El uno de enero de 2016 entrará en vigor la nueva Ley de Racionalización de la Administración Local, impulsada por el gobierno central. Uno de los aspectos centrales de la misma es que todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, que no puedan prestar servicios sociales, en educación y sanidad, con equilibrio presupuestario, deberán dejar de realizarlos, siendo asumidos por la institución pública superior (Diputaciones, Cabildos, etc.). Hoy, en Lo nuestro, conversamos sobre estos temas con José Manuel Molina, presidente de la comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM.