La Constitución española no asume expresamente la categoría de la relación de sujeción especial, pero, en determinados preceptos, limita el ejercicio de ciertos derechos fundamentales a colectivos de personas en virtud de una finalidad o de la función pública que desempeñan. Es el caso de los presos, los funcionarios, los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad y los jueces, fiscales y magistrados. Juan Luis de Diego Arias, profesor de Derecho Político en la UNED.