La nueva regulación del alquiler en Andorra plantea una salida progresiva del sistema de prórrogas forzosas, con un calendario escalonado entre 2027 y 2030 según la antigüedad de los contratos y el precio por metro cuadrado. La idea central es evitar una liberalización brusca del mercado que pueda provocar subidas repentinas para los residentes, permitiendo solo incrementos limitados por IPC y porcentajes máximos muy tasados.

El análisis explica cómo la ley divide los contratos por tramos, protege a los inquilinos mediante preavisos obligatorios de seis meses y controles formales estrictos, y limita las subidas cuando se firma un nuevo contrato. También introduce mecanismos de vigilancia como el SICAR, sanciones importantes para los propietarios que superen los límites legales y reglas muy duras para evitar abusos en la recuperación de viviendas por familiares.

El gran debate de fondo es si esta norma compra tiempo suficiente para resolver el problema estructural de la vivienda en Andorra o si simplemente aplaza la presión hasta 2030, cuando el sistema de protección empiece a desaparecer del todo.

Digital Rights and the Algorithmic Boss explores privacy, AI surveillance and digital power in Andorra. The podcast warns that efficiency and innovation can become tools of control in public spaces, workplaces and online life, especially for minors. It argues that Andorra can choose another path: ethical technology, digital sovereignty and rights-centered innovation.

Researcher Júlia Nueno examines how the Israeli military uses artificial intelligence to systematize destruction and population control in Gaza. Through the work of Forensic Architecture, she describes algorithms that generate an endless flow of military targets, enabling prolonged warfare and strikes on vital infrastructure. She argues these systems automate violence, treat civilians as statistical threats, and turn Gaza into a testing ground for surveillance and repression technologies later exported elsewhere. Her work aims to use those same tools to document truth and support war crimes allegations before international bodies.

El análisis de Júlia Nueno denuncia que el ejército israelí estaría utilizando inteligencia artificial para automatizar la destrucción y el control de la población en Gaza. Según esta visión, los algoritmos permiten generar objetivos militares de forma continua, justificar una guerra sin fin y atacar infraestructuras esenciales para la vida civil.

El texto sostiene que estos sistemas convierten a la población en perfiles estadísticos de riesgo, eliminando la presunción de inocencia y transformando Gaza en un laboratorio de vigilancia, represión y guerra algorítmica. Frente a ello, Nueno y Forensic Architecture intentan usar la tecnología en sentido contrario: reconstruir pruebas, documentar patrones de violencia y denunciar posibles crímenes de guerra ante organismos internacionales.

El texto defiende que la libertad religiosa y de convicción exige igualdad ante la ley y una separación real entre Iglesia y Estado. Señala la educación como herramienta clave contra los prejuicios y la exclusión. En el caso de Andorra, advierte que ciertas influencias religiosas aún limitan derechos, sobre todo en salud y género, y concluye que ninguna creencia debe estar por encima de las libertades fundamentales.

El caso de Emili Campos refleja un choque frontal entre un abogado andorrano y el sistema judicial del Principado. Campos denuncia corrupción, opacidad y desviación de poder, y ha impugnado las elecciones de 2023 por supuestas irregularidades en la custodia del voto judicial. También acusa a magistrados de haber desviado sus honorarios profesionales, mientras el Consejo Superior de la Justicia lo señala por presionar a la judicatura. Ante ello, ha llevado sus denuncias a instancias internacionales como el GRECO.

TikTok ha llevado ante la justicia irlandesa las sanciones impuestas por la DPC después de que se concluyera que transfirió datos de usuarios europeos a China sin garantías suficientes. La empresa pide suspender temporalmente las multas y las órdenes de bloqueo mientras se resuelve su apelación, alegando un perjuicio económico grave. La DPC, por su parte, sostiene que la prioridad es proteger la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

The Spanish Bishops’ Conference has acknowledged around 1,000 clergy accused of sexual abuse after receiving a new investigation from EL PAÍS. The latest report documents thousands of victims and hundreds of alleged abusers, highlighting a major gap between the Church’s official figures and independently gathered data. Church leaders have not confirmed new investigations, relying instead on internal channels, which has intensified concerns over transparency, accountability, and communication with victims.

Este episodio examina la polémica por el uso de cámaras con inteligencia artificial en Andorra, las dudas legales que plantean y el debate sobre si vulneran derechos básicos. Un análisis crítico sobre privacidad, control social, supervisión institucional y los límites que debería tener la vigilancia automatizada.

Analizamos cómo la expansión de la vigilancia con inteligencia artificial puede chocar con los derechos fundamentales y cómo una posible reforma penal puede ampliar aún más el control institucional. Un episodio sobre tecnología, poder, privacidad y los riesgos de normalizar medidas excepcionales en nombre de la seguridad.