Las cosas como son

El Tribunal Constitucional ha rechazado que la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos sea un proceso culminado. Los magistrados verán antes de fin de mes la demanda de competencias presentada por Pedro Olaechea.

¿Por qué un país tan rico como Argentina se acerca otra vez al abismo que padeció hace menos de veinte años? La respuesta es: a causa de la demagogia, el populismo, la corrupción y la impunidad.

Rectores de 17 universidades deben elegir hoy a dos de ellos para completar la Junta Nacional de Justicia. Sin jueces y fiscales independientes los ciudadanos no pueden confiar en sus autoridades

El presidente de Chile ha declarado que en lo personal y en lo político el año en curso viene siendo "el más difícil de su vida". Su confesión puede, sin duda, ser compartida por muchas personas a lo largo del mundo.

Tras los sofisticados debates jurídicos y las proclamas políticas se ocultan con frecuencia maniobras para ocultar la corrupción. Urge que el Tribunal Constitucional sentencie y que se cree la Junta Nacional de Justicia.

Richard Webb señala algunos errores que el PBI puede cometer, si desconoce factores que producen valor, aunque no tengan precio en el mercado. Y Monseñor Castillo asume el Arzobispado de Lima y muestra su flamante escudo de armas episcopal

Tenemos que hallar una solución que nos permita sobrevivir a la vez a la amenaza sanitaria y a las consecuencias de la paralización económica. De nada nos servirá recurrir al viejo mecanismo de buscar culpables o de complacernos con la cantaleta de los resentidos: “Yo les advertí”.

La inclusión de Podemos Perú parece haberse hecho en detrimento del Partido Morado que tiene menos congresistas pero más puntos programáticos en común con los otros partidos centristas.

Algunas congresistas han exigido que el presidente Vizcarra interrumpa su visita de Estado a España y vuelva para hacer frente a las emergencias climáticas. La exigencia desconoce la importancia de nuestras relaciones internacionales.

Pedro Olaechea presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es declarar anticonstitucional la disolución decidida por el presidente Vizcarra.