Otra Mañana 770 AM

Hace casi 30 años Uruguay reformó su proceso electoral lo que derivó en el actual sistema en el que los uruguayos elegimos la conformación del Parlamento, al presidente y al vicepresidente de la República.

El esquema vigente plantea 4 elecciones en casi 12 meses. Tres de carácter obligatorio (generales, segunda vuelta y departamentales) y una voluntaria, las internas.

El pasado 12 de mayo, cuando se cerró el ciclo electoral, quedó nuevamente vigente la duda sobre de la extensión del mismo, pero esta vez con un elemento aún mas preocupante: la notoria apatía que se advirtió en todas las instancias.

Ayer el Partido Colorado emitió una declaración en la que propuso la conformación de un ámbito multipartidario con el objetivo de revisar el calendario electoral de Uruguay, para evitar “la fatiga cívica” que esto genera.

Una preocupación similar había planteado días pasados Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.

Entonces, ¿Es necesario cambiar el ciclo electoral?

¿Cuáles serían los cambios a introducir?

¿Se podría aprovechar la discusión para corregir aspectos de las elecciones departamentales o para incluir una relección?

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Días pasados se presentó en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo el libro “La sucesión presidencial” que examina la evolución de la figura presidencial en Uruguay desde 1830 hasta 2025.

Su autor, José Garchitorena, actual ministro de la Corte Electoral, analiza en esta obra los principales cambios en la estructura política e institucional del país a lo largo de casi dos siglos.

El texto propone una lectura cronológica y sistemática sobre cómo ha operado la sucesión presidencial en distintos contextos históricos, desde los primeros gobiernos hasta la administración vigente.

El enfoque está centrado en la transformación del sistema político uruguayo, destacando la interacción entre actores e instituciones en cada etapa del proceso democrático.

La obra incorpora además anexos con información sobre gobernantes, ministros y otras figuras clave, lo que la convierte en un insumo para el estudio académico.

La presentación contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera.

A partir de hoy, comienza el último mes en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield pueden negociar de forma exclusiva la extensión del contrato por los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

Pasado el 4 de julio, y por un período de 180 días, la AUF deberá convocar a una licitación abierta en la que cualquier oferente podrá participar. No obstante, Tenfield cuenta con una cláusula de igualación que le permite igualar la mejor oferta y quedarse con los derechos.

Según una crónica publicada por El País, los clubes reciben actualmente unos US$ 17 millones anuales por concepto de derechos de televisión. Desde la AUF consideran que ese ingreso bruto podría alcanzar los US$ 65 millones.

Trascendidos indican que la empresa liderada por Francisco “Paco” Casal estaría dispuesta a ofertar, de forma informal, entre US$ 25 y US$ 30 millones por año para renovar el vínculo.

Pero, ¿de dónde saldría ese dinero? De los abonados al cable que pagan por el paquete de fútbol, de los suscriptores de plataformas online, de publicidad y de eventuales compradores internacionales interesados en el producto “fútbol uruguayo”.

Ante esta posibilidad, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) expresó su preocupación por las cifras que se manejan para la renovación o futura licitación. Según señalaron, actualmente hay empresas que apenas logran cumplir con sus pagos, y otras que operan con atrasos.

¿Podrán los cableoperadores del interior del país absorber un eventual aumento que duplique —o incluso más— el precio actual del fútbol?

Directivos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), se reunieron el viernes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en la que se abordaron temas clave para el futuro del sector tecnológico.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener políticas públicas que promuevan la tecnología, la innovación y el desarrollo del ecosistema digital.

Según trascendió, la conversación incluyó asuntos como la internacionalización del sector, la formación de docentes en tecnologías de la información, el impacto de la inteligencia artificial y la atracción de empresas multinacionales al país. También se discutió la continuidad de instrumentos como la ley de atracción de talentos y el programa Uruguay Innova, así como la importancia de seguir promoviendo la incorporación de tecnología en otros sectores productivos.

El gobierno reafirmó su voluntad de continuar con una política de Estado que ha sostenido durante más de dos décadas.

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