Los denunciantes venezolanos argumentaron que no conocen el estado de sus familiares detenidos, quienes presenciaron una riña en esta URI el pasado 27 de diciembre.
Alfredo Beltrán señaló que "si la Procuraduría considera conveniente intervenir, tiene las facultades constitucionales para asegurar que no haya un desmedro a la salud".
La ministra Gloria María Borrero expuso que se presentarán reformas constitucionales durante la cumbre entre la Presidencia y todos los partidos políticos.
Carlos Piedrahita, secretario de Gobierno de Caldas, expuso que se están ofreciendo 40 millones de pesos como recompensa para dar con los responsables de este asesinato.
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