La integrante de la Red de Personas con Discpacidad REDI y exdiputada nacional, Gabriela Troiano, denunció públicamente los retrocesos en materia de derechos para las personas con discapacidad impulsados por el actual gobierno nacional. En declaraciones en YDRLN, advirtió que normativas como el decreto 187/2024 reinstalan expresiones obsoletas y ofensivas como “débil mental”, y reemplazan el enfoque de derechos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) por criterios médicos de la CIE, lo que implica recortes en beneficios y prestaciones.
Troiano señaló que las modificaciones impuestas, como las auditorías exprés para pensiones no contributivas, están “diseñadas para excluir”, afectando directamente la calidad de vida de quienes dependen de apoyos del Estado. “Una pensión puede ser la diferencia entre caminar o escribir, entre vivir con autonomía o en el abandono”, afirmó.
Por eso desde la organización promueven el tratamiento del proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción, presentado por el diputado nacional Daniel Arroyo, y reclamó la participación de las personas que tienen alguna discapacidad, como forma de promover el respeto por los derechos.
Troiano también cuestionó a nivel nacional, la falta de accesibilidad en leyes vinculadas a salud sexual y reproductiva, como la de parto respetado, al denunciar que no contemplan necesidades específicas de mujeres sordas o ciegas. “Sin accesibilidad comunicacional no hay derechos garantizados”, subrayó.
Si bien celebró avances como la compatibilidad entre pensión por discapacidad y empleo registrado –lograda mediante el decreto 566/2023–, alertó sobre una tendencia general de desregulación que pone en riesgo el acceso equitativo a prestaciones de salud y apoyos esenciales. “El Estado está convirtiendo la discriminación en política pública”, advirtió.
Desde REDI, Troiano informó que se han elevado denuncias ante organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país.