El Acuerdo de Barbados refleja un balance en las expectativas y aspiraciones de los firmantes. A la oposición le interesa mejorar las condiciones electorales, mientras que al gobierno le interesa la flexibilización de las sanciones para aumentar los ingresos petroleros. 

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de septiembre fue de 6%, la acumulada entre enero-septiembre sumó 159,4% y la anualizada entre septiembre 2022-septiembre 2023 llegó a 396%. Faltan menos de tres meses para terminar el año y, de mantenerse esta tendencia, se desvanece la expectativa de lograr una inflación considerablemente menor al 234% de 2022.

Un decálogo al alcance de la mano para erradicar la inflación pudiera estar conformado por las medidas que explicamos en este nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral.

El “gesto” del gobierno de facilitar la asitencia técnica del CNE a la Primaria presidencial de la PU tiene como objetivo encubierto exacerbar las contradicciones y divisiones de la oposición. Solo si sus rivales se presentan divididos y sin opción es que el gobierno aceptará mejorar las condiciones electorales y este gesto de “buena voluntad” es funcional a ese propósito. Ciertamente, al oficialismo le interesa celebrar unas  elecciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente, pero sin poner en peligro el triunfo en las Presidenciales de 2024.

Así como la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, la era del petróleo no terminará porque se agote el petróleo. La transición energética tiende a desplazar al petróleo y quedarán muchas reservas sin rentabilizar en el subsuelo. Pero al menos en el próximo cuarto de siglo, el petróleo seguirá teniendo un peso relevante en la matriz energética mundial. Por lo tanto, seguiremos siendo un país petrolero. El reto es superar las patologías del rentismo introduciendo reformas que permitan utilizar la renta petrolera para superar el rentismo.

El tránsito de la Venezuela Rentista a la Sociedad del Conocimiento se logrará a través de una estrategia basada en el desarrollo del capital humano, la ampliación y fortalecimiento del sistema educativo en todos los niveles, la creación de una creciente plata física bien dotada para la investigación científica y la innovación tecnológica, en el desarrollo de sistemas y redes de información, en el financiamiento de emprendimientos innovadores. Esa es la nueva ruta que Venezuela tiene que comenzar a transitar para lograr la prosperidad económica, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental en un entorno de crecientes libertades ciudadanas.

Ante los avances de la III y IV Revolución Industrial que han dado origen a la nueva economía del conocimiento, la tesis de sembrar el petróleo tiene que ser reinterpretada y adecuada. No tiene sentido destinar la renta petrolera a la minería extractiva, las industrias básicas y otras actividades depredadoras de la naturaleza o intensivas en el consumo de energía. Este paradigma de la siembra del petróleo está agotado y en adelante la renta petrolera se debe sembrar en el desarrollo del capital humano, la creación de capacidades científicas, tecnológicas, sistemas de información y la infraestructura nacional de telecomunicaciones.

Comenzaría por la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, no para privatizar la propiedad del recurso natural ni Pdvsa, sino para abrir la industria petrolera a otras empresas mixtas con mayoría accionaria del socio privado nacional y/o extranjero.

La estrategia sería promover un gran acuerdo nacional que exija y apoye la creación de un nuevo marco legal y entorno institucional que impida el uso discrecional de la renta petrolera como un instrumento de dominación del gobierno de turno.

El principal obstáculo es la tradición estatista sobre la industria que permite al gobierno de turno la administración arbitraria y discrecional de la renta petrolera que reparte como un mecanismo de dominación para premiar a sus incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a sus adversarios u opositores. Así, la debilidad organizativa del poder ciudadano que, sin recursos ni instituciones sólidas, es sometido y dominado por el Estado rentista, dando origen a una relación desequilibrada y clientelar en la que las familias, empresas e instituciones no gubernamentales pugnan por el reparto de la renta, sin exigir cuentas ni transparencia en el manejo de la misma

Hay tres momentos que es importante ubicar como antecedentes causales de la crisis del rentismo contemporáneo:

Años 70 del SXX: las decadentes reservas probadas de hidrocarburos estaban concentradas en los países de la OPEP y se creía que el petróleo se iba a acabar. Esto impulsó a las principales potencias consumidoras a sustituir el modo de producción intensivo en energía por otro intensivo en conocimientos y tecnologías.

Años 90 del SXX: se descubren abundantes reservas en país no OPEP, el abundante petróleo había que rematarlo antes de fuese desplazado por nuevas fuentes de energía y así evitar que las cuantiosas reservas probadas se perdieran en el subsuelo si ser rentabilizadas.

Años 20 del SXXI: crisis climática obliga a la descarbonización de la economía en el 2050. Se legisla para sustituir la quema de combustibles fósiles por energías limpias, con exigentes metas para 2030. El petróleo ha entrado en tiempo de descuento y tiene los años contados.

Es la crisis de la maldición de la abundancia, la crisis de un país que no supo aprovechar los auges de la renta y creyó que los precios del petróleo se mantendrían en alza para siempre; la crisis de un país que ante cada colapso de los precios creyó que el rentismo había llegado a su fin y tampoco se preparó para manejar la próxima