Después de cinco años de funcionamiento, la Ley 9/2017 va dejando huellas de sus dificultades. Unas dificultades que se traducen en que no resulta adecuada para el funcionamiento del sector pública, dificultando la gestión. Es, en este sentido, inadecuada para una buena gestión pública. Por ello, sería conveniente plantearnos la sustitución de la norma.