El Centro de Estudio Legales y Sociales, el CELS, denunció ayer que, en los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó el sistema de reconocimiento facial de prófugos para acceder a datos biométricos de 7 millones de personas de manera ilegal.
Entre estas personas se encuentran dirigentes polÃticos, sociales, sindicales, de derechos humanos, jueces, empresarios y periodistas. Frente a la denuncia presentada, la Justicia porteña suspendió ayer este sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.