Mientras D. T., de 36 años, continúa presa en Cañada de Gómez, acusada de homicidio calificado por haber tomado pastillas para terminar con un embarazo avanzado, la Colectiva de Abogadas lesbotransfeministas cuestionó la acción punitiva. “Por más extraño que parezca, en noviembre de 2022 una fiscal quiere pedirle prisión perpetua a una mujer por haber abortado”. Se refieren a Gabriela Lescano, del Ministerio Público de la Acusación y también al juez Álvaro Campos de dictar la prisión preventiva tanto a ella, como a su vecino, una persona con miocardiopatía hipertrófica. La Colectiva se presentó ante la fiscal regional María Eugenia Iribarren para solicitar “la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que estime pertinentes, como así también que se lleven a cabo capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional, herramienta que entendemos no existe hoy en muchos y muchas agentes fiscales”.