El martes 10 de junio, la detonación simultánea de una motobomba y cilindros explosivos en los barrios Manuela Beltrán, El Mango y Meléndez de Cali, en zonas cercanas a estaciones de policía, dejaron al menos dos muertos y varios heridos, provocando pánico y la implementación de medidas como ley seca, cierre temprano de establecimientos y suspensión de clases. 

Esto ocurrió un día después de que  el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera víctima de un atentado Fontibón de Bogotá, a manos de un menor de edad, resultando gravemente herido. Actualmente, se mantiene en estado crítico. 

Menos de 24 horas después se reportaron actos violentos con explosivos y enfrentamientos armados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, encendiendo las alertas en una región ya golpeada por largos años de conflicto y presencia de estructuras armadas. Aunque no siempre alcanzan difusión nacional, estos hechos se han convertido en el pan de cada día para comunidades rurales, afianzando la idea de que la violencia en el suroccidente colombiano nunca desapareció del todo.

Desde entonces, usuarios en redes sociales han asegurado que nos devolvimos a los años 90’s, cuando este tipo de acciones eran usuales. Algunos, incluso, llegaron a asegurar que desde esa época la violencia política en el país había, prácticamente, desaparecido. ¿Pero sí?

Estos no son hechos aislados. La historia de Colombia ha sido una marcada por la violencia social y política desde siempre. Nada más para tener un marco más cercano, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 han sido asesinados más de 1.400 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Que, aunque muchos no los reconozcan, también son figuras políticas de altísima relevancia. Sólo que su muerte se nos convirtió en paisaje. 

En 2023, Indepaz registró 188 líderes y lideresas asesinados, sumado a 44 firmantes de paz que también fueron víctimas mortales ese año. La Defensoría del Pueblo reporta además que desde 2016 han muerto 1.477 personas lideresas en el país. Y en 2024 se perpetraron 60 masacres en el nororiente y suroccidente del país, dejando más de 60 muertos, entre ellos firmantes de paz y líderes sociales.

El panorama no ha mejorado. Indepaz registró 173 líderes y lideresas sociales asesinadas durante el 2024, lo que representa un promedio de casi una cada dos días. Para 2025, entre enero y mayo, van 71 líderes sociales asesinados. Un evento que recrudeció la violencia, además, contra firmantes de paz, vino con la crisis en el Catatumbo, cuando iniciaron los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN con el Frente 33 de las disidencias de las FARC: Nada más en esta región del país fueron asesinados 16 firmantes en un lapso de tres meses, desde enero, hasta marzo de 2025. 

Otro componente devastador en todo esto es la violencia contra las mujeres. Según la Fundación PARES, entre 2018 y 2024 fueron asesinadas 158 lideresas sociales; muchas de ellas también sufrieron violencia sexual, psicológica y vicaria. La Comisión Colombiana de Juristas alertó que los homicidios de lideresas crecieron un 35,2 % en 2023, con 23 mujeres asesinadas, algunas indígenas, afrodescendientes o campesinas.

La violencia de género en contextos de conflicto no solo mata: también busca silenciar voces que defienden derechos colectivos, ambientales y territoriales.

Colombia no ha tenido descanso de la violencia, sólo han sido manifestaciones de un conflicto persistente, multifacético y cíclico. Atenta directamente contra la vida de mujeres, líderes y candidaturas políticas, y revela fallas profundas de protección estatal y debilidad en las políticas y los intentos por la paz.

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia, y con Laura Bonilla, Subdirectora de la Fundación Pares, para entender qué ha venido pasando con la violencia en el país y, sobre todo, por qué no es algo nuevo.