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La Comunidad de Madrid ha denunciado al Rayo Vallecano ante la Policía Nacional después de que el club impidiera el acceso de los técnicos encargados de iniciar los trabajos previos a la adecuación del estadio de Vallecas, una actuación prevista tras la extinción de la concesión administrativa y la suspensión cautelar de su uso.

Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en una entrevista concedida a Onda Cero, en el programa Radioestadio noche, en la que ha asegurado que la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad del recinto y ejecutar una intervención integral. "El club, a través de su directiva, se ha atrincherado en el estadio, no ha abierto la puerta a las empresas que iban a solucionar los problemas de seguridad", ha lamentado.

Preguntado por las consecuencias de que el acceso vuelva a impedirse, De Paco ha explicado que la Comunidad seguirá documentando la situación. "Tendremos que volver a levantar acta del incumplimiento del Rayo", ha indicado. El consejero ha recordado que el club dispone de un plazo para presentar alegaciones, pero que esa circunstancia es compatible con permitir la entrada de los técnicos para inspeccionar las instalaciones y recabar la documentación.

En este sentido, el Gobierno regional ha adoptado la decisión de extinguir la concesión después de recibir un informe técnico sobre el estado del mantenimiento del estadio. "En el momento que nosotros recibimos firmado ese documento técnico es cuando tomamos la medida de extinguir la concesión por la gravedad de la conclusión".

Durante la entrevista, De Paco ha reiterado que la Comunidad había requerido documentación al club sin obtener respuesta. "El Rayo no ha aportado ni un solo papel desde hace más de un mes que se le lleva requiriendo", afirmó.

El consejero también ha restado importancia a las labores de limpieza realizadas por el club durante la jornada. "Esto no se soluciona sacando diez, 100.000 o 10.000 bolsas de basura. Es que lo que hay que hacer es una intervención integral en este estadio que han dejado morir", ha criticado, tras asegurar que existe un informe técnico que recoge "un incumplimiento severo absolutamente de todo el mantenimiento que competía al Rayo".

Respecto al origen del procedimiento, De Paco ha explicado que, tras acceder al cargo, trasladó al presidente del club que la Comunidad no construiría un nuevo estadio mientras se deterioraba el actual. "Si lo que Martín Presa estaba haciendo era una estrategia de dejar morir el estadio para que la administración le hiciera un estadio nuevo, eso no iba a pasar", le avisó.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado inversiones en el recinto antes de iniciar el procedimiento administrativo valoradas en tres millones de euros en este último año y anteriormente "ya se habían invertido otros 3 millones", señaló.

Además, el consejero ha defendido que el objetivo del Ejecutivo autonómico es garantizar la seguridad de la instalación y conservar una infraestructura pública. "El Estadio de Vallecas es la casa del Rayo Vallecano, no es la casa de Raúl Martín Presa", ha manifestado, antes de añadir que "el Club Rayo Vallecano ha demostrado que no está capacitado para gestionar el estadio".

En relación con el futuro de la instalación, De Paco aseguró que cualquier decisión preservará el uso del estadio por parte del equipo. "Haga lo que haga la Comunidad de Madrid siempre va a salvaguardar el derecho del Rayo a no solo a jugar en el campo, sino a sentirse el titular del campo", dijo.

El consejero también ha confirmado que la Comunidad ha mantenido contacto con LaLiga y con la Real Federación Española de Fútbol durante todo el proceso, y que, de no haberse actuado, "LaLiga en algún momento habría dicho que ahí no se podía jugar porque no se cumplían las condiciones necesarias".

Para terminar, De Paco ha hecho un llamamiento al club para facilitar la actuación de la Administración. "Asuman sus responsabilidades y, por favor, tengan respeto a los ciudadanos, que tengan respeto al propio club, que tenga respeto a la afición y sobre todo, que tengan respeto a las instituciones".

La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina sigue dejando consecuencias más allá del terreno de juego. Diez días después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el que la selección española se proclamó campeona gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, la FIFA ha dado el primer paso para depurar responsabilidades por los incidentes registrados durante el torneo y, especialmente, en el desenlace del campeonato.

La Comisión Disciplinaria del organismo ha anunciado la apertura de varios procedimientos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diferentes miembros de la expedición albiceleste y también contra el internacional español Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, por su actuación durante los altercados de la final.

El expediente abierto por la FIFA no se limita a lo ocurrido en el último partido. El organismo considera que existen indicios de posibles vulneraciones del Código Disciplinario a lo largo de distintos encuentros disputados por Argentina durante el Mundial.

Entre los hechos que se investigan figura la exhibición, tras la semifinal frente a Inglaterra, de una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", un gesto que la FIFA examina al entender que un evento deportivo no puede utilizarse para realizar manifestaciones de carácter político o ajenas al ámbito estrictamente deportivo.

Además, el expediente recoge otros posibles incumplimientos relacionados con "conducta inadecuada", "agresiones", "incumplimiento de protocolos", retrasos en el inicio de algunos partidos, incidentes de seguridad y el lanzamiento de objetos desde la grada.

Según explicó la FIFA, el procedimiento se sustenta en posibles vulneraciones de varios artículos de su Código Disciplinario relativos al uso de competiciones deportivas para fines no deportivos, el mantenimiento del orden en los encuentros, la conducta de jugadores y aficionados y los comportamientos discriminatorios.

Uno de los focos principales de la investigación se centra en los enfrentamientos producidos durante y después de la final entre España y Argentina, un partido que terminó con momentos de gran tensión entre jugadores de ambos equipos.

Como consecuencia de esos incidentes, la Comisión Disciplinaria ha abierto procedimientos individuales contra varios integrantes de la selección argentina.

Los defensas Nahuel Molina y Leandro Paredes afrontan varios cargos relacionados con presuntas agresiones, mientras que también figura en el expediente Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino.

En paralelo, Molina y Thiago Almada están siendo investigados por una posible conducta antideportiva.

La resolución de la FIFA también incluye al internacional español Gavi, aunque en su caso el procedimiento se limita a un posible incumplimiento vinculado a una conducta antideportiva durante los incidentes registrados en la final.

El organismo no ha detallado públicamente cuál es la acción concreta atribuida al centrocampista del FC Barcelona, aunque sí ha confirmado que tanto él como el resto de implicados tendrán la oportunidad de presentar alegaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

La apertura del expediente no implica, por sí sola, la imposición de sanciones, sino el inicio formal de una investigación disciplinaria.

Tras la apertura del procedimiento, la Comisión Disciplinaria analizará los informes arbitrales, las pruebas audiovisuales y las alegaciones que presenten tanto la AFA como los futbolistas afectados. En función de las conclusiones, la FIFA podría imponer desde multas económicas hasta sanciones deportivas individuales o colectivas, dependiendo de la gravedad de las conductas que finalmente se acrediten.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla castigos para comportamientos violentos, incumplimientos de los protocolos organizativos, manifestaciones políticas durante las competiciones oficiales y actos que comprometan el orden o la seguridad de los encuentros.

Mientras tanto, la selección española mantiene el título conquistado en Nueva Jersey y el foco disciplinario se traslada ahora a los despachos de la FIFA, donde deberá resolverse si los incidentes vividos durante el Mundial de 2026 derivan finalmente en sanciones para la federación argentina, varios de sus jugadores y también para Gavi.

La UEFA ha acusado a la FIFA de "seguir utilizando el fútbol para enriquecerse" a sí misma y a sus "amigos". Según un comunicado del organismo europeo, la FIFA habría dado un ultimátum a sus asociaciones para apoyar su nuevo proyecto, que incluye la venta de derechos comerciales a inversores privados.

"Tras mantener conversaciones con numerosos actores implicados en el mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y cada vez mayor al proyecto de la FIFA", ha asegurado en el mismo comunicado. Es por ello, que la UEFA ha pedido "dar prioridad" a las asociaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados: "Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta".

Según ha publicado el diario británico The Times, la FIFA habría dado un plazo de 53 días para que las 211 federaciones que la integran acepten los 53 millones de dólares que les dará a cada una si aceptan la nueva propuesta de cara a la privatización de la Copa del Mundo.

En caso de aceptar, las federaciones recibirán un total de 10.000 millones de dólares, que serían 2.700 si lo rechazan -casi un 75% menos-. La UEFA se ha mostrado rotundamente en contra de esta idea, ya que considera que la idea de privatizar el fútbol "traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar".

En este sentido, la UEFA ha pedido al resto de federaciones que se tomen "muy en serio" la iniciativa comercial de la FIFA, porque implica "cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente". "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", ha sentenciado.

A las críticas del organismo europeo se han unido varias organizaciones, federaciones y mandatarios del fútbol internacional, que han expresado su "preocupación por la falta de transparencia e información". Es el caso de Concacaf, que asegura que se ha enterado de la noticia a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación.

La Federación Inglesa (FA) también ha mostrado su preocupación por la falta de gobernanza, mientras que la federación francesa, en palabras de su presidente, Philippe Diallo, ha criticado que no haya "ningún detalle", que el proyecto genera "interrogaciones" y que se ha hecho sin que las asociaciones "hayan estado asociadas".

Por su parte, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha reprochado a la FIFA que este tipo de iniciativas "deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial". La Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC), que representa a más de 150 clubes profesionales de toda Europa, ha ido más allá y ha criticado que "el Mundial no es un activo comercial cualquiera".

La iniciativa recupera ideas de una propuesta similar que la propia FIFA lanzó en abril de 2018, cuando Infantino promovió una inyección de 25.000 millones de dólares en 12 años junto al fondo japonés SoftBank y un consorcio de inversores asiáticos y de Oriente Medio para crear nuevas competiciones, entre ellas un Mundial de Clubes ampliado.

El pulso entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso que amenaza con complicar todavía más el inicio de la temporada para el conjunto franjirrojo. Lo que comenzó como una intervención administrativa para acometer una reforma urgente del Estadio de Vallecas ha derivado en una denuncia policial y en un intercambio de acusaciones que deja en el aire cuándo podrá volver el equipo a jugar en su feudo.

El Gobierno madrileño presentó este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía después de que, según sostiene, los responsables del Rayo Vallecano impidieran la entrada al personal técnico que debía comenzar las actuaciones de emergencia en el estadio.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que el vicepresidente del club y el jefe de los Servicios Jurídicos se negaron a permitir el acceso de los operarios desplazados al recinto, pese a que la Comunidad había asumido el control del estadio tras suspender cautelarmente la concesión administrativa.

Hasta Vallecas acudieron a primera hora de la mañana especialistas en electricidad, fontanería, climatización, ventilación, jardinería y mantenimiento con el objetivo de iniciar las primeras intervenciones. Sin embargo, únicamente pudieron comenzar los trabajos en un edificio anexo utilizado por distintas federaciones deportivas, mientras que el equipo encargado del césped permaneció fuera del estadio sin autorización para acceder.

El enfrentamiento entre ambas partes no surge de forma repentina. La Comunidad de Madrid anunció la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas tras conocerse los resultados de una auditoría técnica encargada meses atrás.

Según ese informe, el recinto presenta una "obsolescencia generalizada" y deficiencias de seguridad que afectan, entre otros aspectos, a las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios, las condiciones sanitarias y el mantenimiento general del inmueble.

El estadio es propiedad de la Comunidad de Madrid, aunque su explotación estaba cedida al Rayo Vallecano mediante una concesión administrativa que atribuye al club buena parte de las obligaciones de conservación y mantenimiento. Precisamente ese reparto de responsabilidades constituye uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, calificó la actuación del Rayo como una "maniobra dilatoria" destinada a retrasar el inicio de las reformas. Según explicó, el club presentó un escrito solicitando documentación que, siempre según la versión del Ejecutivo regional, ya había sido remitida previamente por vía electrónica.

"Es el modus operandi del club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", afirmó el consejero, quien advirtió de que cualquier retraso que impida al equipo disputar sus encuentros en Vallecas será responsabilidad de la actual directiva.