El accidente de Adamuz constituye ya una tragedia tan dolorosa como imborrable. La cifra de muertos, todavía provisional, y el elevado número de heridos nos obligan a recordar que son las víctimas y sus familias quienes deben ocupar el centro del discurso político y mediático. Es imperativo brindarles toda la atención posible e intentar mitigar, en la medida de lo posible, las consecuencias de un suceso que quedará para siempre como una de las páginas más terribles de las últimas décadas. La atención y el acompañamiento a las víctimas exigen, al mismo tiempo, una respuesta por parte de nuestras autoridades. En estos momentos hay investigaciones en curso y resulta imprescindible extremar la prudencia a la hora de imputar responsabilidades.

Lo que sí cabe exigir es una transparencia total, tanto en las investigaciones como en la gestión de la información. Que Adif haya rebajado por dos veces la velocidad máxima en el tramo entre Madrid y Barcelona, o que el ministro Puente minimice las reivindicaciones de los maquinistas, son hechos que añaden incertidumbre a un escenario muy complejo. En esta ocasión no pueden concurrir intereses partidistas, ni mucho menos personales, en la gestión de una tragedia cuya explicación requiere prudencia, pero también una obligada transparencia y una pronta rendición de cuentas. La dignidad de las víctimas y su memoria así lo exigen.