Tenemos un sistema de transporte deficiente que hace perder tiempo y calidad de vida a las personas. A esto se suma una carga cada vez más pesada sobre los ciudadanos a través del pago de la patente de rodados. Sin embargo, esas contribuciones no se traducen en mejoras visibles: no se ven avances claros en infraestructura, en movilidad ni en la calidad del servicio. Por eso, los impuestos deben ser transparentes y la ciudadanía tiene derecho a saber a dónde va el dinero de sus bolsillos y por qué no se reflejan mejoras concretas.