Las protestas de les pensionades en Argentina han sido una constante en la lucha por derechos sociales, pero su intensidad ha crecido exponencialmente bajo el gobierno de Javier Milei. 

Es cierto que antes de su llegada al poder, les jubilades ya enfrentaban dificultades económicas debido a la inflación y el deterioro del sistema previsional (es decir, sistema estatal que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), pero al menos existían mecanismos de ajuste automático de las jubilaciones y una política estatal que, con limitaciones, intentaba garantizar una mínima protección social. También existieron períodos de recortes y ajustes en gobiernos anteriores, la presencia de los sindicatos y la presión de organizaciones sociales permitieron mantener ciertos beneficios, como bonos extraordinarios y asistencia sanitaria a través del PAMI (o el Programa de Asistencia Médica Integral).

Con la elección de Milei, la situación de les pensionades se ha agravado drásticamente. Su política de ajuste fiscal ha llevado a la eliminación de bonos complementarios, la suspensión de medicamentos gratuitos y la desactualización de las jubilaciones en un contexto de inflación acelerada. 

Además, la desregulación de la economía y la falta de intervención estatal han hecho que el costo de vida para les jubilades se vuelva insostenible. Mientras el gobierno defiende estas medidas como necesarias para reducir el gasto público, les pensionades han salido a las calles en marchas masivas denunciando el abandono estatal y exigiendo el restablecimiento de sus derechos básicos.

Las manifestaciones actuales no solo reflejan el descontento con la reducción de sus ingresos, sino también con la precarización de su calidad de vida. La imagen de jubilados y jubiladas protestando en las plazas, muchas de ellas con bastones o en sillas de ruedas, se ha convertido en un símbolo de la crisis social, económica y política que atraviesa Argentina. 

A diferencia de años anteriores, donde las negociaciones con el gobierno eran posibles, la postura intransigente de la administración Milei ha generado un clima de tensión y represión. En varias protestas, las fuerzas de seguridad han respondido con violencia, lo que ha provocado una mayor indignación en la sociedad y ha reforzado la solidaridad con el sector de les pensionades. Y, como respuesta, sólo queda un Gobierno que culpa a mandatarios anteriores y asegura que no hay motivos para marchar. 

Y entonces, en la manifestación más violenta, atacaron al fotoperiodista Pablo Grillo. 

El futuro de las jubilaciones en Argentina sigue siendo incierto bajo la gestión de Milei. Mientras el gobierno insiste en que el ajuste es necesario para sanear la economía, les jubilades y sus organizaciones continúan exigiendo medidas urgentes para garantizar su subsistencia. En este momento la elección es comer o conseguir medicinas. 

Las protestas no solo buscan recuperar los beneficios perdidos, sino también evidenciar un modelo de gestión que prioriza la reducción del gasto público sin considerar el impacto humano de esas decisiones. Es decir: libertarios en su máxima expresión. Así,  la lucha de les pensionades se ha convertido en un termómetro de la crisis social y política que atraviesa Argentina.

Edgar Orlando Gaitán Camacho es un falso chamán en Colombia. El tipo fue condenado por abusar sexualmente de varias mujeres mientras hacían rituales con yagé. Aprovechando su imagen de líder espiritual y médico ancestral, Gaitán utilizaba su autoridad para manipular a sus víctimas, que se encontraban en estados de vulnerabilidad física y psicológica tras consumir la planta sagrada para las comunidades indígenas. Durante las ceremonias, las mujeres eran sometidas a tocamientos y abusos bajo la justificación de un supuesto proceso de sanación. 

Aunque inicialmente recibió una condena de 29 años, errores procesales y la interpretación judicial revictimizante sobre la incapacidad de resistencia de las víctimas llevaron a la reducción de su pena a 14 años.

La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas revisó la condena contra Edgar Orlando Gaitán Camacho por el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. 

El fallo confirma parcialmente la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, que había condenado a Gaitán por sus abusos. Sin embargo, en la revisión, el tribunal determina que no todas las víctimas se encontraban en un estado de incapacidad de resistir, y por eso decidieron absolver al acusado en algunos casos y, con eso, redujeron su condena. 

La sentencia destaca que el acusado utilizó su posición de líder espiritual y su imagen de taita para generar confianza y manipular a las víctimas, pero considera que en ciertos casos la Fiscalía no probó de manera suficiente la incapacidad de resistencia de algunas denunciantes.

En el episodio más reciente de La Semanaria hablamos con siete de las nueve denunciantes de Gaitán, quienes nos contaron por qué esta decisión impacta sus vidas, una vez más, con revictimización. Además, hablamos con Nataly Macana, candidata a doctora de la Universidad de los Andes, quien analizó la nueva sentencia y con Carlos Fernando Guerrero, abogado penalista y representante de las víctimas de Gaitán, quienes nos explicaron por qué esta sentencia ignoró por completo las violencias basadas en género.

Asesinos. Drogadictos. Violadores. Enfermos mentales. Una invasión. Esos son algunos de los términos que el presidente condenado de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado para referirse a la migración. A las personas migrantes. No son ideas nuevas. Desde su mandato anterior, el presidente estadounidense ya había promovido discursos de odio, que luego materializó en leyes, que han restringido, agravado y puesto en inmenso peligro a quienes, por diversos motivos, que en su mayoría responden a las violencias estructurales que atraviesan a América Latina, deciden migrar. 

El 3 de marzo de este año, el New York Times publicaba en uno de sus artículos un hecho sin precedentes: la frontera norte de México, esa que por años ha sido uno de los pasos más importantes para cientos de miles de personas de todo el mundo, se quedó en silencio. 

En la crónica, llamada “En la frontera de México alguna vez llena, permanecen sólo algunos migrantes”, la autora, Annie Correal, narra cómo los refugios se quedaron vacíos porque incluso los pasos ilegales han quedado totalmente sellados. Ya nadie se atreve a cruzar. Cada día, migrar es más difícil y pasos que antes movilizaban a millones, como el Darién, poco a poco han reducido su flujo: “hasta en un 90%” como lo aseguró hace menos de una semana el presidente panameño José Raúl Mulino. 

Han sido muchas las políticas creadas en los dos períodos presidenciales del presidente convicto. Un breve resumen incluye: 

1. Invocación de la Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act): Esta ley, que data del siglo XVIII, fue utilizada para deportar a inmigrantes, predominantemente venezolanos, a una prisión en El Salvador. Esta ley originalmente estaba destinada a tiempos de guerra.
2. Ampliación de la "Expulsión Expedita" (Expedited Removal): Se amplió el uso de este procedimiento, permitiendo a los oficiales de inmigración deportar rápidamente a individuos sin el debido proceso si se determinaba que habían ingresado al país sin documentos y llevaban menos de dos años en Estados Unidos.
3. Prohibición de ingreso a ciudadanos de países de mayoría musulmana: Se implementaron restricciones de viaje que afectaron a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, impidiéndoles ingresar a Estados Unidos.
4. Construcción del muro fronterizo: Se promovió y avanzó en la construcción de un muro en la frontera sur con México como medida para detener la inmigración ilegal.
5. Revocación de protecciones en áreas sensibles: Se revocaron directrices que prohibían arrestos de inmigración en lugares sensibles como tribunales, escuelas, iglesias y hospitales, permitiendo detenciones en estos espacios.
6. Intento de finalizar la ciudadanía por nacimiento: Se emitió una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus legal temporal, lo que generó múltiples desafíos legales y bloqueos judiciales.
7. Establecimiento de cuotas diarias de deportación: Se implementaron cuotas diarias de deportación para las oficinas de ICE, aumentando la presión sobre los agentes para realizar más arrestos y deportaciones.
8. Expansión de centros de detención: Se ordenó la expansión del Centro de Operaciones de Migrantes de Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes bajo detención.

En el más reciente episodio de La Semanaria, hablamos con Lucía Samayoa, jefe de la base en Tapachula, al sur de México, de Médicos sin Fronteras; también hablamos con Christy Crouse, abogada estadounidense e investigadora en el área internacional en DeJusticia, para intentar comprender mejor cómo la deshumanización sobre lxs migrantes está paralizando las fronteras de Latinoamérica.

La violencia ligada al narcotráfico en Latinoamérica ha escalado a niveles alarmantes, esto es lo que señala el informe más reciente del Crisis Group llamado "Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina”. Países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y México enfrentan una crisis de seguridad en la que el crimen organizado ha tomado el control de territorios, imponiendo su propia ley a través de extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. La respuesta estatal, basada en el uso de la fuerza, ha sido insuficiente para frenar la expansión de estos grupos, que continúan explotando economías ilegales y sembrando el miedo en comunidades vulnerables.

La investigación señala que los modelos tradicionales de seguridad han fracasado, y eso ha permitido que las redes criminales se infiltren en las instituciones y que la corrupción debilite aún más la capacidad del Estado. 

Porque la violencia es, sobre todo, estructural. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad han facilitado el reclutamiento de jóvenes en las filas del narcotráfico, convirtiendo a muchas ciudades, pueblos y municipios en zonas  donde la población civil es la principal víctima. En este contexto, las estrategias para reducir la violencia requieren enfoques más amplios que combinen justicia, desarrollo social y reformas institucionales.

Las mujeres y las infancias han sido objetivo de una violencia sistemática en este escenario. En varias de las zonas controladas por el crimen organizado, las mujeres son vistas como propiedad de los grupos armados y utilizadas para demostrar su poder. La violencia sexual, el feminicidio y el reclutamiento forzado de niñas y adolescentes son tácticas recurrentes en la dinámica del narcotráfico. A esto se suma la carga económica que enfrentan muchas mujeres, quienes deben sostener a sus familias mientras son extorsionadas o amenazadas por bandas criminales.

El informe destaca además el impacto de esta crisis en las infancias, muchas de las cuales crecen en entornos donde la violencia es la norma. Los niños y adolescentes no solo son víctimas directas de los enfrentamientos y desplazamientos, sino que también son reclutados desde edades tempranas por los carteles y pandillas. La falta de acceso a educación y el abandono estatal los deja expuestos a un sistema en el que la violencia se convierte en el único camino viable de supervivencia. La urgencia de atender esta problemática es innegable, y cualquier estrategia de pacificación en la región debe poner en el centro la protección de estas poblaciones. 

En el episodio más reciente de La Semanaria hablamos con Elizabeth Dickinson, una de las principales investigadoras de este informe, además de ser analista senior del Crisis Group, y con Karol Noroña, periodista ecuatoriana que ha dedicado sus agendas a cubrir el impacto del crimen organizado y la militarización en Ecuador, para entender mejor cómo nuestras naciones continúan siendo sometidas al flagelo de la violencia del narcotráfico y de las economías ilegales.

El 8 de marzo no es un día de celebración, es una jornada de lucha y reivindicación. Cada año, millones de mujeres en todo el mundo salen a las calles para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, una fecha que nació de la resistencia de trabajadoras que reclamaron sus derechos básicos. 

Hoy, cuando las pugnas por esos derechos aumentan ante el ascenso de los fascismos, manifestarnos en su defensa es más que urgente. 

La conmemoración del 8M inició con las manifestaciones de mujeres obreras a finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en la industria textil, donde denunciaban condiciones laborales inhumanas.

Uno de los hechos más recordados ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York dejó 146 personas muertas, en su mayoría mujeres migrantes. Las puertas estaban cerradas con llave para evitar que tomaran descansos, por lo que no pudieron salvarse. Ese, junto a muchos otros episodios y situaciones de injusticia impulsaron la lucha feminista por derechos laborales y equidad.

Años después, en 1977, la ONU oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo las luchas históricas de los movimientos feministas. Pero la conmemoración va mucho más allá de una resolución: es un recordatorio de que las mujeres seguimos enfrentando desigualdades sistémicas, violencia y explotación en distintos rincones del mundo, que se agravan con otras intersecciones como la raza, la clase, la orientación sexual y, la condición de migrantes. Por eso, el 8M no es solo un día de memoria, es una fecha para exigir lo que aún falta: justicia, derechos y un mundo en el que ser mujer no implique riesgos ni desventajas.

Porque sí, aún nos quedan derechos por conquistar

Entre 2018 y 2024, 14,696 niñas de 14 años o menos en Guatemala dieron a luz, como resultado de agresiones sexuales. Así lo revela el informe más reciente publicado por Human Rights Watch llamado "Forzadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala". 

Desde la aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en 1996, los casos reportados de violencia sexual e intrafamiliar han aumentado. Esto tiene que ver también con que cuando se tipifica un delito se puede medir y denunciar más. Resultado de esto es que de acuerdo con el medio guatemalteco Plaza Pública, entre 2004 y 2013, la Policía Nacional Civil registró 27,045 denuncias de violencia sexual. El 83.45% fueron contra  mujeres.

En el contexto del conflicto armado interno, que se dio entre 1960 y 1996, la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra, especialmente contra mujeres indígenas. En noviembre de 2024, la Fiscalía solicitó 2,860 años de prisión para Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, por genocidio y delitos contra la humanidad, incluyendo violencia sexual contra el pueblo Ixil. Este juicio incluyó más de mil pruebas y 71 testimonios, 11 de ellos de mujeres víctimas de violencia sexual.

En 2024, el Instituto Nacional de Estadística presentó indicadores de continuación de la violencia contra las mujeres, basados en la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares realizada entre septiembre y noviembre de 2023. Así, en este contexto, llega el nuevo informe que tampoco da un panorama alentador. 

Concretamente, en el informe Human Rights Watch revela la muy alarmante perpetración de violencia sexual contra niñas menores de 14 años en el país. Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), entre 2018 y 2024, 14,696 niñas de 14 años o menos dieron a luz, resultado de agresiones sexuales. 

Estos embarazos forzados producen graves riesgos para la salud física y mental de las niñas y limitan su acceso a derechos fundamentales como la educación. Este escenario ha decantado en casos como el de Fátima, una niña de 12 años que fue forzada a ser madre sin que se contemplara si quiera que su embarazo fue producto de una violación por parte de un funcionario público que huyó de la justicia. Su caso ha impulsado la campaña Niñas, No Madres, que busca despenalizar el aborto y permitir que las guatemaltecas tengan derecho a elegir. 

Las investigaciones de Cristina y su equipa mostraron que aunque existen políticas y marcos legales destinados a abordar la violencia sexual y el embarazo temprano, su implementación es ineficaz. Las barreras incluyen largas distancias a centros de salud, escasez de personal capacitado y recursos insuficientes, lo que dificulta el acceso a servicios esenciales como anticoncepción de emergencia y atención prenatal. Estas dificultades afectan desproporcionadamente a niñas de comunidades rurales e indígenas.

El sistema educativo también falla en apoyar a las niñas embarazadas o madres jóvenes. El estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a altas tasas de abandono escolar, especialmente en áreas rurales. La falta de educación sexual integral y políticas que permitan a estas niñas continuar sus estudios las deja sin el apoyo académico y emocional necesario, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.

En este episodio de La Semanaria hablamos con Heidy Hernández, parte de Resisters, una colectiva feminista que ha acompañado casos de violencia basada en género en Guatemala. También, hablamos con Jovanna García, periodista guatemalteca feminista especializada en derechos humanos, corrupción y procesos de justicia, para entender mejor cuál es el panorama social de estas violencias en el país.

Finalmente, hablamos con Cristina Quijano, investigadora de Human Rights Watch en la línea de género y autora de este informe, quien nos contó cuáles fueron los principales hallazgos y recomendaciones al Estado guatemalteco.

En medio de un contexto mundial que busca acabar las libertades colectivas e individuales, el 21 de febrero celebramos los tres años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia.

El 21 de febrero se cumplen tres años desde que la Corte Constitucional colombiana emitió la Sentencia C-055 de 2022. En ella, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y sin ningún tipo de causal o de restricción. Y para casos que superen este plazo, la corte mantuvo las causales despenalizadas en 2006 para permitir la interrupción: violación, incompatibilidad con la vida extrauterina y cuando el embarazo supone peligro o riesgo para salud o vida de la mujer, hombre trans o persona no binaria.

Esta sentencia ha sido destacada y celebrada por ser una de las más vanguardistas en la región y en el mundo. Naciones Unidas ha señalado que esta decisión alcanzada en Colombia permite brindar una protección más efectiva a los derechos individuales. 

Porque, efectivamente, este acceso amplio y sin justificantes, permite que las mujeres, hombres trans y personas no binarias que lo necesiten puedan acceder a la interrupción voluntaria de manera segura, sin arriesgar sus vidas en abortos inseguros y, lo más importante, puedan seguir adelante con sus proyectos de vida. En otras regiones del mundo, el retroceso en el acceso a derechos está dejando graves consecuencias. 

Desde que se revocó el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos al tumbar la sentencia Roe vs. Wade el 24 de junio de 2022, aumentaron los partos y maternidades forzadas y se han registrado muertes por falta de acceso a salud reproductiva, como ocurrió con  Amber Thurman, quien falleció en octubre de 2024 por complicaciones en un aborto y no recibir atención oportuna en Georgia, uno de los estados con más restricciones para el acceso al aborto. 

El Washington Post también encontró que, desde que se revocó el derecho al aborto, han aumentado en 500% los casos de bebés recién nacidos abandonados en las calles en el estado de Texas, otro de los que tiene restricciones más severas y criminalizantes contra el acceso al aborto. De estos recién nacidos, la mayoría terminan muriendo y los pocos que sobreviven suelen tener vidas marcadas por enfermedades. 

En este momento las discusiones a nivel global están demostrando que las facciones políticas totalitarias están intentando retroceder nuestros derechos. Con gobiernos que abiertamente están buscando restringir la participación democrática de las mujeres y personas LGBTIQ+ en los espacios públicos, además de apropiarse y restringir sus libertades individuales, es urgente proteger lo que se ha ganado y mantenernos alertas. 

En Colombia, es importante continuar protegiendo los cambios de paradigma logrados por Causa Justa. 

En este episodio de La Semanaria hablamos con Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa por La Vida y La Salud de Las Mujeres y pionera del Movimiento Causa Justa, que lideró y consiguió la sentencia C-055, quien nos habló de las victorias ya obtenidas y de los retos que aún continúan. 

También, hablamos con Ita María, cofundadora de la colectiva Las Viejas Verdes, una de las organizaciones que hace parte de Causa Justa, y la editora de audiencias y contenidos acá mismo en Volcánicas, quien analizó los cambios en la narrativa social y oficial alrededor del aborto. Y, finalmente, con Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y otra de las mujeres que lideró el movimiento Causa Justa, quien ratificó la importancia  de seguir velando y protegiendo los derechos adquiridos. 

La más reciente crisis social, política y humanitaria en el Catatumbo se agudizó desde el 15 de enero de este año. 

Las confrontaciones armadas iniciaron el 12 de enero, pero el 15 se intensificó gravemente la arremetida de los ataques por parte de la guerrilla del ELN contra grupos residuales de las Disidencias de las FARC, lo que ha colapsado toda la región del Catatumbo. En Tibú, Ocaña, El Carmen, Ábrego, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra y Sardinata, les habitantes están o confinades, o sometides a desplazamientos forzados por el acelerado recrudecimiento de la violencia. 

Hasta la fecha de publicación de este episodio, al menos 56 personas han sido asesinadas y otras 54 mil más han sido desplazadas. El presidente Gustavo Petro aseguró que este despliegue de violencia también ha ocurrido porque la guerrilla del ELN ha creado vínculos con carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y esto ha llevado a que las guerras por el control territorial sean más violentas. 

Sin embargo, la historia de violencia, desatención estatal y explotación desmedida en esta región del país está lejos de ser nueva. 

Esta región empezó a ser explotada desde 1903 con la extracción de petróleo, y fue justo allá donde se abrió la primera fábrica de kerosene, más puntualmente en Tibú. Desde entonces, en los mayores momentos de extracción, grandes empresas globales entre ellas Texaco y Mobil, han logrado sacar casi 2mil barriles de petróleo diarios del Catatumbo, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Esto mismo ha atraído a grupos armados ilegales que se han ido rotando el control de la explotación. Primero estuvieron los paramilitares, más concretamente el bloque Catatumbo, autores de 115 masacres y 5mil asesinatos entre 1999 y 2004. 

Ahora, las confrontaciones entre el ELN y las Disidencias de las FARC volvieron a encender la violencia. 

En medio de este panorama, y como en todos los conflictos, las infancias, las adolescencias,  las mujeres y personas LGTBIQ+ están expuestas a violencias diferenciales que requieren atención especial. No sólo existe un mayor riesgo a escenarios de violencia sexual, sino también una mayor exposición a delitos como la captación para trata de personas, como lo explicó desde el inicio de esta crisis la Fundación Valientes, especialistas en la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, niñas y adolescentes.

 El panorama para las mujeres en Norte de Santander nunca ha sido sencillo. Como explica el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, año tras año, en esta región las mujeres son más vulnerables a todo tipo de violencia basada en género, que se agudiza por la porosidad de la frontera Colombo-venezolana, el tráfico y explotación de niñas y mujeres con fines laborales y sexuales, los servilismos obligados, además de las violencias ejercidas por grupos armados legales e ilegales. 

Zonas como El Plateado han reportado un crecimiento importante en los enfrentamientos armados durante los últimos días entre dos bloques de las Disidencias que se están peleando el control de este paso clave para las economías ilegales. 

Lo mismo está ocurriendo en Chocó, donde los enfrentamientos entre el ELN y las AGC han arreciado el peligro para las comunidades, principalmente indígenas y afrodescendientes, pues los dos grupos armados ilegales pelean el control de la minería legal e ilegal sobre el río Atrato.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas, además de medios como New York Times y la BBC, la intervención extranjera (principalmente del gobierno de Estados Unidos), sumado a la deuda absurda que les impuso Francia por liberarse, han sumido a Haití en la profunda pobreza, que ha llevado a una constante violencia. 

Durante su muy polémico discurso en Davos, el presidente argentino, Javier Milei, aseguró, con toda tranquilidad, que era necesario dejar de promover leyes que hicieran que la vida de las mujeres valiera más que las de los hombres. 

Según él, hablar de feminicidios crea alguna especie de ventaja para las mujeres y desvaloriza las vidas de los hombres. Y aunque no logramos entender qué tipo de lógica es la que está aplicando (como igual no hemos entendido nada de lo que ha hecho durante su gobierno), nos parece importante recordar por qué haber logrado la tipificación del feminicidio es una de las mayores y más luchadas victorias de los feminismos. 

El delito de feminicidio empezó por tipificarse en Costa Rica, donde se implementaron cambios al código penal y se incorporó en 2007. Le siguió el Estado mexicano de Chihuahua, dejando un precedente importante. Este avance se dio en respuesta a los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, donde más de 400 mujeres fueron asesinadas en la década de 1990. La falta de acción ante estos crímenes sistemáticos permitió que el concepto de "feminicidio" adquiriera visibilidad. Aunque, fue hasta 2012 que se convirtió en Ley Federal y se aplicó al código penal nacional. 

Luego, vino Argentina. Allí, la tipificación del feminicidio se consolidó en 2012 con la sanción de la Ley 26.791, que modificó el Código Penal para establecer el feminicidio como un delito autónomo. Guatemala tipificó el feminicidio en 2008, incorporando este delito en su Código Penal. 

Nicaragua incorporó el feminicidio en su legislación en 2012, estableciendo este delito en el Código Penal. Bolivia y Perú tipificaron el delito en 2013, y luego lo hicieron Venezuela y Ecuador en el 2014. En todos los casos, estas victorias se alcanzaron por la presión de los movimientos feministas y en vista de las impresionantes  oleadas de violencias basadas en género. 

En 2015, Colombia aprobó la Ley 1761, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que reformó el Código Penal para reconocer el feminicidio como un delito autónomo.  Y finalmente lo hizo Costa Rica, que tipificó el feminicidio en 2017.

En toda latinoamérica, únicamente Cuba y República Dominicana no han tipificado concretamente el feminicidio, pese a que dentro de sus códigos legales tienen delitos relacionados a homicidios agravados por género. Todas estas luchas son las que personas como Milei están poniendo en riesgo. 

En el más reciente episodio de La Semanaria, hablamos con Maria Florencia Alcaraz, periodista y activista feminista argentina, para entender cómo se está viviendo el impacto de las palabras y nuevas políticas de Milei en el país.

También, hablamos con la asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Nesa en México, que han decidido organizarse desde una visión comunitaria que acude a los barrios y los municipios para prevenir las violencias basadas en género, y con Carol Rojas, coordinadora del Observatorio colombiano de feminicidios, para entender por qué es importante no perder estas políticas en el continente.