Maldita Montero

Bajo la categoría de Servicios Profesionales, el principal contratista del Municipio de San Juan es el bufete Winston & Strawn, con sede en Chicago y oficinas en varios estados y países. ¿Qué trabajo le hace a la alcaldía que no puedan hacer otros bufetes menos rimbombantes? 

Mayra Montero hace un recuento del sexismo imperante en torno al Día de las Madres, no sin antes guardar un minuto de silencio por la urgencia con que La Fortaleza tendrá que revisar el Plan Fiscal para tenerlo el viernes.

Mayra Montero acusa el carácter ambiguo de las actividades convocadas para el Primero de Mayo en San Juan, y enumera los que debieran ser principales blancos y objetivos de un Día Internacional de los Trabajadores. 

Mayra Montero comenta las posibles repercusiones de una serie de acontecimientos que se acercan para las próximas semanas, y que maduran en la sombra mientras la mayor parte de la población disfruta de hacer planes los últimos días de la Semana Mayor.

Mayra Montero analiza la nueva tendencia inclusiva en el lenguaje, que tiende a integrar la letra E, para evitar la repetición de masculino y femenino, tanto en la escritura, como en el diálogo cotidiano y la oratoria.

El derroche atribuido al PResidente cameral en el pago de escoltas, y la renuencia a prohibir las terapias de conversión son analizadas por Mayra Montero en este podcast.

En medio de la locura y desinformación que ha rodeado la crisis del Negociado de Ciencias Forenses, el informe realizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, revela fallas de película de miedo.

Pedir un paro general de mujeres el 8 de marzo, es apelar al privilegio de aquellas que no tienen compromisos laborales, o que tienen un hombre en casa que pueda sustituirla en las labores domésticas, en suma, oportunismo puro. 

La culminación de una bella historia de amor en Vieques, destapa inesperadas imbecilidades administrativas en la Autoridad de Transporte Marítimo. Mayra Montero desmenuza la verdad de la historia.

Mayra Montero comenta la demanda que la Junta de Control Fiscal ha presentado contra el Senado de Puerto Rico, y cuyo desenlace puede definir, de una vez por todas, el verdadero alcance de los poderes de ese organismo creado por la Ley Promesa.