Ningún acto de autoridad debe propiciar la comisión de detenciones arbitrarias, prohibiciones injustificadas al derecho a la circulación y residencia, atentados a la integridad personal o acciones que pretendiendo legítimamente proteger a la población más vulnerable frente al COVID-19, en la vía de los hechos y por la forma de aplicarse, terminen discriminándoles.