Esta explotación de cobre es la más grande a cielo abierto en Centroamérica y, aunque produce cerca del 5% del PIB del país, la Corte Suprema de Justicia la había declarado inconstitucional desde 2017. Aun así, Minera Panamá exportó el mineral después de la sentencia. Los ánimos estallaron cuando el Gobierno de Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional aprobaron en tan solo tres días un nuevo contrato. Además, la mina está en medio de un corredor biológico.