Las cosas como son

El caso Falconí hace peligrar el esfuerzo para nombrar jueces y fiscales honestos. Necesitamos más desprendimiento y menos maniqueísmo para sacar adelante una institución indispensable

La sesión del Congreso de ayer será recordada como una de las más belicosas del quinquenio. Pedro Chávarry no asistió, no se aceptó la reincorporación de Kenyi Fujimori, abundaron las acusaciones y se presentaron dos mociones contra Daniel Salaverry.

El primero es el doble allanamiento de las oficinas de un asesor de la Fiscalía. Mientras que el segundo está referido al pronunciamiento del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima sobre la colegiatura del fiscal Pedro Chávarry.

El episodio Pedro Chávarry se cierra para permitir que nada obstaculice la acción de la justicia en las actuales circunstancias excepcionales: el caso de corrupción más grave de nuestra historia reciente.

Fuerza Popular se hallará sola en su tentativa de censurar al presidente del Congreso, porque incluso el APRA ha anunciado que sus cinco congresistas se abstendrán. Peor aún, la renuncia de Daniel Salaverry a la bancada precipitó la salida de al menos otros cuatro congresistas.

En un país con una tasa de informalidad laboral superior al 70% resulta imposible seguir prohibiendo a la mayoría de los trabajadores la lucha diaria por sobrevivir.

Si Pedro Chávarry hubiese renunciado, la solución sería más simple. Pero por alguna razón y a pesar de que sus defensores poco a poco cesan de respaldarlo, el Fiscal de la Nación insiste en mantenerse en su cargo.

Los partidos no logran plantear propuestas que despierten la adhesión de los electores. Los elegidos tendrán que esforzarse para concretar reformas que organicen nuestro sistema político

La población peruana, severa en su juicio sobre la clase política, no se desentiende del estado de nuestras instituciones. Además, la corrupción ha pasado a ser la preocupación principal.

El Fiscal de la Nación se ha sobreexpuesto mediáticamente, además de haber perturbado el normal desarrollo de la acción penal y fragilizado la lucha contra la corrupción.