Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos. En lo que respecta al derecho a la salud, el Informe 2016 del Alto Comisionado considera que la aplicación de un enfoque de reducción de daños es “esencial para las personas que consumen drogas” y presenta información sobre enfoques como la terapia de sustitución de opioides, las salas habilitadas para el consumo de drogas, los programas de distribución de agujas y jeringuillas, y otras intervenciones, citando estudios que demuestran una relación directa entre la aplicación sistemática de los enfoques de reducción de daños y unas tasas más bajas de incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas. La penalización de prácticas para la reducción de daños como el intercambio de información sobre el consumo seguro, y la posesión de agujas, jeringuillas y otros accesorios para el consumo de drogas, contraviene el derecho a la salud y las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos. El derecho a la salud en el contexto de las cárceles se señaló como un problema clave, ya que el acceso a los servicios de prevención, tratamiento y reducción de los daños en el ámbito de la privación de la libertad se suele ver gravemente afectado. Se citó al Relator Especial sobre el derecho a la salud por haber señalado muchas maneras en que la penalización del uso y la posesión de drogas impide que se alcance el derecho a la salud –al disuadir a los usuarios de drogas de solicitar atención de la salud y promover prácticas de mayor riesgo– y por haber instado a que se despenalice el uso de drogas. El informe también detectó que la falta de acceso a los medicamentos esenciales es un problema fundamental relacionado con el derecho a la salud: la falta de acceso a medicamentos fiscalizados suele ser la causa de reglamentos y prácticas de control de drogas innecesariamente restrictivas. También identificó una serie de cuestiones en materia de derechos relacionados con la justicia penal: las personas que usan drogas están expuestas a la detención arbitraria y, mientras están detenidas, pueden ver cómo se les niega el acceso a terapia de sustitución de opioides (una práctica que se considera tortura). Aún hay 33 países que imponen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos haya dictaminado que este tipo de delitos no reúnen las características de los “más graves delitos”. El informe también destacó la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales como motivo de preocupación en las operaciones destinadas al comercio de drogas. Por último, planteó una serie de preocupaciones en torno al derecho a un juicio imparcial y a diversas violaciones de los derechos humanos relacionadas con los centros de internamiento obligatorio para personas dependientes de drogas, que han sido condenados en una declaración conjunta de 12 entidades de las Naciones Unidas. El informe también repasó algunas inquietudes sobre la prohibición de la discriminación, ya que, después de una condena relacionada con drogas, las personas son susceptibles de sufrir discriminación. Las minorías étnicas pueden verse afectadas de forma desproporcionada por las autoridades encargadas de aplicar las leyes de drogas, y las mujeres que poseen o usan drogas son especialmente vulnerables a ciertas formas de discriminación. Otros de los problemas detectados fueron los relacionados con los derechos del niño y, en particular, con la detención de niños por delitos de drogas y la falta de acceso a servicios de reducción de daños. Los derechos de los pueblos indígenas también se ven afectados por las restricciones impuestas a los cultivos que se emplean para usos tradicionales y religiosos, como el cannabis, la adormidera, la coca y el peyote. En conclusión, el informe exhorta a la plena protección de los derechos humanos de todas las personas que consumen drogas y alienta a todos los Estados a adoptar medidas para promoverla.