En la sección Apuntes Jurídicos de Radio Popular-Herri Irratia, el abogado Pablo de los Ríos Enriquez analizó dos consultas frecuentes: la ocupación de locales de negocio y los conflictos en familias divorciadas sobre el cambio de centro escolar de los hijos.

Un oyente relató que, tras regresar de vacaciones, encontró a varias personas instaladas en un pabellón de su empresa y la policía le advirtió que no podía echarlas por su cuenta.
Según De los Ríos, este tipo de casos ya no son aislados en Bizkaia. Desde abril, la ley permite que los delitos de ocupación se tramiten mediante juicio rápido, lo que agiliza la resolución en un plazo máximo de 15 días.
El letrado recomendó denunciar de inmediato y solicitar una medida cautelar de desalojo, argumentando que la presencia de personas en instalaciones industriales puede poner en riesgo tanto a trabajadores como a los propios ocupantes.

Otra consulta llegó de un padre divorciado que se opone a que su hija de 13 años cambie de colegio, aunque la madre sí lo apoya.
El abogado aclaró que las decisiones educativas forman parte de la patria potestad compartida y no pueden adoptarse de manera unilateral. Si no hay acuerdo, debe ser un juez quien resuelva el conflicto.
De los Ríos advirtió que solo se autorizará el cambio si existen razones de peso respaldadas por informes educativos o psicológicos, y no por motivos superficiales como que un colegio resulte “más fácil”.