Los tres senadores de Cabildo Abierto presentaron a comienzos de este mes un proyecto de ley por el cual, en su artículo primero, establece que “el Fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría”, además de una multa y una inhabilitación que puede ir de 3 a 7 años.
El texto se completa con otros 5 artículos, donde el cuarto señala que “el Juez que a sabiendas dictara Resolución injusta en causa penal o no penal, será castigado 10 meses de prisión a 7 años de penitenciaría” más multa e inhabilitación.