En los últimos meses, titulares alarmistas han circulado con afirmaciones como "A partir de 2030 no se podrán vender ni alquilar viviendas con calificación energética inferior a la letra E", lo que ha generado preocupación entre propietarios e inquilinos en España. Sin embargo, la realidad normativa es muy distinta: esta prohibición no existe ni está obligada por la normativa europea.

La Unión Europea ha establecido una hoja de ruta climática para que, hacia 2050, todos los edificios logren emisiones cero, pero no impone vetos automáticos para vender o alquilar inmuebles con baja calificación energética. Cada país miembro tiene la potestad de decidir si aplica restricciones, pero España no planea prohibir operaciones inmobiliarias por debajo de la letra E.

Lo que sí acontece es un compromiso español para presentar un plan gradual de mejora energética hasta 2050, buscando incentivar la rehabilitación urbana y optimizar el consumo energético sin afectar de forma inmediata al mercado inmobiliario. La obligación vigente desde agosto de 2025 es contar con un certificado de eficiencia energética (CEE) válido para tasaciones hipotecarias, requisito que ya impacta a compradores y vendedores.

El certificado energético refleja el consumo habitual y clasifica la eficiencia de la vivienda desde la A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente), además de incluir recomendaciones para mejorar. La normativa reciente permite que técnicos formados, más allá de arquitectos o ingenieros, expidan estos certificados bajo control autonómico.

El objetivo de estas medidas no es sancionar sino facilitar una transición energética progresiva que aumente el valor de las viviendas, reduzca costes e impulse el acceso a subvenciones por rehabilitación.

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En pleno 2025, el alquiler por habitaciones se posiciona como una de las estrategias preferidas para maximizar rentabilidad y diversificar riesgos entre propietarios. Sin embargo, el éxito en esta modalidad depende de dominar los aspectos legales y fiscales para evitar conflictos y asegurar ingresos sostenibles.

La primera clave legal es diferenciar entre alquiler de vivienda completa y arrendamiento por habitaciones. Los contratos por habitaciones no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para vivienda habitual, sino por el Código Civil, salvo que se establezca expresamente un destino de vivienda permanente para el inquilino. Esto implica mayor flexibilidad contractual, pero exige detalle en las condiciones, uso de zonas comunes, servicios incluidos y duración.

Un punto crucial es formalizar contratos individuales para cada habitación, recogiendo con claridad la renta, la duración, las obligaciones y derechos del inquilino, su uso de las zonas comunes y la posibilidad o no de subarrendar o recibir visitas. Un inventario detallado inicial evita disputas sobre desperfectos.

En cuanto a la fiscalidad, los ingresos deben declararse como rendimiento del capital inmobiliario, con la ventaja de poder aplicarse las reducciones por arrendamiento de vivienda habitual si el inquilino utiliza la habitación como residencia principal. Además, todos los ingresos y los gastos deducibles, como suministros y reparaciones proporcionales, deben estar perfectamente documentados para evitar sanciones.

Debes revisar la normativa autonómica y municipal, ya que hay comunidades y ayuntamientos que están regulando el alquiler por habitaciones, exigiendo registros, requisitos mínimos de superficie o incluso licencias de actividad según el uso turístico o temporal.

La convivencia es otro reto: la guía 2.0 propone regular el uso de zonas comunes, horarios y normas básicas para facilitar una estancia satisfactoria y evitar conflictos vecinales o entre inquilinos. Además, el propietario debe cumplir con normativas de habitabilidad, cédulas, certificados energéticos y otros requisitos legales para ofrecer seguridad y calidad de vida.

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Tras meses de bajadas, el euríbor ha cambiado de tendencia y ha subido ligeramente en agosto de 2025, rompiendo una racha de siete meses consecutivos de descenso. El Banco de España confirma que el euríbor a 12 meses cerró agosto con una media del 2,114%, ligeramente por encima del 2,079% registrado en julio. Sin embargo, esta subida no implicará un aumento en las cuotas de las hipotecas variables, sino todo lo contrario: las cuotas seguirán bajando.

Aunque el indicador ha subido, se mantiene muy por debajo de los niveles vistos en 2024 o principios de 2025, por lo que las revisiones hipotecarias próximas tenderán a reducir los pagos mensuales. De hecho, se espera que, en promedio, las cuotas de las hipotecas variables se reduzcan entre 87 y 170 euros al mes, lo que supone un ahorro anual de entre 1.000 y 2.000 euros para los usuarios, dependiendo del importe y plazo de su préstamo.

Los expertos prevén un escenario de estabilidad para el euríbor con una tendencia a la baja durante lo que queda de 2025 y hasta finales de 2026, estimando que el indicador podría situarse en torno al 1,9%. Este contexto beneficia a miles de hipotecados que verán cómo sus cuotas se mantienen a la baja, aunque con un ahorro cada vez más moderado conforme el euríbor se estabilice.

La evolución del euríbor seguirá condicionada por las decisiones que tome el Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. En su última reunión de julio, el BCE mantuvo el precio del dinero en el 2%, tras ocho recortes en el último año. La próxima reunión clave está prevista para el 11 de septiembre, donde se actualizarán previsiones económicas y de inflación, y se afianzará la tendencia futura. Aunque no se descartan nuevas bajadas de tipos en lo que resta de 2025, los analistas apuntan a citas de octubre o diciembre para posibles movimientos.

Además, otros datos recientes indican que el importe medio de las hipotecas concedidas se sitúa en niveles de 2008, con cifras que superan los 168.000 euros, reflejo del encarecimiento de la vivienda y mayor apetito de la banca en la financiación.

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Ser propietario de un inmueble en España implica una serie de deberes legales, fiscales y de mantenimiento, tanto si la vivienda está ocupada como si se destina al alquiler. Las principales responsabilidades recaen en conservar la vivienda en condiciones habitables, realizar reparaciones estructurales y mantener instalaciones comunes en caso de comunidades de vecinos. Además, es obligatorio entregar al inquilino el certificado de eficiencia energética y toda la información precontractual relevante.

La Ley de Vivienda 2025 exige a los propietarios inscribir los contratos de alquiler en registros oficiales, respetar las actualizaciones de precio y limitar los incrementos en zonas tensionadas conforme a los índices de referencia. Los ingresos por alquiler deben declararse en el IRPF, debiendo cumplir con todas las obligaciones fiscales y beneficiándose, en algunos casos, de incentivos tributarios si se alquila por debajo del precio de mercado o a colectivos vulnerables.

En comunidades de propietarios, el dueño está obligado a contribuir con los gastos generales, permitir las reparaciones necesarias en su propiedad y consentir la entrada para obras comunes, además de no dañar elementos comunes ni perjudicar a otros propietarios. También debe facilitar el acceso a la vivienda en caso de inspección oficial o emergencias.

Para grandes tenedores, la normativa refuerza la vigilancia sobre condiciones, registro de contratos y límites de precios, con más controles administrativos y sanciones en caso de incumplimiento. Mantenerse actualizado sobre los cambios legislativos y contar con asesoría profesional es clave para evitar sanciones y gestionar el patrimonio de forma eficiente.

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Desde 2024 hasta agosto de 2025, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha cancelado casi 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) tras intensificar las medidas de control, regulación y ordenación del sector. Estas acciones se han llevado a cabo en coordinación con los ayuntamientos de la comunidad para garantizar una gestión turística equilibrada y sostenible.

Las cancelaciones, motivadas por el incumplimiento de la normativa urbanística y turística, se han producido tanto por iniciativa propia de la Consejería como a instancias de los ayuntamientos. Málaga lidera el listado con 3.812 cancelaciones, seguida de Granada con 1.807, Cádiz con 1.352 y Sevilla con 1.198. En conjunto, las capitales de provincia concentran el 45% de estas cancelaciones, evidenciando un control exhaustivo en zonas urbanas con alta concentración de VUT.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado que esta gestión no se orienta únicamente al visitante sino también a que los residentes sean actores clave en la planificación del turismo. La Junta ha firmado convenios con seis ayuntamientos importantes como Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, y continúa avanzando en acuerdos con municipios como Córdoba y El Puerto de Santa María para intensificar el control.

Como parte de esta estrategia, se ha mejorado el sistema informático del Registro de Turismo, incorporando avisos preventivos automáticos para restringir nuevas inscripciones en zonas con limitaciones urbanísticas, reduciendo burocracia y aumentando la seguridad jurídica.

Arturo Bernal también ha resaltado las tensiones entre la administración autonómica y el Gobierno central por la competencia en la regulación de las VUT. La Junta defiende su plena competencia para cancelar licencias, en contraste con la escasa acción del Gobierno central en este ámbito, y ha solicitado una Conferencia Sectorial para abordar la proliferación de viviendas turísticas.

Para los propietarios, estas cancelaciones implican la imposibilidad legal de comercializar sus viviendas como alojamientos turísticos, con riesgos económicos y posibles sanciones si persisten en la actividad ilegal. Para los turistas, estas medidas aseguran alojamientos seguros, legales y que cumplen la normativa, reduciendo el riesgo de estafas o problemas.

El futuro del sector se orienta hacia una regulación más estricta, con límites sobre licencias, requisitos más severos para nuevos registros y un régimen de sanciones reforzado, buscando preservar la convivencia entre turismo y calidad de vida de los residentes. Andalucía se suma a otras grandes ciudades europeas como Barcelona, Madrid, Lisboa o Ámsterdam que también regulan para garantizar sostenibilidad urbana y acceso a la vivienda.

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En este capítulo, exploraremos a fondo las oportunidades excepcionales de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, con un enfoque particular en los estados de Texas y Florida, dos mercados que destacan por su dinamismo y atractivo para los inversionistas extranjeros. El mercado de bienes raíces en EE. UU. es uno de los pilares más sólidos de la economía global, moviendo billones de dólares anualmente y ofreciendo estabilidad y potencial de crecimiento.Nos sumergiremos en el fenómeno conocido como el "milagro tejano", donde el precio promedio de la vivienda se ha cuadruplicado entre 2000 y 2025. Texas ha experimentado un crecimiento económico impulsado por industrias como la de petróleo y gas, el comercio y, más recientemente, la tecnología, atrayendo a gigantes como Tesla, Apple, Google y Oracle. Ciudades como Dallas, Houston, Austin y el Valle del Río Grande ofrecen enormes oportunidades de desarrollo y rentabilidad, con retornos anuales de inversión que oscilan entre el 17% y el 21% en desarrollos residenciales. Además, Texas ha sido el estado con mayor captación de inversión extranjera directa en 2024 y se destaca por sus precios más accesibles y rentas estables a largo plazo.Por otro lado, Florida se mantiene como el principal destino para los inversionistas extranjeros en EE. UU.. Su atractivo radica en la combinación de turismo, propiedades vacacionales y alquileres a corto plazo (tipo Airbnb), sumado a la flexibilidad de pago en preventa y la constante plusvalía. El estado cuenta con una economía fuerte y leyes fiscales favorables, incluyendo la ausencia de impuesto estatal sobre la renta. Ciudades clave como Miami y Orlando son centros globales de negocios con una conectividad aérea inigualable, lo que facilita la compra de segundas residencias e inversiones. Miami, en particular, es el destino favorito de los millonarios para adquirir segundas residencias y ha visto el valor de las casas unifamiliares casi triplicarse desde 2013.Para los inversionistas extranjeros, es crucial entender que no es necesario ser residente ni ciudadano estadounidense para comprar propiedades. Sin embargo, la estructuración legal es fundamental; la creación de una LLC (Limited Liability Company) es altamente recomendada para proteger activos y optimizar beneficios fiscales, especialmente frente al impuesto a la herencia y otros tributos. Exploraremos las opciones de financiamiento para extranjeros, incluyendo hipotecas que no requieren historial crediticio en EE. UU. y programas especializados como los préstamos DSCR (Debt Service Coverage Ratio), que priorizan los ingresos por alquiler de la propiedad.El mercado actual, aunque presenta tasas hipotecarias elevadas y precios altos, sigue mostrando una demanda fuerte y oportunidades para inversores selectivos. Analizaremos cómo los cambios en las preferencias de vivienda, impulsados por el trabajo remoto y la migración interna, están redefiniendo las estrategias de inversión a mediano plazo. También abordaremos la importancia de la debida diligencia y el asesoramiento profesional para navegar las complejidades legales y fiscales. Finalmente, contextualizaremos la fuga de capital de países latinoamericanos con gobiernos de izquierda hacia mercados más estables como el estadounidense, destacando la seguridad y liquidez que ofrece.Tags: Inversión inmobiliaria, bienes raíces, Texas, Florida, inversionistas extranjeros, LLC, hipotecas para extranjeros, milagro tejano, Miami, Orlando, Dallas, Houston, Austin, plusvalía, rentabilidad, deducciones fiscales, mercado inmobiliario, propiedades de inversión, visas de inversión, estrategia de inversión, financiamiento, inversión pasiva, desarrollo inmobiliario, oportunidades de inversión, economía de EE. UU., protección de patrimonio, NAR, Qkapital, Waltz, arrendax

La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha anunciado un ambicioso Plan de Vivienda enfocado especialmente en los jóvenes, con el objetivo de facilitar la financiación hipotecaria para la compra de la primera vivienda y fomentar la construcción de inmuebles protegidos a precios asequibles. "Sin hogar no se puede formar una familia", destacó la mandataria, subrayando la importancia social y económica de esta iniciativa.

Aunque el plan aún está en desarrollo, la intención clara es doble: ayudar a que las nuevas generaciones accedan a viviendas dignas y asequibles, y propiciar un aumento en la natalidad gracias a las condiciones económicas más favorables para las familias jóvenes. El enfoque incluye promover la construcción de viviendas sociales y flexibles, especialmente en grandes ciudades donde el acceso es más complicado.

El Plan recibe respaldo decisivo de la entidad pública Consap, que gestiona fondos públicos y ha garantizado más de 500.000 hipotecas desde su creación. De estas, 350.000 han sido para menores de 36 años, demostrando su especial atención a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda. En 2024, el 75% de los créditos hipotecarios garantizados por Consap fueron para jóvenes.

La Confederación Italiana de la Propiedad, Cofedilizia, también respaldó la medida, solicitando acciones multifacéticas que vayan más allá de la financiación, como reducir la carga fiscal a propietarios que alquilen por largos períodos (con IRPF al 10%) y rebajas de impuestos locales para incentivar el alquiler de segundas residencias. Además, propone agilizar procesos de desahucio y mejorar la gestión de viviendas sociales disponibles que actualmente no se usan o están ocupadas ilegalmente.

La Asociación Nacional de Contratistas de la Construcción (Ance) ha apoyado estas políticas, fomentando un plan plurianual con presupuesto estatal, fondos europeos e inversión privada que permita responder a la creciente presión sobre el mercado residencial. Federica Brancaccio, presidenta de Ance, destacó la necesidad de un marco regulatorio actualizado que haga compatible la inversión con las necesidades reales de la población, devolviendo a las ciudades su rol de centros vivos donde jóvenes y familias puedan desarrollarse y prosperar.

Este Plan de Vivienda italiano refleja una respuesta integral a los desafíos demográficos y urbanos actuales, poniendo la vivienda al centro de la política social y económica.

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El sector de la construcción en España afronta en 2025 uno de sus mayores retos: la continua escalada de los precios y la escasez de oferta nueva. Este fenómeno arrastra consecuencias directas sobre la rentabilidad y el valor de las inversiones inmobiliarias, y obliga a entender las raíces del problema para anticipar movimientos y tomar decisiones inteligentes.

Los motivos del encarecimiento son múltiples: el aumento sostenido del coste de materiales y energía, la escasez de mano de obra cualificada y la complejidad administrativa y urbanística que ralentiza la obtención de licencias y el inicio de obras. A esto se suma la demanda creciente, tanto de vivienda como de proyectos en alquiler (build-to-rent) y activos logísticos, alimentada por la recuperación económica y el interés de grandes fondos nacionales e internacionales.

Esta escasez de oferta genera una presión alcista sobre los precios, tanto de compra como de alquiler, beneficiando especialmente a quienes ya poseen inmuebles o saben identificar oportunidades en zonas con más demanda que producto disponible. Frente a la dificultad de encontrar obra nueva, el mercado de segunda mano y la rehabilitación de edificios toman fuerza como alternativa de inversión, permitiendo captar revalorizaciones y rentas competitivas en entornos urbanos.

Para el inversor, este contexto representa una oportunidad: la escasez preserva el valor de los activos, eleva las rentas y reduce los periodos de vacancia. Además, la inversión en bienes con criterios de eficiencia energética o en ubicaciones estratégicas puede multiplicar su rentabilidad frente a un entorno de limitaciones en la obra nueva.

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Aunque siete de cada diez españoles aún desconocen los avales ICO, esta medida es clave para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo. Según la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), esta línea de avales permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble gracias a un aval estatal que cubre entre el 20% y el 25% del préstamo hipotecario, dependiendo de la eficiencia energética de la vivienda.

Para acceder a esta ayuda, se establecen varios requisitos: ser menor de 35 años o tener hijos dependientes, disponer de ingresos anuales que no superen los 37.800 euros para un comprador individual o 75.600 euros si son dos compradores, y que la vivienda sea la primera que adquieren y se destine a residencia habitual.

El conocimiento de esta línea crece entre quienes tienen intención de compra o han adquirido recientemente una vivienda, pero aún queda camino para difundir ampliamente esta opción. Las regiones con mayor conocimiento son Asturias y Murcia, con un 37%, seguidas de Canarias, Madrid y Cantabria. En cambio, País Vasco, Castilla y León, Baleares y Cataluña presentan niveles más bajos.

Un 42% de los jóvenes entre 25 y 34 años consideran solicitar el aval ICO para financiar su vivienda. Este porcentaje es más alto en Navarra, Canarias, Murcia y Baleares, y bajo en Aragón, País Vasco y Cantabria. Por ello, desde UCI y otras instituciones se ve necesario intensificar la difusión de este programa y complementarlo con políticas que impulsen la vivienda asequible y mejoren las condiciones de financiación general.

Los avales ICO no se tratan de una subvención, sino de un préstamo avalado por el Estado, que los solicitantes deben devolver en las condiciones del crédito hipotecario conseguido. Sin embargo, reducen significativamente el esfuerzo inicial que habitualmente supone ahorrar la entrada de hasta el 20-30% del precio de la vivienda.

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El mercado inmobiliario español sigue sorprendiendo en 2025, registrando un espectacular crecimiento del 52% en inversión durante el segundo trimestre. Este repunte posiciona a España como uno de los países más dinámicos de Europa para captar capital nacional e internacional, impulsado tanto por la rentabilidad del sector residencial como por el atractivo de activos logísticos, retail y oficinas en grandes urbes.

Entre las claves de este crecimiento destaca la recuperación de la confianza inversora con la estabilización de los tipos de interés y unas perspectivas macroeconómicas positivas. A ello se suma la progresiva normalización del mercado hipotecario y el aumento de la demanda interna y extranjera, especialmente de fondos internacionales y family offices que buscan diversificar ante la volatilidad de otros mercados. Además, la madurez tecnológica del sector inmobiliario y la profesionalización de su gestión añaden valor y seguridad a las operaciones.

El segmento residencial sigue siendo el favorito, especialmente el alquiler de larga estancia y el build-to-rent, por su estabilidad y retorno constante. El sector logístico se posiciona como una apuesta segura por el auge del e-commerce, mientras que el retail vuelve a captar capital gracias al repunte del consumo y la reconversión de locales.

Respecto a las perspectivas, se prevé que esta tendencia positiva se mantenga en el segundo semestre de 2025, con un ligero ajuste por la escasez de producto y la paulatina subida de los precios. No obstante, los expertos ven margen para seguir creciendo ante la alta demanda de vivienda, el desarrollo de nuevos proyectos y la entrada de nuevos actores internacionales. El reto: acelerar la oferta y adaptarse a un mercado más sesgado hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad.

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