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“Tras 225 audiencias, en las que recorrió 39.000 kilómetros esposado, nunca se demostró la culpabilidad de Iván Simonovis en la acusación de “complicidad correspectiva” en la muerte de dos personas durante los sucesos del 11 de abril de 2002”, dice un trabajo de Sheyla Urdaneta sobre el excomisario de la Policía Metropolitana que este jueves abandonó su arresto domiciliario. Su esposa, Bony Pertiñez, informó temprano que desconocía su paradero y designó a Joel García como su abogado, explicando que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) habían amenazado con regresar a su esposo a la cárcel. Esta tarde, Joel García precisó que el gobierno de Nicolás no ha dado declaraciones “porque es evidente que no hay control en el Sebin”, y sin esas declaraciones ni una fe de vida, el estatus del excomisario es de desaparecido. Para seguir violando derechos humanos, los funcionarios apostados en la residencia de Simonovis detuvieron arbitrariamente por varias horas a once trabajadores de la prensa. 

El día del bloqueo a la prensa, el anuncio de acercamientos en Noruega, los anuncios oficiales que nadie necesitaba y la nueva medida de Estados Unidos contra los vuelos directos entre ambos países.