Poder & Mercado

¿Puede la dolarización ser una alternativa al programa del FMI para Bolivia? En esta entrevista con Correo del Sur, Mauricio Ríos García explica por qué ambas opciones no necesariamente son excluyentes y cómo la dolarización podría facilitar el cumplimiento de los objetivos de estabilización planteados por el FMI.

Se abordan los efectos de la dolarización sobre la inflación, el sistema bancario y financiero, el crédito, las tasas de interés, el déficit fiscal y la confianza de los ciudadanos y los inversionistas.

También se plantea una propuesta concreta de transición hacia una economía dolarizada y el papel que tendría la eliminación del encaje legal y de la política monetaria discrecional. Una conversación sobre la crisis económica boliviana, la pérdida de valor del boliviano y las alternativas para recuperar la estabilidad y la confianza.

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Bolivia se encuentra hoy ante una disyuntiva cada vez más clara: recurrir a un programa con el FMI o avanzar hacia la dolarización. Porque, al final, ¿qué valor tiene el diseño de una política económica impecable si no existe la capacidad política para ejecutarla? El gobierno de Rodrigo Paz ha puesto al descubierto los términos del acuerdo técnico alcanzado con el FMI, que contempla un ajuste fiscal de nada menos que 8,5% del PIB durante los próximos tres años. Sobre el papel, el programa contiene buena parte de las medidas necesarias para estabilizar la economía boliviana. El problema es que la realidad política amenaza con hacer imposible su aplicación.

Un Poder Ejecutivo dividido, cuyos integrantes ya exhiben sus diferencias públicamente; un ministro de Economía que enfrenta contradicciones cada vez más difíciles de ocultar; y un Parlamento atrapado en la confrontación y el espectáculo político hacen que sostener una estrategia de disciplina fiscal durante 36 meses parezca, cuando menos, poco realista. La cuestión, entonces, no es si el programa del FMI está bien diseñado en términos técnicos, sino si existe un gobierno capaz de llevarlo adelante.

Ese es precisamente el punto que debemos analizar: por qué el programa puede ser prácticamente perfecto desde el punto de vista económico y, al mismo tiempo, resultar políticamente inviable; y por qué, bajo las condiciones actuales, la dolarización empieza a aparecer como la única alternativa capaz de imponer una restricción creíble y sostenible.

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El acuerdo con el FMI llega al revés que en Argentina: Milei hizo el ajuste fiscal de entrada y el Fondo consolidó después; en Bolivia se esperó cerca de diez meses a que el organismo dicte el plan. El economista duda de que Rodrigo Paz pueda cumplir siquiera el memo inicial: no hay unidad de gabinete, ni narrativa, ni apoyo del PDC en la Asamblea, y el calendario político (fin del estado de excepción, exigencias de la Asamblea de la Cruceñidad) choca con lo que pide el Fondo. Reducir el déficit del 9,5% al 3,5% del PIB exige más que medidas técnicas; exige capacidad política que este gobierno no tiene. Mientras se evade explicar a la gente que el auge del MAS era insostenible, se prolonga la agonía: más devaluación, más escasez y menos margen para un shock que, cuanto más se retrase, más doloroso será.

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El memorando del FMI con el gobierno de Rodrigo Paz en #Bolivia refuerza con evidencia concreta, no solo intuición, que un ajuste de 8,5% del PIB en tres años exige una coordinación fiscal, política y administrativa sostenida que este gobierno ha demostrado, semana tras semana, que no tiene —el mismo patrón de "compromiso sin ejecución" que con Irán y el Doral, aplicado ahora a la reforma económica más exigente que Bolivia ha firmado en años—. Un vicepresidente enfrentado a gritos con el Ejército, un ministro de Economía que negaba públicamente lo que el propio memorando confirma, una Asamblea absorbida en interpelaciones en vez de legislar la reforma tributaria comprometida. Este es exactamente el aparato que debe ejecutar 8,5 puntos del PIB de ajuste, y no es creíble ni consistente.

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El gobierno de Rodrigo Paz sigue sin plan económico, y para colmo, acude al FMI, pero dilata el acuerdo en el Legislativo. Ante tanta improvisación e incertidumbre, la #dolarización es el camino.

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El impacto que la #dolarización tendría en Boivia, si acaso no fuera suficiente, sería mucho mayor que el control de la inflación y el retorno de la confianza en el sistema bancario y financiero, sino que forzaría la institucionalidad en el país.

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En los casi 10 meses que Paz lleva gobernando me han dicho que no hay que criticarlo "porque será motivo para que vuelvan 'los otros'". Primero, nunca se fueron. Y segundo, si vuelven, no será por las críticas a Rodrigo, sino por la ineptitud que admite y por la que pide disculpas.

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Se consolida en Bolivia el PGE 2026 del statu quo, el presupuesto de Arce Catacora con un inmanejable 9,2% de déficit fiscal.

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Que el gobierno de Paz pretenda legalizar los “chutos” ya es el colmo. Durante la campaña sonaba casi anecdótico, pero ahora el problema revela una magnitud tremenda y muchas aristas.

Evidentemente, esto se conecta de forma directa con la devaluación, la crisis energética y el déficit fiscal.

Primero, el incremento en la demanda de gasolina resulta doblemente crítico en el contexto actual, siendo que Bolivia ya es importador neto de combustible y subsidia esa gasolina. Más autos legalizados significan más presión sobre el subsidio y sobre las reservas, justo cuando el país menos puede permitírselo.

Luego, como política fiscal, es una medida que genera ingreso por única vez, pero incrementa el gasto estructural en subsidios de forma permanente. Abarca más de 500.000 vehículos indocumentados —según el diputado Seas, de Libre, autor del proyecto—, con ingresos estimados en hasta $6.000 millones. Es una cifra casi diez veces superior a las reservas internacionales líquidas actuales ($671 millones), lo que explica la gran tentación fiscal del gobierno en plena crisis de escasez de dólares.

Pero es una tentación perversa: se trata de la “legalización de lo ilegal”. La Fiscalía admitió una denuncia penal contra Morales, Argollo y Salazar por los 50 días de bloqueo, ¿pero premia a quienes ingresaron vehículos indocumentados de manera irregular al país? Una contradicción más entre las miles que se acumulan en los interminables ocho meses que Paz lleva en el poder.

Y la magnitud de la ilegalidad es mucho mayor si se toma en cuenta que, como es bien sabido, muchos de esos vehículos no solo entran al país ilegalmente, sino que además llegan mediante el intercambio con el narcotráfico, pues son parte de la economía de trueque del contrabando y la droga. Nacionalizarlos equivale pues a que el Estado ratifique y monetice toda una cadena económica ilícita.

Por si fuera poco, el gobierno, vía Espinoza, condiciona su respaldo a que no se nacionalice nada “que provenga de lo ilegal o de hechos ilícitos” — excluyendo formalmente vehículos robados o vinculados a delitos, pero la distinción es prácticamente inaplicable en la realidad. Un vehículo “chuto” internado por redes de contrabando desde la frontera con Chile ya es producto de una cadena delincuencial, aunque no tenga una denuncia de robo específica registrada. La cláusula de exclusión es cosmética — permite al gobierno afirmar que “no legaliza lo ilegal” mientras hace exactamente eso.

En el fondo, todo esto ilustra cómo la improvisación y la desesperación por huir hacia adelante, en vez de asumir responsabilidades y plantar cara a los problemas, hacen que una medida fiscal de corto plazo se presente como solución pragmática cuando en realidad profundiza simultáneamente las tres enormes dimensiones de la crisis estructural: erosión institucional, refuerzo de la economía ilícita y presión sobre la posición energética y cambiaria. Todo en una sola política.

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Mauricio Ríos García expone con Oscar Ortiz los ejes centrales de su ensayo, publicado en Ideas & Debates, en el que plantea la importancia de reconstruir Bolivia sobre los principios de la libertad, la propiedad privada y el Estado de derecho. Argumenta que las medidas económicas, por sí solas, no son suficientes, sino que deben complementarse con profundas reformas institucionales que aseguren estabilidad, fortalezcan la libertad, la democracia y promuevan un desarrollo sostenible.