Sanciones obligan al gobierno a la liberalización económica pero también castigan a proveedores privados que ya no puede hacer negocios con empresas públicas.

Con 9,585 % de hiperinflación en 2019, Venezuela nuevamente tiene el siniestro privilegio de liderar el ranking de los países con mayor inflación en el mundo.

El gobierno se ha dado cuenta que la hiperinflación también disuelve sus ingresos fiscales y ha puesto en marcha una reforma legal para indexar el cobro de impuestos, aranceles y multas a la divisa con mayor precio en bolívares

Es totalmente contraproducente aumentar los impuestos a una economía que ha sufrido la depresión más larga de su historia: es como pedirle a una persona que se ha desangrado que done sangre.

PDVSA no cuenta con suficientes fondos para levantar la extracción de crudos y esa dura realidad emplaza al gobierno a cambiar su visión estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión extranjera en la industria petrolera venezolana.

Como el bolívar quedó disuelto por la hiperinflación y ya no cumple las funciones para medir los precios, facilitar las operaciones de compra venta y reserva de valor para los ahorros, el gobierno intenta sustituirlo obligando a pagar en Petros las tarifas y tasas de los servicios públicos que monopoliza el Estado.