre la mesa: la contaminación atmosférica ocasiona en Valladolid cerca de 300 muertes prematuras al año.

Esa es la realidad de una ciudad que parece estar apostando por un modelo que prioriza el vehículo privado frente a las infraestructuras ciclistas y eterniza la implantación de medidas reales. Es una dinámica que ya tratamos en “La ZBE y el verdadero problema de moverse por Valladolid”, donde se explicaba que detrás de la batalla judicial por las emisiones hay un modelo de ciudad profundamente desigual. De poco sirve presentar flotas de autobuses nuevos si las líneas periféricas siguen atascadas y el espacio público sigue secuestrado por el asfalto.

La segunda gran brecha del pleno fue la vivienda. Con los precios de alquiler asfixiando a gran parte de la población, Margarita García, portavoz de la Federación Vecinal Antonio Machado, no se anduvo con rodeos. Denunció la inoperancia de la empresa municipal VIVA, el desmantelamiento de programas sociales como ALVA y calificó el reciente Plan Municipal de Vivienda como un simple “trampantojo”. La emergencia habitacional es el gran elefante en la habitación del que el Ayuntamiento prefiere no hablar. Una crisis que ya radiografiamos en “Valladolid: cuando trabajar ya no garantiza poder vivir en tu barrio”, evidenciando cómo la falta de alternativas está expulsando a las familias hacia los municipios del alfoz.

Y por debajo de todo esto, el pleno constató una crisis de participación ciudadana que debilita el pulso entre el Ayuntamiento y sus barrios. Las asociaciones vecinales advirtieron que la participación ciudadana ha quedado reducida a un papel puramente decorativo. La mejor prueba es el nuevo sistema de sorteo para los Presupuestos Participativos, que ha dejado asambleas fantasma con apenas cuatro o cinco asistentes por zona. Cuando las decisiones sobre en qué se gasta el dinero de un barrio se toman a puerta cerrada y sin escuchar a quienes lo habitan, la participación es solo un eslogan.

Durante el debate, la oposición recogió el guante de este malestar vecinal e intentó aterrizar el pleno en la suciedad de las calles, las listas de espera en los servicios sociales y la parálisis urbanística. Pero chocaron contra un muro. Ni PP ni Vox ofrecieron respuestas concretas a los vecinos. Prefirieron mantener el foco en las políticas nacionales y el agravio permanente frente al Gobierno central.

A un año de las elecciones, el debate dejó una conclusión amarga que difícilmente ocupará portadas: en Valladolid el foco institucional parece haberse desplazado hacia la política nacional, alejándose de las demandas locales que esperan en la puerta del Ayuntamiento.

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Tras un nuevo desprendimiento bajo el viaducto y la negativa reiterada del Ayuntamiento a emitir un informe técnico, la Plataforma por la Integración Ferroviaria lanza una campaña reclamando su realización inmediata. “No es política, es seguridad pública”.

El pasado miércoles 6 de mayo, sobre las 20:30 de la tarde, la vieja mole de hormigón del viaducto de Arco de Ladrillo volvió a dar un aviso. Un vecino que caminaba por el paso inferior avisó a través de la comunidad vecinal Aldea Pucela cómo varios cascotes cayeron a escasos centímetros de él y de otra pareja. Aunque las piedras se desintegraron al golpear el suelo, el susto fue suficiente para motivar una llamada inmediata al 092. Todo esto, apenas un par de semanas después de que los vecinos soportaran obras nocturnas e insomnio por un nuevo parcheo de urgencia en la estructura.

Sin embargo, en el número 1 de la Plaza Mayor el cielo parece seguir despejado. Apenas unas horas después del incidente, el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, desmintió en la cadena SER que hubiera ocurrido tal desprendimiento. Según su versión, tras enviar a un ingeniero técnico a revisar la zona durante la mañana, “no hay ninguna incidencia y todo transcurre con normalidad”.

El choque entre la alerta a pie de calle y la extrema tranquilidad institucional no es nuevo. De hecho, el estado del viaducto se ha convertido en un auténtico tabú oficial. Pese a que hace apenas una semana publicábamos en La Otra Pucela el historial crítico de la infraestructura, un viaducto zombi cuyas vigas llegaron a perder el 40% de su capacidad portante, según una nota técnica municipal, y que el actual equipo de gobierno se ha negado de forma reiterada a elaborar un dictamen técnico exhaustivo que garantice su estabilidad.

La negativa más sonada se vivió en el Pleno del pasado mes de enero. Ante la petición de encargar un estudio independiente que clarificara el estado del viaducto tras la aparición de nuevas grietas, el equipo de gobierno impuso su mayoría para frenarlo. Su argumento para tranquilizar a la ciudad no se basó en estudios ni mediciones, sino en una frase del alcalde que quedó en el acta para la posteridad: “La mejor almohada es una buena conciencia”.

Ante la negativa política a evaluar de manera transparente el riesgo real, la sociedad civil ha decidido poner pie en pared. La Plataforma por la Integración Ferroviaria, apoyándose en el entorno colaborativo de Aldea Pucela, ha lanzado una campaña de respuesta ciudadana.

El mensaje que trasladan es tajante: pedir un informe inmediato del estado de esta mole ha dejado de ser un tema de debate sobre urbanismo. Insisten en que se ha convertido en una cuestión estricta de seguridad pública y responsabilidad vecinal máxima. No es política, es prevención.

Para sortear el muro burocrático, han habilitado una herramienta digital muy sencilla, un sistema que, con un par de clics, redirige fácilmente al usuario al canal oficial de WhatsApp del Ayuntamiento de Valladolid con la reclamación ya preparada. El objetivo es hacer llegar a la atención ciudadana municipal peticiones formales para forzar al Consistorio a emitir, de una vez por todas, el documento que acredite si el viaducto por el que pasan a diario miles de conductores y peatones es seguro o si, por el contrario, estamos ante un peligro ignorado.

Si quieres unirte a la iniciativa y registrar en segundos tu propia solicitud de informe de seguridad en el WhatsApp del Ayuntamiento, puedes acceder a la herramienta a través de la web de la campaña vecinal.

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Custodiar el letrero de un local que cierra no es solo nostalgia: es proteger la identidad de las calles frente a las franquicias. El ‘Equipo de Rescate’ busca ciudadanos que den el chivatazo antes de que sea tarde.

Iniciativas comunitarias como Valladolid con Carácter recuperan y archivan los rótulos comerciales en riesgo de desaparecer. Detrás de la salvación de letras míticas como las de Regalado o Calzados Prieto hay una red vecinal que avisa a tiempo de frenar la destrucción.

Más allá del diseño gráfico o la nostalgia, los rótulos comerciales forman parte de la memoria colectiva de nuestros barrios. Son señales que nos ayudan a orientarnos, pero también a reconocernos. Hablan de quiénes hemos sido, de los oficios que sostuvieron una comunidad, de las personas que habitaron esos espacios y de la identidad propia que hace diferente a Valladolid de cualquier otra ciudad.

Cuando desaparece el letrero de la mercería o del bar de toda la vida no solo se pierde un objeto físico o una tipografía bonita. Se pierde una capa de recuerdos cotidianos. Desaparecen referencias compartidas por generaciones de vecinos. Además, estos comercios y sus carteles construyen el paisaje de nuestras calles, que en muchos casos viene siendo sustituido por grandes franquicias que diluyen la personalidad y homogeneizan los barrios; o peor aún, por el permanente cartel de “se alquila”.

Los rótulos tradicionales aportan singularidad y carácter. Muchas veces no somos conscientes de su valor hasta que desaparecen, como nos ha pasado recientemente con el doloroso adiós del icónico luminoso del Bus Stop en la estación de autobuses. Y cuando desaparecen, el barrio empieza a perder parte de su identidad.

Desde el Equipo de Rescate creemos que el mejor lugar para un rótulo es la calle. Por eso, nunca intervenimos si no hay un peligro real de que desaparezca. Pero al ser un equipo pequeño, si nadie avisa, a veces las piezas se pierden por un descuido o porque nadie se ha parado a pensar que forman parte de nuestro patrimonio.

La mayoría de las veces, cuando nos plantamos en un local en obras y pedimos a los dueños o a los albañiles que no tiren el cartel, no entienden que esa pieza tiene un valor que nos pertenece a todos. Otras personas sí lo comprenden y nos hacen la labor más fácil; y otros, sin embargo, al entender que tiene valor, intentan sacar tajada. Lo que más nos gusta de este proceso es cuando nos cuentan la historia del local, una información que siempre plasmamos en nuestra ficha de rescate.

El año pasado, por ejemplo, logramos salvar el mítico rótulo de “REGALADO”, del centro de la ciudad. A pesar de habernos puesto en contacto con los operarios de la obra, no nos llamaron para ir a recogerlo. Fue exclusivamente gracias al chivatazo de varios vecinos que pudimos rescatar las letras, que ya estaban tiradas al lado de unos contenedores en dos puntos diferentes de la ciudad.

Otro ejemplo de la capital es “Calzados Prieto”, en el Paseo Zorrilla. Era un rótulo con letras corpóreas muy interesante. Al ir a recogerlo comprobamos que ya había sufrido daños al ser descolgado durante la reforma del local. Hoy, todos estos rótulos descansan en nuestro almacén ‘Don de Gentes’, en Casasola de Arión, donde los catalogamos y archivamos con sus materiales y su geolocalización.

Evitar que las letras de nuestros barrios se esfumen es posible gracias a la implicación vecinal. Solo hace falta mirar un poco más hacia arriba y dar el aviso.

Cualquiera puede convertirse en custodio del patrimonio gráfico de su barrio. Si pasas por delante de un local cerrado y ves movimiento, estos son los pasos a seguir:

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El portavoz del Colectivo Laika analiza 20 años de agitación cultural en una ciudad que, según dice, a veces prefiere a los “vendedores de crecepelo” antes que el trabajo de base. Su próximo empeño: que la música en directo vuelva a sonar en la Pérgola del Campo Grande el próximo 20 de junio.

Juan dice que para el baloncesto tiene el ojo de Thom Yorke y para la música la muñeca de Víctor Sada. Es una forma humilde de explicar cómo se divide el tiempo de alguien que lleva dos décadas sosteniendo uno de los pilares de la cultura independiente en Valladolid: el Colectivo Laika.

Hablamos con él sobre la “burocracia del ruido”, los grupos que se pierden por el camino y esa cabezonería necesaria para seguir montando conciertos en una ciudad que, a veces, parece preferir el éxito de masas antes que la apuesta por lo nuevo.

Entrenas a benjamines y “fichas” bandas. ¿Se comparten instintos en ambos mundos?

Diría que para el baloncesto tengo el ojo de Thom Yorke y para la música la muñeca de Víctor Sada. Son cosas distintas, aunque disfruto mucho de ambas. Entreno minibasket a benjamines en una escuela y, quizás, lo más extremo que he hecho en estos años haya sido birlar a dos prebenjamines porque andábamos cortos de efectivos para los partidos. A su primer entrenamiento fueron con sus madres y se pasaron un rato largo llorando, pero ahora aportan un montón y disfrutan mucho jugando.

En el caso de Laika, ningún artista nos ha venido llorando ni escoltado por su madre, pero también hay una labor de equipo. En la escuela, si un día me creo Popovic, siempre viene a bajarme los humos el responsable que me aprieta con los entrenamientos. En Laika, si me vengo arriba queriendo traer alguna cosa fuera de lo común, nuestro tesorero asume ese papel de abogado del diablo y lo reduce todo a los números, aunque intentamos llegar a un punto intermedio.

Pasaste años analizando discos en Muzikalia. ¿Es más fácil ser crítico que promotor?

El Juan que monta conciertos le diría al Juan que escribía críticas que se dedicara a otra cosa. Cuadrar presupuestos y tener financiación es bastante más difícil que ser un flipado creyéndose un redactor de la revista Wire. Pero la experiencia como “promotor” es bastante más enriquecedora que escuchar un disco las veces que sean. Ver, por ejemplo, a Phil Selway (Radiohead) actuando en el Espacio Joven quizás supere escuchar la discografía completa de Radiohead. Puedes leer lo que escribía ese Juan en su etapa de redactor en Muzikalia.

En 20 años el mapa físico de Valladolid ha cambiado radicalmente. ¿Es hoy una ciudad más aséptica?

Tengo la sensación de que cuando empezamos era todo bastante más gris, pero pronto hubo una eclosión de proyectos como Reducto Sónico, el Open Mic que hacía Vielba en Borsalino, La Base Mágica, Cuadrilátero Cultural o el Espacio Joven Sur, que reforzaron lo que ya existía.

Se han perdido cosas, pero han ido surgiendo otras iniciativas como Mimosos, Pólvora, Insurgents Collective o espacios que también tienen sus proyectos como Bicoca Records o Bizarro. Eso sí, se echan en falta programaciones como las del Café España o propuestas institucionales más arriesgadas como las que hacía Ambigú, del que no ha habido relevo.

¿Cómo se cuida a una banda de fuera para que se vaya hablando bien de Valladolid?

El año pasado una banda de Madrid vino a tocar y me pareció extremadamente frío cómo los trataron en otro sitio: tenían la sala, el hotel y la cena, pero no había nadie de la organización en ese concierto. Siempre hemos entendido que organizar conciertos es algo más: conocer otras experiencias de esas personas que tienen vidas distintas a las nuestras.

Si el artista quiere ver la Casa de Cervantes (como Cass McCombs) o cenar en sitios como La Cárcava por sus opciones vegetarianas, allí estamos. Antaño solíamos acabar en La Piedra y ahora, después de algún concierto, acabamos en el Nuberu, aunque hay que advertir con humor que Juanjo (bajista frustrado y dueño del bar) no es tan amable y tenemos que andar vigilando para que no eche lejía en las consumiciones de los músicos.

Habéis agitado Valladolid bajo gobiernos de todos los colores. ¿Ha habido alguna “alfombra roja” para la cultura independiente?

Ha dependido más de personas que de siglas y, aunque siempre ha habido tiras y aflojas, el balance es positivo. Pasamos de que se reconociera el festival Véral en tiempos de Mercedes Cantalapiedra, a que se escucharan nuestras sugerencias para actuaciones en la Plaza Mayor con Óscar Puente. Ahí estuvieron Los Planetas, C. Tangana, Bad Gyal o Amaia. Para este año han vuelto a escuchar, así que estamos satisfechos. Pero los conciertos de fiestas son fogonazos. Lo más importante sería tener una sala donde se pudieran hacer conciertos en mejores condiciones y pudiendo trabajar con más antelación.

¿Sentís que hoy la cultura de base se ve como un valor a proteger o como un “problema” de orden público?

A nivel institucional, me parece que hay una cierta indiferencia. La cultura de base siempre ha encontrado resquicios para salir adelante. Hubo una época en la que alguien se dedicó a denunciar a salas de conciertos y generó bastante paranoia; llegamos a hacer conciertos invisibles en sitios secretos. Incluso hoy hay locales que organizan eventos en un cierto limbo legal, no por miedo sino por filosofía propia o porque supone menos riesgo hacer una taquilla inversa en una charcutería que buscar una sala y pagar alquiler y cachés.

¿Hay una obsesión por llenar la Plaza Mayor a cualquier precio?

Hay más obsesión por llenar que por ofrecer calidad, que es lo que deberían hacer las instituciones públicas. Esa presión favorece que aparezcan los “vendedores de crecepelo” para decir que aseguran llenos con artistas que resultan ser carísimos y, a veces, ni llenan. Con C. Tangana o Bad Gyal se abrió camino para que vinieran otro tipo de artistas, y sus cachés me parece que fueron bastante razonables.

¿Os sentís arrinconados por nuevas apuestas con más respaldo político?

El problema es que este “bienvenidomrmarshallismo”, unido al cortoplacismo de lo político, lleva a hacer proyectos sin mucho sentido, que tienen alto coste y dudosos resultados. No tenemos nada en contra de que venga alguien de fuera, pero el paso previo debería ser tener una idea de hacia dónde quiere ir la ciudad, idealmente sin que estuviera circunscrito a legislaturas.

Nosotros tenemos apoyo público vía subvenciones y un convenio, aunque éste ha menguado. Hemos reclamado poder trabajar en un convenio a varios años para poder programar con más holgura y no dedicar tanto tiempo al tira y afloja administrativo de cada año. No lo hemos conseguido en estos veinte años.

¿En qué se traduce esa falta de margen de tiempo?

La industria musical se ha reajustado y ahora se trabaja a mucho más largo plazo. Artistas no muy grandes trabajan a dos años vista. Si nuestro margen de maniobra para programar se reduce a seis o tres meses, tendremos menos opciones, probablemente más caras, y mucho menos tiempo para comunicar bien. Teníamos un par de bandas claras para el próximo Tónal y el hecho de que las fechas se hayan concretado a finales de abril y no en enero, ha hecho que una de ellas ya no esté disponible. Quizás el año que viene ya no sea una propuesta tan “fresca” o ya no encaje en el presupuesto.

Muchos recordamos con nostalgia los conciertos en la Pérgola del Campo Grande. Ahora volvéis a colaborar allí con el cocinero Dámaso. ¿Qué significa recuperar ese escenario?

No se nos ocurre otro espacio mejor que la Pérgola para conciertos al aire libre. Si nada se tuerce, repetiremos el festival Véral allí el 20 de junio. Con Dámaso hemos congeniado muy bien y tiene una idea muy clara: propone una programación musical diferente a lo que ya existe y que sea gratuita para el público. Hubo un proyecto original de once conciertos, pero no parece que vaya a salir completo porque, por ahora, no hay un respaldo institucional claro. Hay buenas palabras, pero nada concreto y las semanas pasan. Intentaremos salvar cinco conciertos este año y que sea el inicio de algo.

¿Ves relevo generacional en las salas o nos estamos haciendo mayores los mismos de siempre?

Depende del concierto, pero tengo dudas de cómo consume música la gente más joven y si tienen curiosidad por ver la propuesta en directo. Pero siempre habrá alguien que apueste por lo raro. AstromonaFest llevó hace años a Rigoberta Bandini cuando empezaba, o Tutti Frutti trajo a Barry B antes de que explotara. Seguro que hay cosas de las que ni nos hemos enterado aún.

Si mañana desapareciera Laika… ¿qué trozo de Valladolid se quedaría huérfano?

No pensamos que quedara nada huérfano, sinceramente. Igual a algunas personas les daría lástima, pero seguro que surgirían nuevas propuestas. Afortunadamente, el momento actual del colectivo es uno de los mejores, con las cuentas equilibradas, todos trabajando por el bien común y con socios que proponen, aportan y ayudan. Es esa inercia la que nos lleva a seguir.

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Aldea Pucela estrena una herramienta abierta donde los propios vecinos eligen y publican la agenda de Valladolid sin filtros comerciales disponible, ya en eventos.aldeapucela.org.

¿Alguna vez has sentido que solo te enteras de los planes de Valladolid si hay una empresa pagando publicidad detrás? Muchas veces, lo más interesante ocurre en silencio: una charla en un centro cívico, un concierto pequeño en un bar de barrio o una asamblea vecinal.

Para que esos planes no se pierdan, la comunidad de Aldea Pucela ha creado una solución propia: eventos.aldeapucela.org

Es una web colaborativa. Eso significa que no depende de un algoritmo ni de un patrocinio. El valor aquí lo ponen los vecinos. Si alguien ve un cartel pegado en una farola o un folleto en una panadería, puede compartirlo con el resto de la ciudad.

Es muy sencillo. En la web verás un botón con el símbolo “más” . Al pulsarlo, recibes instrucciones para enviar la información a través de un grupo de Telegram. No hace falta ser un experto. Envías el cartel o los datos y un grupo de voluntarios lo revisa para que todo esté correcto antes de publicarlo.

La web está diseñada para hacernos la vida fácil. Tiene filtros para ver qué hay hoy, este fin de semana o durante todo el mes. Y algo muy importante: incluye un botón para buscar solo eventos gratuitos . Además, permite añadir cualquier plan directamente al calendario de tu móvil para que no se te pase la fecha.

Con esta herramienta, la agenda de Valladolid vuelve a manos de sus vecinos. Ya no importa quién tiene más presupuesto para anunciarse, sino qué tenemos ganas de compartir.

Puedes empezar a usarla, y a completarla, en eventos.aldeapucela.org.

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