Hace unos meses se cumplieron tres años de la promulgación Ley 27.499, más conocida como la “Ley Micaela”, que establece la obligatoria capacitación en perspectiva de género a todos los agentes del estado, en los tres estamentos: poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Sin embargo, a pesar de la amplia adherencia, “no está habiendo una implementación de manera efectiva para obtener los resultados concretos”, indicó la abogada especialista en género y asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Florencia González a FM 89.3 Santa María de las Misiones.