Otra Mañana 770 AM

El Banco de Previsión Social extendió hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para que las personas nacidas antes del 1.º de junio de 1963 puedan presentar solicitudes de reconocimiento de servicios realizados con anterioridad a abril de 1996.

La medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 107/025, y responde a un planteo del propio BPS con el objetivo de contemplar a quienes no contaban con toda la documentación laboral en tiempo y forma al vencimiento anterior, fijado originalmente para el 31 de mayo pasado.

La prórroga aplica únicamente a personas que al 1.º de junio de 2023 tenían 60 años o más, y que aún no hubieran realizado el trámite para acreditar años trabajados noregistrados en la historia laboral electrónica.

El procedimiento permite incorporar al legajo personal del BPS períodos de actividad que, por diversos motivos, no se encuentran documentados en sus sistemas, pero quepueden ser demostrados mediante otros medios de prueba admitidos por la normativa vigente.

Desde el organismo se recomienda iniciar el trámite con antelación, debido a que su procesamiento puede requerir la recopilación de elementos como certificadospatronales, testimonios, constancias u otros documentos.

A partir de esta nueva fecha límite, quienes no hayan iniciado el proceso en plazo no podrán hacer valer esos períodos como base para futuras prestaciones jubilatorias.

Uruguay en la cumbre de los BRICS; encuentros bilaterales

Días pasados, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas donde le presentó unos 300 planteos sobre trabas regulatorias existentes en nuestro ordenamientos jurídico y económico.

Los aportes recogidos en ese período fueron enviados de forma anónima, e incluyen información sobre los sectores afectados, los organismos involucrados, el contenido de la normativa señalada y el impacto negativo asociado.

El análisis de los datos reveló que los sectores más representados fueron el comercio mayorista y minorista, la ganadería y agricultura, los servicios financieros y de seguros, la salud y la administración pública.

Por su parte, los organismos más frecuentemente mencionados incluyen al propio MEF, diversas intendencias departamentales, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio del Interior, elMinisterio de Ambiente y el Banco Central del Uruguay.

Esto es en el marco del proyecto “Uruguay Más Simple” una iniciativa del centro de estudios, desarrollada entre abril y junio de este año, que se propuso identificar normativas que, según los ciudadanos, obstaculizan la actividad económica o dificultan la interacción entre la población y el Estado.

Según CERES, este relevamiento podría ser un insumo para el proceso de elaboración del próximo Presupuesto Nacional, que el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento en agosto.

La institución considera que la simplificación normativa puede favorecer tanto la eficiencia del Estado como el desempeño de empresas, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos.

Conflicto en el sector pesqueroPautas salariales

El conocido “efecto TEMU” sigue rompiendo, mes tras mes, sus propios récords. En mayo, Uruguay recibió 200.390 paquetes bajo el régimen de franquicias.

Para comparar, en abril de 2024, previo al comienzo de las operaciones del gigante chino, se registraron poco más de 51.000 envíos a nuestro país.

Para junio de ese año, la cifra había ascendido a más de 60.000, superando las 100.000 encomiendas en setiembre. Ya en febrero de 2025 se había alcanzado un récord de más de 170.000 paquetes, cifra que fue superada en mayo.

El régimen de franquicia vigente permite a cada persona mayor de 18 años realizar hasta tres compras anuales por un máximo de 200 dólares y 20 kilos de peso por envío, sin pagar impuestos.

En paralelo, también se incrementó el uso del régimensimplificado, que permite compras por hasta 200 dólares sin límite de envíos anuales, a cambio del pago de un tributo fijo del 60 % del valor facturado, con un mínimo de 10 dólares.  

¿Cuál es el efecto TEMU en Uruguay?

¿Qué medidas se proponen desde el sector comercio?

¿Qué rol juegan los defensores públicos en el sistema de justicia?

Comienza pago del bono educativo

Díaspasados, la Junta Nacional de Drogas presentó los lineamientos dela Estrategia Nacional 2026-2030, un documento orientador de la política públicadel Estado uruguayo en materia de drogas, afirmando una perspectiva integralcentrada en las personas.

La Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 plantea unareconfiguración de la política pública en materia de drogas, con una estructurabasada en siete ejes estratégicos y un enfoque transversal de gestión deriesgos y reducción de daños.

El documento establece un modelo de intervenciónintegral que articula prevención, atención, regulación, control, cooperacióninternacional, investigación y gobernanza.

La estrategia reconoce que el fenómeno del uso dedrogas no puede abordarse únicamente desde una perspectiva sanitaria, sino querequiere un tratamiento multidimensional que incluya aspectos sociales,culturales, económicos, legales y territoriales.

El diseño y la implementación de esta estrategia queestarán a cargo de la Junta Nacional de Drogas, apuesta por una gobernanzadescentralizada y participativa, basada en evidencia científica y orientada agarantizar el acceso a derechos.

El documento enfatiza que no existen soluciones únicaspara problemas complejos y, en consecuencia, incorpora un proceso de consultapública con múltiples actores.

Gobierno bajó 100 pesos la garrafa de 13 kilos de supergás; aumentó precio de las naftas y el gasoil