¿Qué pasaría si las bancadas castillistas impiden que se vuelva a conseguir los 88 votos necesarios para hacer efectiva una reforma constitucional? Sobre todo ahora que han focalizado toda su estrategia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos.
Nadie puede dudar que el número de muertos en las manifestaciones es abrumador; pero de ahí a vacar a la presidenta cuando el conflicto sigue vigente hay un largo trecho que hubiera sido mejor evaluar con más prudencia.
Las investigaciones fiscales deben establecer la verdad de los hechos y hacer saber quiénes son los instigadores de la violencia: grupos ligados al terrorismo, a la minería ilegal o a otras economías ilegales que gozaron de protección bajo la presidencia de Pedro Castillo.
Aunque Alberto Otárola ha cumplido con éxito una exigencia de su función, no es seguro que la obtención de confianza impresione mucho a quienes reclaman responsabilidades políticas.
Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública.
La pasividad de la Policía ha llevado a cuestionamientos sobre una posible connivencia entre las autoridades del Distrito Federal de Brasilia y los promotores de la invasión.
Nadie puede poner en duda que el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes e impulsar reformas que garanticen el buen desempeño de nuestras instituciones. Pero eso no lo exime de asumir la responsabilidad que le compete en la crisis que estamos viviendo.
Lamentablemente, como en otros momentos desdichados de nuestra historia, la clase dirigente no parece haber reaccionado con unidad, como corresponde ante una amenaza a nuestra democracia.
Esos actores ilegales y violentistas disfrazan sus intereses con causas políticas, como el apoyo a Pedro Castillo y la exigencia de una Asamblea Constituyente.
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