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Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos. En lo que respecta al derecho a la salud, el Informe 2016 del Alto Comisionado considera que la aplicación de un enfoque de reducción de daños es “esencial para las personas que consumen drogas” y presenta información sobre enfoques como la terapia de sustitución de opioides, las salas habilitadas para el consumo de drogas, los programas de distribución de agujas y jeringuillas, y otras intervenciones, citando estudios que demuestran una relación directa entre la aplicación sistemática de los enfoques de reducción de daños y unas tasas más bajas de incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas. La penalización de prácticas para la reducción de daños como el intercambio de información sobre el consumo seguro, y la posesión de agujas, jeringuillas y otros accesorios para el consumo de drogas, contraviene el derecho a la salud y las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos. El derecho a la salud en el contexto de las cárceles se señaló como un problema clave, ya que el acceso a los servicios de prevención, tratamiento y reducción de los daños en el ámbito de la privación de la libertad se suele ver gravemente afectado. Se citó al Relator Especial sobre el derecho a la salud por haber señalado muchas maneras en que la penalización del uso y la posesión de drogas impide que se alcance el derecho a la salud –al disuadir a los usuarios de drogas de solicitar atención de la salud y promover prácticas de mayor riesgo– y por haber instado a que se despenalice el uso de drogas. El informe también detectó que la falta de acceso a los medicamentos esenciales es un problema fundamental relacionado con el derecho a la salud: la falta de acceso a medicamentos fiscalizados suele ser la causa de reglamentos y prácticas de control de drogas innecesariamente restrictivas. También identificó una serie de cuestiones en materia de derechos relacionados con la justicia penal: las personas que usan drogas están expuestas a la detención arbitraria y, mientras están detenidas, pueden ver cómo se les niega el acceso a terapia de sustitución de opioides (una práctica que se considera tortura). Aún hay 33 países que imponen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos haya dictaminado que este tipo de delitos no reúnen las características de los “más graves delitos”. El informe también destacó la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales como motivo de preocupación en las operaciones destinadas al comercio de drogas. Por último, planteó una serie de preocupaciones en torno al derecho a un juicio imparcial y a diversas violaciones de los derechos humanos relacionadas con los centros de internamiento obligatorio para personas dependientes de drogas, que han sido condenados en una declaración conjunta de 12 entidades de las Naciones Unidas. El informe también repasó algunas inquietudes sobre la prohibición de la discriminación, ya que, después de una condena relacionada con drogas, las personas son susceptibles de sufrir discriminación. Las minorías étnicas pueden verse afectadas de forma desproporcionada por las autoridades encargadas de aplicar las leyes de drogas, y las mujeres que poseen o usan drogas son especialmente vulnerables a ciertas formas de discriminación. Otros de los problemas detectados fueron los relacionados con los derechos del niño y, en particular, con la detención de niños por delitos de drogas y la falta de acceso a servicios de reducción de daños. Los derechos de los pueblos indígenas también se ven afectados por las restricciones impuestas a los cultivos que se emplean para usos tradicionales y religiosos, como el cannabis, la adormidera, la coca y el peyote. En conclusión, el informe exhorta a la plena protección de los derechos humanos de todas las personas que consumen drogas y alienta a todos los Estados a adoptar medidas para promoverla.

Una alianza editorial entre EL UNIVERSAL y Milenio.

Herminia Pasantes Ordóñez / Instituto de Fisiología Celular, UNAM, Javier Flores / Dirección de Divulgación de la Ciencia, UNAM, Alethia Guerrero Hernández / Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM,Julio Muñoz Rubio CEIICH, UNAM

“La existencia de porros en una universidad no es normal, en países democráticamente bien gobernados no tienen eso. Tienen problemas, desde luego, tienen cuerpos de seguridad armados, que no sirven para otra cosa más que para mantener la seguridad de sus estudiantes. Así pues, México tiene que dar el paso hacia unas universidades sin porros, con cuerpos de seguridad efectivos“, abundó. Por su parte, la politóloga Denise Dresser mencionó que la UNAM tiene una larga historia de grupos porriles que se fueron constituyendo para incidir en el control político de la universidad. “Esos grupos de porros han sido funcionales para distintos grupos, tanto dentro como fuera de la UNAM. Es este momento reaparecen y es difícil discernir para qué, a nombre de quién y con cuáles objetivos“, dijo. Aunado a esto, subrayó, “hay un contexto innegable de creciente inseguridad, narcomenudeo y acoso sexual en los planteles universitarios, ante los cuales las autoridades no han reaccionado con la eficacia y rapidez que se esperaría. “Celebro el espíritu estudiantil de exigencia, de defensa de la Máxima Casa de Estudios, la condena al porrismo, pero creo que falta mucho para investigar y airear para ver qué pescadores quieren ganar con este río revuelto en la Universidad“. Meyer añadió que tanto los responsables directos de las agresiones, como quienes los alentaron, cometieron “una estupidez, porque pareciera que no se dieron cuenta de que están en otro contexto”. Sobre la investigación de las agresiones, la politóloga observó que no hay una institución de procuración de justicia en la cual se pueda confiar, ya que la justicia en México ha sido politizada. “Tenemos a una procuraduría federal que jamás ha actuado, ha dejado pasar años casos como los de Duarte, persiguió políticamente a candidatos presidenciales y no resuelve el 80 por ciento de sus casos… Entonces su credibilidad en este momento es menos que cero“, reiteró.stupidez luchar contra las drogas Dresser .

A lo largo de la historia de la humanidad la medicina tradicional ha estado muy presente en las diferentes civilizaciones. Asociada a creencias y rituales propios de cada cultura, sus prácticas y métodos curativos no han contado con la aprobación de la medicina occidental porque considera que sus remedios carecen de toda explicación científica y pueden acarrear serios peligros, aunque parezcan beneficiosos. A pesar de esto, y debido al fracaso de ciertos tratamientos médicos, personas afectadas por enfermedades como el alcoholismo o la adicción a las drogas han encontrado en la medicina tradicional la solución a sus dolencias. En esta extraordinaria serie de dos episodios nos acercaremos hasta Gabón y Perú para conocer los métodos utilizados por la medicina tradicional de estos países, algunos de ellos consistentes en complicados rituales y ceremonias. Además conoceremos de cerca a las personas autóctonas que llevan a cabo estas prácticas y a los occidentales que se entregan a ellas con confianza y seguridad.

Hace tiempo que los usos medicinales del cannabis se han convertido en una realidad contrastada. La investigación, la práctica médica y la puesta en práctica en asociaciones confluyen en este bloque.

Canadá legaliza el uso recreativo de la marihuana.

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mperdible debate sobre el consumo de marihuana entre el conductor de #ElDiario y el hijo de Carmen Barbieri. "Fumé antes de venir", reveló el artista.

En el año 2004, el Dr. William Hurwitz, más conocido como Doctor Feelgood, fue declarado culpable de más de 50 cargos por recetar opiáceos adictivos para tratar el dolor a sus pacientes. Se le impuso una condena de 25 años que en un segundo juicio quedó reducida a cuatro. En Estados Unidos, la legalización del cannabis está viviendo un boom. Es un mercado que mueve alrededor de 7.000 millones de dólares anuales. El principal reclamo para su legalización es el uso terapéutico. Existe una delgada línea entre el derecho de toda persona a aliviar el dolor y la legalidad en las prescripciones médicas de, por ejemplo, los opiáceos, cuyo abuso ha llevado a una epidemia de adicción en EEUU.

Especial periodístico drogas historias de Adicciones .