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CERES presentó un informe especial en el que examina las proyecciones y los fundamentos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, estructurado en tres dimensiones: la realidad, los supuestos y las interrogantes
A partir de esta metodología, se busca poner en perspectiva tanto la magnitud de los cambios previstos en el gasto público como las condiciones necesarias para que las metas fiscales y de crecimiento se concreten.
En primer lugar, se estudia la evolución proyectada del gasto total y por rubros, en comparación con períodosanteriores. Se observa un aumento de 10% en términos reales en el Gobierno Central y el BPS hacia 2029, con mayor expansión en Salud, Seguridad Social, Protección Social e Infraestructura, Transporte y Comunicaciones.
También se subraya que las remuneraciones crecerían en términos reales casi el doble que en el quinquenio previo.
El documento dedica un segundo eje a los supuestos macroeconómicos que sustentan el Presupuesto. Allí identifica un escenario oficial que proyecta un crecimiento anual de 2,4% entre 2025 y 2029, cuando la evidencia histórica en condiciones externas similares a las actualesmuestra tasas cercanas al 1%. Si la actividad se expandiera en línea con el desempeño de la última década, el déficit fiscal proyectado sería más elevado que el estimado en la exposición de motivos.
Finalmente, se formulan interrogantes sobre la magnitud de la recaudación esperada por nuevas figuras tributarias y mejoras de eficiencia, así como sobre la capacidad de duplicar la tasa de crecimiento con niveles de inversión que se ubicarían por debajo del objetivo oficial.
El informe concluye señalando la necesidad de discutir, además de los números, los desafíos estructurales que condicionan la eficiencia del gasto y la efectividad de las políticas públicas
Gobierno creará comisión con la sociedad civil tras la tragedia de Soriano
Intendentes presentaron proyecto alternativo para ingreso de funcionarios
Las empresas Berkes y Teyma, junto con la brasileña Aerom, presentaron un proyecto de transporte público ferroviario, eléctrico y elevado denominado AeroMet, que implicaría unir Tres Cruces con el Parque Roosevelt en un trayecto de 14,4kilómetros a través del cantero central de Avenida Italia y Avenida Giannattasio.
La propuesta incluye dos terminales y once estaciones para un ir ambos puntos conlleve tan solo 23 minutos.
La obra se proyecta con un plazo de construcción de tres años y una inversión estimada en 350 millones de dólares.
El sistema funcionaría de manera automatizada, con propulsión neumática, sin emisiones y sin uso de neumáticos ni baterías.
Los componentes serían fabricados fuera de la ciudad y montados en el sitio, lo que minimizaría el impacto en el tránsito y evitaría prolongados cortes de calles o desvíos.
El diseño contempla además la creación de un Parque Lineal Metropolitano bajo el trazado, con nuevas áreas verdes, espacios deportivos y zonas de encuentro social, favoreciendo la integración urbana.
La visión de largo plazo plantea extender el servicio hacia arterias como Camino Maldonado, Bulevar Batlle y Ordóñez y la continuación de Giannattasio, o sea Interbalnearia hasta El Pinar.
El gobierno se trazó una serie de objetivos económicos en el presupuesto. ¿En qué contexto se dan? ¿Cuán realizables son?
El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley que propone incorporar la educación financiera como componente obligatorio en todos los niveles del sistemaeducativo nacional, además de crear un programa específico para personas adultas fuera de la enseñanza formal.
La iniciativa, presentada por el diputado colorado Walter Verri, busca que la formación en esta materia abarque tanto a la educación primaria, media y terciaria como a lacapacitación continua de la ciudadanía.
El texto establece que los contenidos mínimos deberán incluir aspectos vinculados al crédito al consumo, los costos asociados, la prevención del sobreendeudamiento,la identificación de cláusulas contractuales y el conocimiento de instrumentos financieros autorizados por el Banco Central del Uruguay, como fideicomisos, obligaciones negociables o letras de tesorería.
En primaria se impartirán nociones básicas sobre dinero, ahorro y consumo responsable, mientras que en secundaria y educación técnica se profundizará en conceptos de crédito, tasas de interés, productos financieros y hábitos de inversión. En el nivel terciario se avanzará hacia el análisis de mercados de valores, financiamiento productivo y gestión de riesgos.
La Administración Nacional de Educación Pública, en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, tendrán a su cargo la definición de losprogramas curriculares. Asimismo, el Consejo de Formación en Educación deberá desarrollar módulos específicos para la preparación docente en este campo.
El proyecto también prevé la creación de un Programa Nacional de Educación Financiera para la Ciudadanía, orientado a promover el uso informado del crédito, laplanificación económica familiar, el ahorro y la prevención de fraudes. Su implementación involucrará a diversos organismos estatales, instituciones financieras, cooperativas y organizaciones sociales.
La Encuesta Anual de Inversión Industrial 2025, elaborada por la Cámara de Industrias del Uruguay, revela que las empresas prevén para 2026 una caída de 43% en el monto total destinado a inversión en comparación con lo planificado para este año.
El descenso proyectado se explica principalmente por la reducción en maquinaria y equipos, que representa cerca de tres cuartas partes de la inversión industrial, y que tendría una contracción de 40%. A esta baja se suma la prevista en construcciones y reformas edilicias, estimada en 60%, y en adquisición de inmuebles, con una reducción de 70%.
El informe también da cuenta de que algunos rubros tendrían incrementos, aunque con baja participación en el total. La inversión en investigación y desarrollo crecería 12%, alcanzando apenas 1% de la estructura de inversión, mientras que marketing aumentaría 3%, con una participación de 3%.
Respecto a los instrumentos de apoyo, la Ley de Inversiones fue utilizada por el 44% de las empresas, mientras que el Fondo Industrial y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fueron señalados por 4% de las firmas, en tanto otro 44% no empleó ningún mecanismo vigente.
Los principales obstáculos para invertir identificados por los empresarios se vinculan a las restricciones de la demanda interna, mencionadas por 61% de los encuestados, y a la baja rentabilidad de los proyectos, señalada por 54%. La demanda externa y la incertidumbre en las relaciones laborales también aparecen como factores relevantes.
Otros aspectos considerados son la situación financiera de las empresas y la incertidumbre sobre la política económica, percibidos como barreras por un tercio de los consultados.
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