La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero supone un mazazo para la moral y la credibilidad del Partido Socialista. Pero los indicios que afectan a Zapatero exigen también una respuesta por parte de los aliados del Gobierno. Nada más conocerse la imputación, socios del ejecutivo como Gabriel Rufián o Ione Belarra se lanzaron de inmediato a difundir teorías de la conspiración y supuestas persecuciones. 

Sin ni siquiera haber tenido acceso al auto del juez Calama. Horas más tarde, y cuando el auto ya era de dominio público, la hipótesis de la guerra judicial se hacía tan insostenible que algunos tuvieron que enmendar sus palabras. El propio Gabriel Rufián se ha mostrado este miércoles duro con el presidente, pero su exigencia se ha circunscrito a un plano altisonante pero puramente retórico. Desde Sumar o el PNV también han expresado cierta perplejidad, pero el apoyo a Pedro Sánchez se mantiene inalterado.

De ser ciertos los indicios recogidos en el auto de imputación de Zapatero, la supuesta trama criminal habría requerido el concurso y la participación del propio Consejo de ministros, lo que hace indispensable una rendición de cuentas mucho más exigente que la que ha demostrado el presidente. 

En los casos de Koldo, Cerdán o Ábalos, los aliados del gobierno no dudaron en mirar para otro lado. Ahora, ante una crisis de reputación sin precedentes en democracia, los socios no pueden seguir ignorando la responsabilidad del presidente Sánchez sin arriesgar su propia credibilidad.