La norma firmada por el presidente reglamenta algunos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, que no habían sido incluidos en la reglamentación de 2017. Y, además, amplía el listado de excepciones. Entre otras modificaciones, establece nuevas definiciones sobre los conceptos de “información pública” y “documento” y aumenta los motivos que brinda la ley para no responder un pedido de acceso. Estamos en comunicación con Agustín Espada, investigador del Conicet y Doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Para hablar sobre este tema.