Esta semana, la vista oral del caso mascarillas ha arrojado un saldo devastador para el Gobierno, y muy especialmente para Pedro Sánchez. A falta de que puedan concretarse pruebas o evidencias que apunten a la financiación ilegal del PSOE —algo que se instruye en una causa secreta en la Audiencia Nacional—, las declaraciones de los imputados, los testigos y algunos peritos, como el teniente coronel Balas, demuestran que la trama de corrupción se ha desarrollado en las más altas instancias del gobierno socialista.

 Cobran especial relevancia las palabras de Víctor de Aldama. No sólo por su señalamiento directo al presidente —que debe gozar de la misma presunción de inocencia que cualquier ciudadano—, sino por la colección de detalles que a él mismo le resultan inculpatorios. Ningún acusado tiene la obligación de decir la verdad, pero los beneficios penales a los que aspira Aldama exigen que su declaración sea veraz y confiable para el tribunal.

La acumulación de casos de corrupción que rodean al presidente invita a esperar nuevos hechos incriminatorios. Sin embargo, sólo con lo ya sabido, cabe dar por probada, cuando menos, una permisividad deliberada en la vigilancia de algunos de sus hombres más próximos.

 Las responsabilidades judiciales las tendrán que decidir los tribunales. Pero la actitud altiva del presidente ante este escándalo revela la nula intención de Sánchez de asumir responsabilidad política alguna. En esta irresponsabilidad el presidente no está solo: le acompañan todos y cada uno de los socios que mantienen su apoyo sin exigir la más mínima rendición de cuentas