Los recursos de procedencia ilícita distorsionan los negocios y configuran un delito llamado ordinariamente “lavado de dinero”. Su uso menoscaba y trasgrede la integridad de las instituciones y los sistemas financieros; afecta la economía del país, deteriora el erario y genera deuda que se arrastra año tras año, viéndonos afectados todos y cada uno de los gobernados. También, desalienta la inversión nacional y extranjera y distorsiona los flujos internacionales de capital, además de que amalgama dinero lícito con ilícito, lo que hace difícil su detección.

Debemos entender que la violencia y el descontrol generado por el crimen organizado es vinculado a múltiples actividades ilegales hechas por agentes externos, pero también internos, que hacen las cosas de manera ilícita desde los escritorios de entidades gubernamentales, amparándose por algún cargo público o fuero que les fue conferido por la propia ciudadanía, el cual tiene fecha de caducidad y un término cierto, lo que hace que busquen el enriquecimiento de manera ilícita a costa de sus malos manejos, inclusive cobrando vidas diariamente, rompiendo con los lazos sociales a través de la búsqueda de una riqueza rápida.