Charlamos con el múltiple campeón del mundo

¿El sector tecnológico en Uruguay es un caso de éxito? Los datos parecen transformar esa pregunta en afirmación.

Un reciente estudio realizado por CPA Ferrere, a pedido de Cuti, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, revela que este sector es hoy un componente crucial de la economía uruguaya, con un impacto total del 4.3% en el Producto Interno Bruto, la generación de más de 22.000 empleos directos de calidad y consolidándose como uno de los cinco principales rubros de exportación del país.

Además, su dinámica alcanza a otros sectores de la economía y la industria.

Con datos de 2022, se advierte que está compuesto por más de 500 empresas y el promedio salarial fue de 91.000 pesos mensuales, más del doble del promedio de la economía nacional.

¿Cómo ha sido el desarrollo de este sector?

¿Ya se ha consolidado?

¿Qué necesita para continuar haciéndolo?

El PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio entregaron el sábado ante el Parlamento 430.000 firmas y más allá del descarte que haga la Corte Electoral, habrá plebiscito.

Los puntos centrales de la iniciativa buscan establecer en 60 años la edad para jubilarse, instituir un monto mínimo jubilatorio -vinculado al Salario Mínimo Nacional- y la eliminación de las AFAP del sistema jubilatorio.

Cuando la Corte valide las rubricas, fijará para el mismo día de las elecciones nacionales, el momento en que los uruguayos debemos decidir sobre la propuesta.

Luego de que la central y los grupos y sectores que adhirieron a la propuesta presentaran las firmas, el oficialismo se puso en campaña en contra de la misma, defendiendo la reforma impulsada por el actual gobierno y el régimen de ahorro previsional.

Si bien el Frente Amplio había dejado en libertad de acción a sus partidos y sectores, ahora podría reconsiderar su posicionamiento.

¿Qué implicó recoger esta cantidad de firmas?

¿Como se plantarán los impulsores en el debate de cara a octubre?

La semana pasada, la Comisión de Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología votó afirmativamente por mayoría el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001.

El proyecto, de artículo único, plantea que nuestro país ingrese a este acuerdo de cooperación, cuyo propósito es el fomento del progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones, según la exposición de motivos del gobierno cuando giró la iniciativa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, firmante de la iniciativa cuando era titular de Industria, expresó en X que este es “importante paso” para el desarrollo del “ecosistema emprendedor” como ser biotecnología, electrónica y energías renovables”, y que “resulta impostergable para la integración al mundo”.

Como fue dicho, en comisión, el proyecto se votó en mayoría, con el rechazo de los diputados del Frente Amplio. Pero ayer, El País informó que Cabildo Abierto “tiene por estas horas serias dudas” como para aprobar la iniciativa.

¿Qué implicaría para Uruguay integrar este tratado?

¿Qué implica no hacerlo?

Cada tanto el tema vuelve a estar sobre la mesa. Desde Argentina se acusa que Uruguay es un territorio opaco que da la bienvenida a los “lavadores”.

El fin de semana, uno de los periodistas más respetados del vecino país, Hugo Alconada Mon, insistió sobre este tema, al participar del programa de Mirtha Legrand.

Esta no es la primera vez que este periodista señala esto sobre Uruguay. En una nota con la revista Galería de Búsqueda en 2018, dijo que “Uruguay es la Suiza lavadora de América del Sur”.

"Da exactamente igual quien sea el presidente uruguayo, la maquinaria de lavado uruguayo estará intacta. Es un hecho notable que no importa quién ocupe la presidencia uruguaya, los corruptos argentinos tratan de esconder su dinero allí porque es la meca del lavado en América del Sur. Es una maquinaria diseñada para robar y garantizar la impunidad", dijo en aquella nota.

Y hay otras opiniones en la misma dirección; por ejemplo el especialista Alejandro Montesdeoca contratado por Senclaft, y en dialogo con El Observador, dijo que nuestro país no valora "adecuadamente" el riesgo del lavado de activos. "Uruguay tiene un pensamiento un poco envejecido", dijo y lamentó que el país "se quedó" en el combate a estos delitos.

Nuestro país ha actualizado varias veces en los últimos años su legislación sobre lavado de activos. En 2009 se creó la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y luego se la actualizó en el presupuesto de 2016.

Y a todo esto, según informó la Unidad de información y análisis financiero del Banco Central, en el año 2023 se recibieron 911 reportes de operaciones sospechosas superándose por segundo año consecutivo la mayor cantidad desde el inicio de la obligación de reporte. Asimismo, se iniciaron 18 investigaciones de oficio.

Entonces, ¿es como dice Alconado Mon y Uruguay sigue siendo un país poco transparente?

Se ha avanzado, pero ¿se necesita avanzar más?

¿La SENACLAFT dispone de los recursos necesarios para llevar adelante sus tareas?