La Semanaria 🎙🌋

Durante décadas, la relación entre Irán e Israel ha estado marcada por la desconfianza, la confrontación indirecta y una profunda enemistad ideológica. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha asumido una postura abiertamente contraria a la existencia del Estado de Israel, al que ha nombrado ampliamente como una ocupación ilegítima en Palestina. 

Por su parte, Israel ha identificado a Irán como una amenaza existencial, particularmente por su apoyo a grupos armados como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, y por su programa nuclear, constantemente denunciado —aunque nunca comprobado con claridad— como una vía para obtener armas atómicas. Desde 1995, Netanyahu ha asegurado que es urgente detener a Irán pues, según él, están a 6 meses de desarrollar armas atómicas. Sin embargo, esto no ha ocurrido. 

En la noche del 23 de junio de 2025, Irán lanzó misiles de corto y mediano alcance contra la base estadounidense de Al Udeid en Qatar —la instalación militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio— en clara respuesta al bombardeo estadounidense sobre tres instalaciones nucleares iraníes ocurrido días antes, por orden de Donald Trump y sin aprobación del Congreso. Según informes, Irán avisó con antelación para que Qatar y Washington pudieran evacuar puntos vulnerables, lo que evitó víctimas y daños graves. 

La reciente escalada comenzó con un supuesto ataque preventivo al consulado iraní en Damasco por parte de Israel, que luego fue respondido por Irán el 13 de abril de 2024. Israel, con apoyo logístico de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, logró interceptar la mayoría de los proyectiles, pero aprovechó la respuesta de Irán para justificar nuevos bombardeos indiscriminados en Gaza y expandir sus operaciones en Cisjordania. 
La narrativa dominante en medios occidentales ha tendido a simplificar el conflicto como una confrontación entre “democracia” (Israel) y “terrorismo” (Irán y sus aliados), ocultando la raíz colonial del conflicto palestino-israelí. Israel continúa la ocupación y expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino, mientras mantiene un régimen de apartheid según lo han denunciado organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los bombardeos a Gaza han dejado miles de muertos, en su mayoría civiles, sin que exista presión real por parte de la comunidad internacional para frenar esta violencia.
Estados Unidos ha sido un actor central en este tablero. Washington ha bloqueado múltiples resoluciones en la ONU que buscaban frenar la ofensiva israelí en Gaza y sigue proporcionando armas y asistencia financiera a Israel, incluso en medio de denuncias de crímenes de guerra.
Lo que está en juego no es solo el equilibrio regional, sino la vida de millones de personas que quedan reducidas a cifras en informes o escudos humanos en guerras ajenas. Palestina sufre una ocupación brutal y prolongada, mientras Irán e Israel se enfrentan en una lucha de poder y propaganda. En este contexto, la narrativa del “terrorismo” ha servido para justificar todo tipo de abusos, desde bombardeos sobre hospitales hasta bloqueos de ayuda humanitaria.
Hablar de Irán, Israel y Estados Unidos sin hablar de Palestina es perpetuar el borramiento histórico de un pueblo que lleva más de 75 años resistiendo. El conflicto actual no puede entenderse sin el componente colonial, sin los intereses estratégicos que lo alimentan y sin el doble rasero de la comunidad internacional. Lo que ocurre no es una guerra entre iguales: es una agresión sostenida con complicidades globales, que se ensaña con quienes menos capacidad tienen de defenderse.
En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Margarita Cadavid Otero, Internacionalista de la Universidad del Rosario y máster en estudios internacionales y con Guillermo Ospina, director académico del Centro de Estudios Estratégicos de relaciones internacionales (CERI) en Argentina, para entender este conflicto que no para de cobrar vidas humanas.

Durante las últimas semanas se han sumado tres victorias legislativas para las mujeres de Colombia. La primera fue el avance en el Congreso de la Ley 179/24, o Ley de las Mujeres, que crea el Estatuto de la Igualdad para niñas y mujeres en toda su diversidad, aprobada el 3 de junio en primer debate. La segunda fue la aprobación en último debate del Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso, el 11 de junio. Ambas victorias ratifican los derechos de las mujeres. Y la tercera, claro, la Reforma Laboral, aprobada el 17 de junio en último debate.

Primero, empecemos por la reforma laboral. 

La aprobación de la reforma laboral por el Senado colombiano representa un hito que beneficia a más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras. Entre los puntos a destacar para las mujeres está que el trabajo doméstico, realizado mayoritariamente por mujeres, requerirá de un contrato por escrito; que el trabajo de las mujeres rurales y campesinas deberá ser remunerado y protegido; que las madres comunitarias deberán ser vinculadas formalmente al ICBF; y que las manipuladoras del PAE deberán ser formalizadas. También hay que resaltar la eliminación de los artículos que permitían la contratación por horas, una transformación clave para quienes trabajan en empleos informales o con jornadas precarias.

Otro logro sobresaliente es el reconocimiento del contrato laboral para los aprendices del SENA. Ahora, durante el primer año recibirán el 75 % del salario mínimo, y en el segundo, el 100 %. Esta transformación formaliza los derechos de jóvenes que antes quedaban excluides de beneficios como seguridad social, estabilidad y protección.

La reforma también incrementa los recargos por trabajo nocturno desde las 7 p.m. (antes iniciaban a las 9 p.m.) y eleva el pago por trabajar en domingos y festivos del 75 % al 100 %. Estas mejoras benefician de manera directa a muchas mujeres que desempeñan jornadas en el comercio, salud o servicios, campos con alta ocupación femenina.

Más allá de beneficios económicos, la reforma incorpora licencias remuneradas para situaciones de cuidado familiar, emergencias médicas y asistencia escolar. Desde una perspectiva feminista, la reforma incluye protecciones específicas para mujeres durante su embarazo y lactancia, prohíbe el despido injustificado y exige espacios adecuados para la lactancia dentro del lugar de trabajo.

El impulso al Convenio 190 de la OIT marca otro avance crucial. Este convenio, radicado por el Ministerio de Trabajo y apoyado por centrales sindicales, institución estatal y sector privado, reconoce el derecho a un trabajo sin violencia ni acoso, con un enfoque de género que protege especialmente a las mujeres. Es una victoria de las sindicalistas. 

Adicionalmente, el avance en el Congreso del proyecto  de la Ley de las Mujeres se centrará en la protección integral y la coordinación tanto de leyes como de organismos para lograrlo. Propone establecer un sólido sistema de monitoreo y seguimiento, con informes anuales y sesiones de control político que permitan evaluar regularmente los avances en materia de igualdad. 

Todas son victorias importantísimas para las mujeres sindicalistas, trabajadoras y, al final, para todas las mujeres y niñas del país. 

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Maria Fernanda Carrascal, Senadora por el Pacto Histórico y una de las principales impulsoras de la reforma laboral. También, hablamos con Alejandra Trujillo, abogada feminista con Maestría en Política Social, integrante del Grupo Impulsor para la ratificación del convenio 190 y de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y, además, Coordinadora de Proyectos en temas de democracia, sindicatos y feminismos en la Fundación alemana Fescol. Y, finalmente, hablamos Alexandra Vásquez, representante a la Cámara por Cundinamarca y ponente del proyecto de ley 179 o Ley para las mujeres, para analizar estas tres victorias para las mujeres colombianas.

El martes 10 de junio, la detonación simultánea de una motobomba y cilindros explosivos en los barrios Manuela Beltrán, El Mango y Meléndez de Cali, en zonas cercanas a estaciones de policía, dejaron al menos dos muertos y varios heridos, provocando pánico y la implementación de medidas como ley seca, cierre temprano de establecimientos y suspensión de clases. 

Esto ocurrió un día después de que  el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera víctima de un atentado Fontibón de Bogotá, a manos de un menor de edad, resultando gravemente herido. Actualmente, se mantiene en estado crítico. 

Menos de 24 horas después se reportaron actos violentos con explosivos y enfrentamientos armados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, encendiendo las alertas en una región ya golpeada por largos años de conflicto y presencia de estructuras armadas. Aunque no siempre alcanzan difusión nacional, estos hechos se han convertido en el pan de cada día para comunidades rurales, afianzando la idea de que la violencia en el suroccidente colombiano nunca desapareció del todo.

Desde entonces, usuarios en redes sociales han asegurado que nos devolvimos a los años 90’s, cuando este tipo de acciones eran usuales. Algunos, incluso, llegaron a asegurar que desde esa época la violencia política en el país había, prácticamente, desaparecido. ¿Pero sí?

Estos no son hechos aislados. La historia de Colombia ha sido una marcada por la violencia social y política desde siempre. Nada más para tener un marco más cercano, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 han sido asesinados más de 1.400 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Que, aunque muchos no los reconozcan, también son figuras políticas de altísima relevancia. Sólo que su muerte se nos convirtió en paisaje. 

En 2023, Indepaz registró 188 líderes y lideresas asesinados, sumado a 44 firmantes de paz que también fueron víctimas mortales ese año. La Defensoría del Pueblo reporta además que desde 2016 han muerto 1.477 personas lideresas en el país. Y en 2024 se perpetraron 60 masacres en el nororiente y suroccidente del país, dejando más de 60 muertos, entre ellos firmantes de paz y líderes sociales.

El panorama no ha mejorado. Indepaz registró 173 líderes y lideresas sociales asesinadas durante el 2024, lo que representa un promedio de casi una cada dos días. Para 2025, entre enero y mayo, van 71 líderes sociales asesinados. Un evento que recrudeció la violencia, además, contra firmantes de paz, vino con la crisis en el Catatumbo, cuando iniciaron los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN con el Frente 33 de las disidencias de las FARC: Nada más en esta región del país fueron asesinados 16 firmantes en un lapso de tres meses, desde enero, hasta marzo de 2025. 

Otro componente devastador en todo esto es la violencia contra las mujeres. Según la Fundación PARES, entre 2018 y 2024 fueron asesinadas 158 lideresas sociales; muchas de ellas también sufrieron violencia sexual, psicológica y vicaria. La Comisión Colombiana de Juristas alertó que los homicidios de lideresas crecieron un 35,2 % en 2023, con 23 mujeres asesinadas, algunas indígenas, afrodescendientes o campesinas.

La violencia de género en contextos de conflicto no solo mata: también busca silenciar voces que defienden derechos colectivos, ambientales y territoriales.

Colombia no ha tenido descanso de la violencia, sólo han sido manifestaciones de un conflicto persistente, multifacético y cíclico. Atenta directamente contra la vida de mujeres, líderes y candidaturas políticas, y revela fallas profundas de protección estatal y debilidad en las políticas y los intentos por la paz.

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia, y con Laura Bonilla, Subdirectora de la Fundación Pares, para entender qué ha venido pasando con la violencia en el país y, sobre todo, por qué no es algo nuevo.

El 3 de junio de 2015, entre 300.000 y 500.000 personas marcharon de la Plaza de Mayo al Congreso, en Buenos Aires, para exigir un alto a la violencia feminicida.  Entre abril y mayo de ese año, los crímenes de odio en razón de género aumentaron en Argentina. Se calculaba que una mujer era asesinada cada 30 horas. 

El feminicidio infantil de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe, evidenció las negligencias institucionales y las narrativas revictimizantes. Pese a la larga data de las luchas de mujeres y de contar con una legislación de protección integral, en 2015 en Argentina la palabra “feminismo” todavía estaba marcada por el estigma y  el abordaje de la violencia de género como una problemática estructural y sistemática se mantenía en círculos muy concretos. 

El movimiento Ni Una Menos problematizó al feminicidio como una violencia específica y en su giro militante impulsó nuevos métodos de lucha y abogó por feminismos populares que reconocieran como sujetas a mujeres que desafían la cisheteronorma y los sistemas coloniales y edadistas. 

El Ni Una Menos, que en 2016 convocó al Primer Paro de Mujeres y a la reapropiación de la huelga como estrategia feminista, se volvió clave en la ampliación de convocatorias y agendas de los Encuentros Plurinacionales y en el impulso a  luchas que, incluso entre los propios movimientos de mujeres, resultaban incómodos, como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. 

Este movimiento también permitió una mayor articulación en las protestas contra la militarización y el despojo. A su vez, las marchas dentro y fuera de Argentina fueron espacios en los que denunciantes y sobrevivientes de violencia sexual (como la activista Thelma Fardin) encontraron apoyo. 

El registro oficial de los feminicidios, la puesta en marcha del Plan Nacional para abordar las violencias contra las mujeres, leyes como la Micaela, Brisa o de Cupo Laboral Trans, la incorporación de proyectos en pro de la paridad de género y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la despenalización del aborto fueron algunos de los avances que lograron mujeres y sexodisidencias que agrupó el Ni Una Menos. 

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Aitana Anzorena (Ni Una Menos Mendoza), Ruth Zurbriggen (La Revuelta), Leila Aedo (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), Lucía Cavallero (Ni Una Menos) y Agustina Rossi (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) en un ejercicio de memoria por el movimiento que reconfiguró los feminismos en nuestro continente y para compartir cuáles son los retos a los que se enfrenta Argentina en la presidencia de Javier Milei,  un gobierno abiertamente misógino, negacionista y que asegura que las violencias en razón de género son una “cuestión ideológica”. 

El asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans y defensora de derechos humanos en El Carmen de Bolívar, ha generado una nueva ola de repudio nacional. Jiménez, quien había denunciado amenazas en varias ocasiones y era parte del colectivo LGBTIQ+ de los Montes de María, fue hallada muerta en una cuneta. Su transfeminicidio se suma a la alarmante cifra de 43 personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va del año, principalmente mujeres trans, lo que organizaciones como Caribe Afirmativo denuncian como una emergencia nacional por violencia de prejuicio.

La violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia ha sido persistente y alarmante. En 2022, se registraron 145 homicidios de personas LGBTIQ+. Aproximadamente cada 2 días y medio fue asesinada una persona con una orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa. El 62% de estos correspondieron a casos donde las víctimas eran hombres gais y personas con experiencias de vida trans.

La Comisión de la Verdad de Colombia ha documentado cómo el conflicto armado afectó a personas LGBTIQ+. Según su informe, las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas LGBTIQ+, seguida por el desplazamiento forzado, el exilio, la violencia sexual, la tortura, el atentado, la extorsión y el homicidio. Los paramilitares y los grupos posdesmovilización persiguieron a estas personas con el fin principal de aniquilarlas, cometiendo el mayor número de homicidios y desapariciones forzadas.

La impunidad en estos casos es preocupante. Según la ONG Colombia Diversa, entre enero de 2020 y julio de 2022, en Colombia había 3.748 procesos penales en los cuales las víctimas eran de la comunidad LGBT. Al revisar la etapa procesal, queda en evidencia el lento avance de los casos: el 90% de los procesos apenas estaba en indagación, solo el 2% estaban en juicio, el 1,1% en ejecución de penas y el 0,9% en investigación.

Organizaciones como Caribe Afirmativo han denunciado que, en 2023, se registraron 156 homicidios de personas LGBTIQ+ en todo el país, lo que representa un incremento del 7,59% en comparación con los 145 casos reportados en 2022. De las 156 víctimas, 46 eran personas con experiencias de vida trans (41 mujeres trans, 3 hombres trans y 2 personas no binarias).

El caso de Nawar Jiménez no solo representa una pérdida irreparable, sino que también evidencia la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas que protejan a las personas LGBTIQ+ en Colombia, como la Ley Trans Ya! Es imperativo que las autoridades actúen con diligencia para prevenir futuros crímenes de odio tan horrorosos como este, o el de Sara Millerey que ocurrió apenas unas semanas atrás,  y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Juan Carlos Buelvas, o Tito, activista por los derechos LGBTIQ+ en Montes de María y compañero de luchas de Nawar. También, hablamos con Marcela Sánchez, trabajadora social y activista por los derechos de las personas LGBTQ+ colombiana, además de ser la directora de Colombia Diversa y con Cristian de la Rosa, encargado del área de procesos comunitarios y seguridad y el coordinador del observatorio de DDHH de Caribe Afirmativo, para intentar entender qué ha venido ocurriendo con la violencia desmedida a la que son sometidos lxs cuerpos diversos en las regiones más remotas del país.

El pasado fin de semana, el cantante argentino Andrés Calamaro protagonizó una escena polémica durante su concierto en la Arena Cañaveralejo de Cali, Colombia. En medio de su presentación, el músico interrumpió la interpretación de Flaca para hacer una encendida defensa de las corridas de toros, justo en una ciudad donde recientemente se prohibieron por ley. Simulando un pase taurino con su chaqueta y gritando “¡Vivan los toros!” Calamaro provocó abucheos y gritos de desaprobación por parte de la mayoría del público.

El cantante respondió: “Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, y se retiró del escenario, abandonando momentáneamente el show. Poco después, regresó a terminar su presentación, pero el gesto ya había generado indignación en redes sociales y medios nacionales. Muchos y muchas asistentes expresaron su malestar por el desprecio del artista hacia una lucha que ha costado años de activismo en defensa de los derechos de los animales.

El hecho solo suma a su larga -tal vez larguísima- lista de declaraciones problemáticas. En 2021, durante una entrevista, aseguró que “no hay nada más hipócrita que el progresismo” y cuestionó los movimientos feministas, afirmando que tenían “una cuota de totalitarismo”. También ha defendido el uso de armas, el sionismo, las políticas de Milei y a la tauromaquia en múltiples ocasiones, incluso publicando fotos en plazas de toros con mensajes como “arte con sangre”. Su estilo provocador es habitual, pero sus posturas suelen generar rechazo entre quienes defienden causas sociales y derechos fundamentales.

Este nuevo escándalo reaviva el debate sobre la llamada “cultura de la cancelación” y cómo algunos artistas la utilizan para rechazar cualquier tipo de crítica pública. Calamaro no es el único en apelar a ese discurso: en 2020, el comediante Dave Chappelle se defendió de críticas a sus rutinas transfóbicas diciendo que era víctima de “la mafia de lo políticamente correcto”. Más recientemente, el actor Johnny Depp habló de haber sido cancelado por la industria del cine, mientras era acusado de violencia doméstica, y el escritor español Arturo Pérez-Reverte ha tildado a sus detractores de “inquisidores” por señalar sus comentarios misóginos y racistas.

La figura de la “cancelación” se ha convertido en un escudo para ciertos hombres con poder, que reaccionan con hostilidad ante la crítica social. En muchos casos, más que censura, se trata de una ciudadanía que ejerce su derecho a cuestionar discursos que perpetúan violencias estructurales. Decir “esto me parece violento” no es callar a nadie; es disputar el sentido común que ha naturalizado ciertas posturas desde lugares de privilegio.

En Cali, la defensa de los toros no es neutra. Es una postura política. Defender la tauromaquia en una plaza que dejó de usarse para ese fin, en una ciudad que celebró su abolición como un logro ético y cultural, no es un simple gesto artístico. Es una provocación que desconoce los avances sociales y las luchas ciudadanas. Y cuando se responde a la crítica con desprecio, no se está defendiendo la libertad de expresión: se está exigiendo impunidad.

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Laura Ubaté, periodista musical, productora y host del podcast Juventud Maldito Vacío, con Florencia Alcaraz, periodista argentina y columnista de Volcánicas, con Ita María, editora en Volcánicas y cofundadora de las Viejas Verdes y con Catalina Ruíz Navarro, directora de Volcánicas y periodista especializada en género, sobre quiénes realmente viven la cancelación y cuáles son sus verdaderas consecuencias.

José "Pepe" Mujica, nació en 1935 en Montevideo, Uruguay y fue una de las figuras más destacadas y respetadas de la izquierda latinoamericana. Militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en su juventud, Mujica pasó casi 15 años en prisión durante la dictadura militar, en condiciones extremas que marcaron profundamente su visión del poder, la justicia, la libertad y la dignidad humana. Su historia personal, forjada entre la lucha armada, la cárcel y la posterior reintegración democrática, es testimonio de una vida comprometida con los ideales de justicia social.

Tras el retorno a la democracia en Uruguay, Mujica se convirtió en una figura clave del Frente Amplio, la coalición de izquierda que lo llevó a ocupar distintos cargos, incluyendo el de senador y, finalmente, el de presidente entre 2010 y 2015. Su estilo de vida austero, que contrastaba con la ostentación de otros líderes, lo convirtió en un símbolo de coherencia ética y sencillez: vivía en su chacra, donaba gran parte de su salario y se movilizaba en su clásico escarabajo celeste. Su manera de ejercer el poder conectó con sectores populares desencantados con las élites políticas tradicionales.

Durante su mandato, Mujica impulsó reformas progresistas que posicionaron a Uruguay como un referente regional en derechos civiles. Legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana, decisiones que generaron tanto admiración como controversia, pero que consolidaron al país como un bastión democrático de avanzada. Estas reformas no fueron solo simbólicas, sino conquistas legales que ampliaron libertades y protegieron a poblaciones históricamente marginadas.

El legado de Mujica trascendió las fronteras uruguayas. Su pensamiento, articulado en discursos profundamente humanistas, permeó debates políticos en toda América Latina. Mujica se volvió un referente moral para los movimientos progresistas del continente: su rechazo al consumismo desmedido, su crítica al poder corporativo, y su defensa del Estado como garante de justicia social resonaron especialmente en una región desigual, golpeada por ciclos de autoritarismo y neoliberalismo.
A pesar de ser un hombre mayor criado en un contexto profundamente patriarcal, Mujica mostró en su discurso y en algunas de sus políticas una sensibilidad creciente hacia la agenda de género, aunque no siempre entendiera a las feministas ni al feminismo. Reconoció públicamente que el feminismo le enseñó cosas que nunca había cuestionado en su juventud y respaldó  la despenalización del aborto como un asunto de justicia social. Su apoyo no fue condescendiente ni paternalista, sino fruto de un entendimiento genuino del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Mujica supo, con sus limitaciones y contradicciones, escuchar, aprender y acompañar las causas justas. En tiempos de polarización y autoritarismos patriarcales inamovibles, su ejemplo sigue inspirando a nuevas generaciones que buscan construir una política más ética, solidaria y democrática.

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Constanza Moreira, política, socióloga y escritora uruguaya y quien desde el 1 de marzo de 2025 es Senadora de Uruguay por el Frente Amplio. También, con Lucy Garrido, periodista e integrante del colectivo feminista Cotidiano Mujer. Y, finalmente, con Mónica Xavier Yelpo, doctora y política uruguaya. También fue presidenta y Secretaria general del Frente Amplio. Lo recordaron, hablaron sobre su legado, los momentos que compartieron, lo que significó para el progresismo y lo que aún queda por conquistar.

La escritura y la edición periodística han sido históricamente herramientas para la defensa de los derechos humanos, especialmente en contextos donde las instituciones fallan en su deber de protección. A veces, cuando se hace con ética, se siente casi como la primera línea de defensa de esos principios. En el periodismo, contar una historia con precisión, sensibilidad y profundidad no solo informa, sino que también visibiliza injusticias y moviliza a la sociedad. Los periodistas que trabajan en este campo deben afinar su capacidad de narrar sin revictimizar, de documentar sin distorsionar, y de editar con ética para que los testimonios de las víctimas no se pierdan en la banalización de la información.

En Colombia, un país marcado por el conflicto armado, la desigualdad estructural y las violencias múltiples, la escritura periodística y la edición han sido cruciales para romper el silencio impuesto por el miedo y el poder. Reportajes, crónicas y piezas de investigación han permitido reconstruir memorias colectivas que de otro modo habrían sido borradas o manipuladas. El periodismo de derechos humanos en Colombia no solo informa: también repara simbólicamente, da nombre a lo que muchos quisieron mantener innombrable, y exige justicia en un sistema que muchas veces opera con impunidad.

Además, en un entorno mediático cada vez más digital y fragmentado, la escritura y la edición deben adaptarse a nuevas formas de consumo sin perder profundidad ni veracidad. El reto es lograr que las historias sobre derechos humanos sean accesibles, pero no simplificadas; virales, pero no despojadas de contexto. Herramientas como el periodismo multimedia, los pódcast narrativos, los libros y los hilos explicativos en redes sociales abren nuevas posibilidades para narrar lo que ocurre, y para hacerlo desde una mirada feminista, comunitaria y crítica.

En la primera entrega en vivo de La Semanaria, hablamos con dos referentes del periodismo de derechos humanos en Colombia. Estuvimos con Eli Otálvaro, codirectora del medio independiente Mutante. Y con Alexa Rochi, reportera gráfica colombiana y autora del libro Disparos x Disparos.

La reciente decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido, que reinterpreta legalmente el término "mujer" en la Ley de Igualdad de 2010 como una categoría basada exclusivamente en el sexo biológico, tendrá implicaciones en la política de género del país.

Con una JK Rowling celebrando con un puro y un whiskey desde su privilegio de mujer blanca, cis y millonaria, esta decisión se suma al discurso que niega la identidad de género y deshumaniza a las personas trans, poniendo en riesgo sus vidas. Esta resolución permite que servicios de un solo sexo, como refugios para mujeres, salas de hospital y prisiones, excluyan legalmente a mujeres trans, incluso aquellas con certificados de reconocimiento de género. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, ha acogido con satisfacción esta decisión transexcluyente, considerándola una clarificación necesaria para la elaboración de políticas públicas.​

La medida transfóbica también fue  respaldada por la ministra de Mujeres e Igualdad, Bridget Phillipson, quien aseguró que la resolución garantiza la seguridad en espacios exclusivos para mujeres, especialmente para sobrevivientes de violencia masculina, dando a entender, de manera prejuiciosa, tendenciosa, estigmatizante y desinformando que las personas trans son un peligro para las mujeres cis. 

Sin embargo, y con toda razón, el fallo ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos trans, quienes advierten que esta decisión podría sentar un precedente para la exclusión legal de personas trans en otros contextos.

Las implicaciones de esta resolución refuerzan las narrativas de odio contra la población trans que han tomado fuerza con el fortalecimiento de la ultraderecha mundial. En el sur global, donde la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años estos discursos siguen cobrando vidas. 

La resolución del Reino Unido también plantea interrogantes sobre la protección de los derechos humanos y la no discriminación. Si bien el Tribunal Supremo enfatizó que las personas trans siguen estando protegidas contra la discriminación bajo la Ley de Igualdad, la exclusión de espacios específicos es una forma de discriminación que afecta negativamente su dignidad y bienestar.​
En respuesta a esta situación, es crucial que las organizaciones y activistas de derechos humanos, tanto en el Reino Unido como en el sur global, fortalezcan sus redes de solidaridad y aboguen por políticas inclusivas que reconozcan y respeten la identidad de género. La colaboración internacional y el intercambio de estrategias pueden ser herramientas efectivas para contrarrestar retrocesos en los derechos de las personas trans y promover sociedades más equitativas.​
Es fundamental que las políticas públicas se basen en principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad, garantizando que todas las personas, independientemente de su identidad de género, tengan acceso a servicios y espacios seguros y acogedores.

En el episodio más reciente de La Semanaria hablamos con Josephine Fernández, activista, artista y mujer trans y no binaria y con Runa Sanabria, activista transfeminista y comunicadora de Ecuador, para entender cómo las vidas trans del sur global se seguirán viendo afectadas por las narrativas transfóbicas del norte global.

El brutal asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años conocida como "La Millerey", ha puesto en evidencia la profunda transfobia que persiste en el país. El crimen ocurrió en Bello, Antioquia, donde Sara fue sometida a torturas que incluyeron fracturas en sus extremidades antes de ser arrojada a la quebrada La García, lo que le impidió escapar y finalmente le causó la muerte.

Pero esto por supuesto que no es aislado y es consecuencia de un cúmulo de violencias que pasan por las afirmaciones transfóbicas que terminan por normalizar la violencia contra esta población en Colombia y a nivel global. 

Recientemente, nuestra reportera Valeria Quiroga publicó un reportaje, acá en Volcánicas, en donde contaba que: En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el aumento de hechos de violencia en contra de la población trans en Colombia, tras los 258 casos registrados de violencia por prejuicio contra mujeres y hombres trans y personas no binarias, lo que indicó un aumento del 29.6% comparando el mismo periodo de 2023, con 199 casos atendidos. 

La Fiscalía General de la Nación reportó en noviembre del año pasado que 26 personas trans fueron asesinadas durante los 11 meses de 2024, sin embargo sabemos que es un subregistro. Daniela Zambrano, abogada e investigadora de Caribe Afirmativo, organización colombiana que trabaja por los derechos de las personas LGBT+ a nivel nacional, afirma que: “es urgente que el sistema de información funcione correctamente. Hay sistemas débiles, incluso en el registro de asesinatos, que no permiten evidenciar la realidad de lo que está ocurriendo en términos de cifras. No hay datos reales y eso es preocupante”.

Las personas trans enfrentan una violencia sis temática que va mucho más allá de la violencia que termina con sus vidas. Comienza en la exclusión del sistema educativo, en el rechazo familiar, en la precarización del trabajo, y se consolida en el trato deshumanizante por parte de instituciones que deberían protegerlas. En el caso de Sara, incluso después de su muerte, la revictimización no se detuvo: medios de comunicación irrespetuosos y autoridades sin enfoque de género insisten en borrar su identidad, su historia y el contexto de su asesinato, que es un crimen de odio. Como lo hicieron, por ejemplo, funcionarios de la Alcaldía de Bello, cuando decidieron utilizar su nombre asignado al nacer y no referirse a ella respetando su identidad. 

Decidieron no respetar que se llamaba Sara y que era una mujer 

Según cifras de organizaciones como Colombia Diversa, la expectativa de vida de una mujer trans en el país es de apenas 35 años. En toda Latinoamérica, los datos no son mucho mejores. Brasil, México y Colombia encabezan la lista de países con más crímenes de odio contra personas trans, y aún así, los esfuerzos estatales para prevenir esta violencia son mínimos o inexistentes. La impunidad es la norma. La falta de justicia, parte del castigo estructural.

El clima político actual ha acarreado la normalización e incluso la justificación de la violencia contra las disidencias sexogenéricas y contra las mujeres. Y a esto es necesario sumar la espectacularización que se creó alrededor del caso de Sara, con personas que incluso llegaron a crear fotos estilo Studio Ghibli alrededor de su asesinato. Eso, sumado a los comentarios de odio, a la malgenerización, al aprovechamiento de su muerte por parte de personas que promueven el terfismo pero ahora quisieron lavarse las manos. 

En el más reciente episodio de La Semanaria, hablamos con Emma y con Danne Aro Belmont, dos activistas por los derechos humanos, para intentar entender el panorama de extrema violencia en contra de las vidas trans. Además, asistimos a la velatón en honor de Sara, para recoger las voces que claman por justicia para ella y para las cientos de vidas trans que han sido arrebatadas por el odio.