El caso Blue Apple Services surgió como otro escándalo de corrupción de la administración 2009-2014 que involucra a por lo menos siete empresas constructoras panameñas que pagaron sobornos a exfuncionarios a cambio de que los exfuncionarios le agilizaran los trámites administrativos para desarrollar las obras.
El caso describe en su totalidad, como desde 2009 al 2014, se constituyeron sociedades en Panamá, y se utilizó el sistema bancario del país, para el blanqueo de capitales, según lo describe la vista fiscal del caso, con fecha del 1 de septiembre de 2019. Esta investigación se inició formalmente el 11 de septiembre de 2017 por el despacho de la Procuraduría General de la Nación.
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