Han pasado cuarenta años desde que Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz ?militantes del FRAP?, y Jon Paredes, Txiki,y Ángel Otaegui ?de ETA?, fueron fusilados la madrugada del 27 de septiembre de 1975 en el postrer intento del régimen por prolongar el franquismo sin Franco. Para unos, estos jóvenes de poco más de veinte años fueron luchadores antifranquistas que dieron su vida por la libertad; para otros, simples terroristas que pagaron con ella las que antes habían arrebatado. Cometieran o no los delitos por los que fueron condenados, lo cierto es que fueron víctimas de un simulacro de justicia que los sentenció antes de juzgarlos. Las pruebas incriminatorias se obtuvieron mediante torturas o se manipularon burdamente y se les privó de las mínimas garantías de defensa. Si la pena de muerte es despreciable en sí misma, más aún lo es cuando en torno a ella se oficia una mascarada que intenta dotarla de legitimidad.