La Semanaria 🎙🌋

El 15 de enero fue anunciado finalmente el alcance de un acuerdo que implicaría el cese al fuego en Gaza. Sin embargo, entre el anuncio y su puesta en marcha, Israel continuó bombardeando la franja de Gaza matando al menos a otros 80 palestinos. 

Luego, a partir del lunes 20 de enero de 2025, entró en vigencia el cese al fuego e inició el intercambio de rehenes. Sin embargo, medios como el Washington Post y Al Jazeera han denunciado que Israel ha continuado sus ataques, principalmente en el norte de Gaza, donde se han presentado más bombardeos y ataques a civiles. 

Durante estos días también las familias palestinas han intentado regresar a sus hogares. A través de redes sociales han podido registrar sus llegadas a los sitios en donde antes llevaban sus vidas. Allí han mostrado cómo todo lo que quedó son ciudades hechas ruinas y miles de vidas perdidas. 

Entre las negociaciones quedó establecida la liberación de capturados y una de las rehenes liberadas por Israel, la activista Khalida Jarrar, aseguró en entrevista que durante su tiempo estando en las prisiones israelíes pudo presenciar múltiples torturas y el asesinato de al menos 60 rehenes causadas por las golpizas que les dieron los soldados israelíes. 

Bajo este panorama, aunque el alivio no puede negarse, pues al menos por un tiempo la brutalidad al parecer estará en pausa, expertos alrededor del mundo temen que, por un lado, la reconstrucción de Palestina sea imposible. Porque todo aún es incierto. Pero, también, que un cese al fuego no sea suficiente. 

En el episodio más reciente de la segunda temporada de nuestro podcast La Semanaria, hablamos con Margarita Cadavid, internacionalista de la Universidad del Rosario y profesora de la Universidad Militar. También, hablamos con Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencias Políticas y periodista, para entender mejor el contexto en Gaza y las implicaciones del cese al fuego. Finalmente, hablamos con activistas representantes del colectivo de Gaza a México, quienes se han mantenido en contacto con la familia Aabed y siguen pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum que permita la reunificación. 

Sandra Martínez tiene 28 años, es del Caquetá, un departamento en el sur de Colombia que ha sido especialmente golpeado por la violencia del conflicto armado, y la última vez que supieron algo de ella fue cuando le avisó a su hermana, Luz Alba, que iba para una reunión en El Paujil, un municipio del mismo Caquetá, y que se iba a quedar sin señal algunas horas.

Hoy se cumplen 2 semanas y un día desde que desapareció.

En el episodio más reciente de La Semanaria hablamos con Luz Alba, la hermana de Sandra, para poder alzar la voz sobre su desaparición. También, hablamos con Li Cuéllar, directore de Sentiido, quien es amigue de Sandra y la conoce por sus labores como lideresa. 

Adicionalmente hablamos con investigadora del Observatorio de conflictividades y derechos humanos de Indepaz, el mismo observatorio que lleva el conteo y analiza el asesinato de lideres sociales, firmantes de paz y masacres en Colombia. Y, finalmente, con  Laura Bonilla, Subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación PARES, para entender mejor el panorama que sobreviven las lideresas sociales en Colombia.

Aunque en muchas regiones del mundo las nociones alrededor del VIH se han modificado, en Colombia hay quienes aún lo enfrentan como si cargaran una plaga que las aleja del mundo entero. Viven en silencio, incluso con miedo a ser asesinadas por ser portadoras. Esto pasa con las mujeres afro e indígenas del Pacífico colombiano. 

Esta es la denuncia hecha por Janeth Valencia, fundadora de Lila Mujer, una asociación de mujeres con VIH en Cali, Colombia y un referente para las mujeres negras con VIH de las comunidades del suroccidente colombiano. Recibió su propio diagnóstico a los 24 años, cuando era madre soltera de una niña de 4 años. Desde entonces, ha buscado todas las maneras para hacer visible que en Colombia las mujeres afro, indígenas y de la ruralidad deben vivir con VIH y con el terror de ser descubiertas por portarlo. 

De acuerdo con la Organización Cuenta de Alto Costo, más de 185 mil personas conviven con el virus de VIH. De estas personas, de acuerdo a como lo presentaron el diario El Espectador, 80,74 % recibió terapia antirretroviral (TAR), y de quienes accedieron a este tratamiento, el 89,42 % logró la supresión viral. 

Y todo esto es por supuesto muy positivo. El temor es que en ciertas zonas del país, como el suroccidente colombiano, y más particularmente para las mujeres afro e indígenas, sólo la idea de buscar ser revisadas ya implica terror. Superar estos procesos de estigmatización y revictimización será realmente vital para muchas mujeres. Y decimos muchas porque ni siquiera es posible dar una cifra exacta. Porque hay miedo y, por lo mismo, un enorme subregistro. 

Por ejemplo, la misma organización Cuenta de Alto Costo señaló que en 2024 la cobertura de inmunosupresores disminuyó respecto a lo que se había logrado en 2023. Y fue justo el Pacífico Colombiano, más puntualmente entre las comunidades afro e indígenas, la que menor cobertura obtuvo.  

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Janeth Valencia, directora de Lila Mujer y con Claudia Katherine Palacios, quien también pertenece a la Asociación Lila Mujer y trabaja como coordinadora. Las dos nos explicaron este panorama y lo invisibilizado que está. 

También, hablamos con Miguel López, cofundador de la organización Más que Tres Letras, quien nos contó más sobre el panorama del VIH en el país y la disparidad que existe cuando se diagnostican hombres y mujeres en Colombia y en el mundo. 

Ahora hasta quieren hacer que la transfobia sea ley. Esto parece DejaVu de nuestro primer episodio de La Semanaria pero si los transfobicos se siguen moviendo, tendremos que seguir reportando el tema. La oleada de transfobia va avanzando como una de las nuevas y más evidentes banderas de los movimientos anti derechos de derecha y ultraderecha a nivel global. Y obvio, Colombia no es la excepción. Y ahora, la Senadora del Partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, ha presentado el proyecto de Ley “Con los niños no te metas”. 

Como les contamos en el primer episodio, la circular 15 de la Superintendencia Nacional de Salud, o Supersalud, que se publicó el 20 de septiembre de este año y que buscaba coordinar y garantizar la atención a personas con experiencia de vida trans, ha significado una bomba de acoso y persecución contra estas personas y quienes han intentado implementar el programa.
Ejemplo de eso fue el exsuperintendente Luis Carlos Leal, que desde entonces enfrentó un acoso desmedido y voraz. Así mismo, todas las personas que se han manifestado a favor de la implementación de un sistema de salud que proteja a las personas trans, han caído en las redes de odio de quienes, aseguran, estas iniciativas quieren hacer que todes les niñes se vuelvan trans. 

Así, tal cual, por absurdo que suene, ese es el argumento. Y han sacado videos, y han hecho marchas, y hasta se fueron a hablar con el rey facho Agustín Laje. Y ahora, por supuesto, están intentando pasar un proyecto de ley anti constitucional: El proyecto “con los niños no te metas”.  

La oleada de transfobia que ha despertado todo esto también ha sido enfrentada por las personas con experiencia de vida trans que, además, han dado apreciaciones técnicas y demostrado, una y otra vez, cómo estos ponentes se están basando en argumentos y estudios científicos que ya han sido desacreditados desde hace muchos años para seguir respaldando claros discursos de odio. 

En el más reciente episodio de La Semanaria hablamos con Flora Violeta Rodríguez, antropóloga y profesora de carrera de la Universidad del Rosario, además de ser la directora del centro de equidad e inclusión Plurales. También, hablamos con Lina Quevedo, con quien también hablamos para nuestro primer episodio, pues su participación ha sido clave justo para frenar este avance. Es sociólogo y hace parte tanto de la Liga de Salud Trans y de la Ley Integral Trans Ya. También hablamos Ivania Cerón, doctora en biología, con quien también hablamos en nuestro primer episodio y que, junto con el grupo de FAÍT (Familias de Adolescencias e Infancias Trans), ha enviado diversos conceptos científicos para que se entienda que el proyecto de ley podría hacer mucho daño. 

Porque resulta que cuando en el país se empezó a saber que el Ejército Nacional estaba presentando cadáveres de personas inocentes como combatientes dados de baja durante el combate con las guerrillas (un término de por sí ya bien espantoso y deshumanizante), algunas de las pruebas que los delataron fueron que las botas de los supuestos guerrilleros estaban perfectamente limpias, eran nuevas, les quedaban muy grandes o muy pequeñas y en un caso, incluso, las tenía puestas al revés. 

Ya es más que oficial la victoria arrasadora del candidato convicto por delitos sexuales, falsificación de documentos de registros comerciales y manipulación electoral, Donald Trump. Al mejor estilo de otros presidentes de la región, que gritan Viva la Libertad Carajo y así, el nuevo ascenso de Trump a la oficina oval viene enmarcado por una clara tendencia: el impulso de los antiderechos. 

Con discursos que discriminaron prácticamente a todas las minorías, llegando incluso a asegurar que los migrantes haitianos se estaban comiendo a los perros y los gatos, lo que parecía un chiste se está convirtiendo poco a poco en una realidad más bien terrible. 

Porque cuando Trump cantó victoria, al tiempo hordas de simpatizantes de su campaña empezaron a popularizar una frase: YourBodyMyChoice, o Tu cuerpo, mi decisión. Esta sola frase, que amenaza con profundizar incluso más las barreras de acceso de las estadounidenses a decidir sobre sus propios cuerpos, se volvió tendencia en redes sociales y lleva días causando una oleada aterradora. 

En el más reciente episodio de La Semanaria les contamos más sobre el tema. Hablamos con Lina Arroyave, abogada experta en temas de movilidad humana de la organización De Justicia, con Cristina Nicholls,  abogada columnista y analista en temas de políticas de género y paz, con Ana Cristina González, una de las pioneras de Causa Justa en Colombia, con Fernanda Vanegas, directora asociada de Incidencia del Centro de Derechos Reproductivos y con Cristina Vélez, Investigadora ecosistemas digitales becaria de la Universidad de Standford, para intentar entender qué es lo que puede ocurrir con esta elección y, también, si es posible que los demás países de la región se contagien de estos resultados. 

Mientras los centros de eventos se llenaron en Cali con las actividades de la COP16 los pueblos indígenas y defensores del ambiente se están organizando para la anti-COP. Este año, la COP, que es la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebra cada dos años y en la que se reúnen distintas autoridades gubernamentales, empresariales y líderes ambientales a hablar sobre la conservación de la biodiversidad del planeta y establecer compromisos para su cuidado, se celebró en Colombia.  

Cerca de 12 mil asistentes llegaron al país, más exactamente a Cali, donde se llenaron los hoteles y los moteles de toda la ciudad con las comisiones de los distintos países. Cali, en palabras del presidente Gustavo Petro, se convirtió en fiesta y celebración por la vida. 

Se lograron acuerdos importantes. Por ejemplo, se aprobó el órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales, lo que significa que tendrán la capacidad de tener una voz protagonista, además de empezar a negociar directamente con organizaciones internacionales, con gobiernos nacionales y recibir financiación, en todos los programas de protección de la biodiversidad. 

Además, se consiguió afianzar un papel protagónico para las comunidades afrodescendientes y que así se reconozca también su importancia vital en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Pero también, llegaron voces que aunque valoran mucho este avance, saben que aún no es suficiente. 

Distintos grupos indígenas, afro, líderes ambientales de todo el país llegaron a protestar: aseguraron que no se les estaba teniendo en cuenta dentro de las negociaciones y que Colombia sigue siendo un país mortal para quienes defienden el medio ambiente. La preocupación no es menor: 

Colombia es el país más letal para ser líder ambiental. De acuerdo con el Informe sobre situación e violencia contra liderazgos ambientales en Colombia, el 40% de los casos globales de asesinatos son de líderes colombianos, entre 2018 y 2024. Un aterrador primer puesto. 

Otra cosa clave que señala el informe es que los líderes ambientales enfrentan violencia homicida, amenazas, desplazamientos y secuestros como formas de silenciarlos debido a su oposición a intereses económicos y extractivos. Además, que las empresas, tanto nacionales como internacionales, son responsables de gran parte de la violencia contra defensores del medio ambiente, ya que los líderes se oponen a la explotación desproporcionada de recursos naturales (varias que, de hecho, estaban en la COP hablando de sus iniciativas ambientales). 

Además,  que los grupos armados ilegales usan la violencia para controlar territorios ricos en recursos naturales, afectando gravemente a los ecosistemas a través de minería ilegal y cultivos ilícitos. Esto ha llevado a incrementar gravemente los procesos de deforestación y contaminación en áreas que de hecho son protegidas. Pero, lo más grave de todo, es que el 66% de los casos de asesinatos a líderes ambientales en Colombia quedan en total impunidad. 

En este nuevo episodio de La Semanaria hablamos con Cindy Solarte Macuna, lideresa del pueblo indígena Macuna, que hace parte del Mirití Paraná en el Amazonas colombiano, que nos contó cómo vivió ella, como lideresa indígena, la COP16. También con Francisco Daza, coordinador de la línea de paz y derechos territoriales de la Fundación Pares, quien nos contó más sobre las conclusiones a las que llegaron con el informe y la importancia del a protección de los liderazgos ambientales. Además, hablamos con Viviana González, abogada subdirectora del centro socio-jurídico SIEMBRA, una organización que acompaña a comunidades étnicas y campesinas para proteger sus territorios de conflictos socio-ambientales. Y con Mario Quintero, una de las personas que está liderando la conformación de la AntiCOP desde Oaxaca, en México.

La reciente denuncia hecha por Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio de Interior, que decidió hablar públicamente sobre el acoso que vivió a manos del que muy seguramente se convertirá en presidente de la Sociedad de Activos Especiales y que además acaba de dejar de ser viceministro de interior, Diego Cancino, ha vuelto a levantar una ampolla gigantesca. 

Porque no es la primera vez que funcionarios de este gobierno son señalados por violencias basadas en género, y, seguramente, no será la última. Por eso es que los casos de Hollman Morris, Mauricio Lizcano, Armando Benedetti, Alex Florez y ahora de Andrés Hernández y Diego Cancino se han ido acumulando. 

Por supuesto, de inmediato usuarios en redes saltaron a decir o bien que ella debía presentar todas las pruebas de lo que había vivido, o que debió llevar el caso en privado porque “eso es sólo una herramienta para la cacería que se está dando en contra de este gobierno”. 

¿Pero sí? 

Pues no. Por un lado, las víctimas están protegidas plenamente en su derecho a la denuncia gracias a la sentencia T-452 de la Corte Constitucional. Y, por el otro, esto no es una cacería de brujas sino un problema sistemático. Justo eso fue lo que nos contó Viviana Vargas Vives, abogada feminista y actual coordinadora de género y diversidad del Ministerio de Interior en el más reciente episodio de La Semanaria.

También hablamos con Mónica Godoy, antropóloga feminista y defensora de derechos humanos, con Lina Morales, abogada integrante de la red jurídica feminista, quienes nos recordaron por qué el escrache es un proceso protegido en Colombia. Y hablamos con Viviana Vargas, la mujer que decidió hacer uso de la denuncia pública para hablar de la violencia ejercida en su contra por Cancino. 

Luego de 19 días desaparecida, los restos de Sofía Delgado, que tenía apenas 12 años, fueron encontrados en un cañaduzal en el corregimiento de Villagorgona, Valle del Cauca, el jueves 17 de octubre. Según el reporte de las autoridades, la menor tenía signos de violencia.

En la tarde de este jueves, autoridades legalizaron la captura de Brayan Schneider Campo, identificado como el confeso feminicida de Sofía Delgado. El hombre fue requerido por primera vez ante la justicia en 2018, cuando fue denunciado por presunto abuso sexual cometido contra una niña de 14 años. Brayan quedó en libertad por vencimiento de términos. Y, como es usual, lo están calificando de “monstruo”. Pero no lo es. 

El viernes 18 de octubre, Brayan Campo aceptó los cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro tentado agravado y ocultamiento de pruebas. Campo no es un monstruo, ni es una excepción. Si lo fuera, no tendríamos también los casos de Michel Dayana, Celeste, Génesis, Brangelys, Yuliana Samboní, o de las casi 700 mujeres víctimas de feminicidio en Colombia en lo que va corrido de 2024. 

Estos casos, por escabrosos y horribles que sean, no son cometidos por monstruos: son cometidos por hombres feminicidas que también son padres de familia, esposos, hombres sumamente violentos, que pueden cometer estos actos amparados por la complicidad de una sociedad que aún no logra comprender la magnitud de las violencias machistas y la violencia extrema que atraviesan los cuerpos de las mujeres y las diversidades sexogenéricas. 

En este nuevo episodio de La Semanaria, que ya está disponible en Spotify, hablamos con el Observatorio Feminicidios Colombia, con Erika Montoya, directora de la Fundación Victoria y coautora de la Ley Alerta Rosa y con Alexandra Correa, activista por los derechos de las infancias en Colombia, para comprender mejor por qué en estos casos no se trata de monstruos, sino que son el resultado de una sociedad violentamente patriarcal. 

La familia Aabed está haciendo lo posible por huir de Gaza y llegar a México. Recientemente les concedieron estatus de refugiadxs en México. A todos menos a las nueras de la familia. Es decir, a las madres de los bebés más pequeños. 

Así, en medio del avance genocida Israelí, luego de haber sido desplazados tres veces y haber sobrevivido a múltiples bombardeos, luego de perder su casa, sus empleos, sus formas de vida, se están debatiendo entre huir hacia México con los pocos que sí podrían salir, o quedarse y esperar que, por alguna especie de milagro burocrático, el gobierno Mexicano ampare también a las madres de la familia.

Bienvenides a La Semanaria, un podcast de la Revista Volcánicas. En este episodio hablamos con Gabriela e Ishtar, dos integrantes del colectivo De Palestina a México, quienes piden ayuda urgente al gobierno Mexicano para salvar a la familia Aabed.