La organización de grandes eventos deportivos se mueve en una doble realidad: por un lado, es claro que supone un impulso para el lugar en el que se celebran, tanto desde la perspectiva de las infraestructuras como el de la imagen, que repercute positivamente en la afluencia de visitantes y en el desarrollo económico. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos con que el derecho que imponen las organizaciones de las que dependen constituyen una limitación sustancial en el propio ejercicio de las potestades públicas, posiblemente extremo.