Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, en San Salvador, Guatemala y Chiapas, se concentraba la mayor cantidad de población indígena. 
En 1770, el 86% de esta población era tributaria y se agrupaba en dichas regiones administrativas.  Durante los tres siglos que duró la colonia española los pueblos originarios se vieron continuamente perjudicados. 

A medida que las haciendas de los españoles se expandían por el paisaje sansalvadoreño, las comunidades indígenas iban perdiendo terreno aceleradamente. Sus tierras comunales les servían de base económica y, por ende, conservaban unidas a las colectividades como grupos afines. A pesar de la obvia explotación que las comunidades indígenas soportaron en el período colonial, hay que expresar que contaban con una legislación y un estatus particular, que podían usar a su favor.  

Con la independencia de Centroamérica se disipó esta situación para los indígenas, pues ello significó perder el pequeño amparo que la ley les proporcionaba, y asumir una serie de obligaciones que antes no tenían. 

A partir de un censo de tierras realizado por el gobierno salvadoreño en 1879, se concluyó que una cuarta parte del territorio de El Salvador pertenecía a tierras comunales y ejidales, muchas de ellas ideales y óptimas para la siembra y el cultivo del café, pero que según la administración del gobierno eran subutilizadas o inutilizadas por sus ocupantes.

Coordinación e investigación académica: Herbert Erquicia

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